Entrevista in extenso para "La Grieta" blog cultural y político de la juventud española (27 de julio 2016)

La corrupción = dominación social + impunidad - voz ciudadana: Irma Eréndira Sandoval

Según las últimas encuestas del CIS (Centro de Investigaciones sociológicas), los españoles consideran que la corrupción es el segundo problema más grave del país, solo por detrás del paro. Y no es de extrañar. Las imágenes de políticos, empresarios y miembros de otras instituciones del Estado entrando precipitadamente en los juzgados rodeados de una nube de periodistas se ha vuelto común en los últimos tiempos. El mal parece endémico. En lo que vamos de democracia, la corrupción política le ha costado a las arcas públicas millones de euros (las estimaciones van desde los 7.500 milloneshasta los 87.000 millones) y cada vez queda más claro que sus tentáculos se extienden sin límites. Frente a esta situación, la crítica ha girado alrededor de las clásicas consideraciones acerca de la ética en el ejercicio de los cargos públicos. Desde esta perspectiva, se asume que la corrupción se reduce al comportamiento desviado de algunas manzanas podridas, responsables de los casos de amaños de contratos, el enriquecimiento ilícito o el nepotismo que vemos desfilar por los medios de comunicación. Sin embargo, estos planteamientos pueden esconder la profundidad del fenómeno de la corrupción.

Para la doctora Irma Eréndira Sandoval, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la corrupción tiene más que ver con una cuestión de dominación estructural. Su concepto de la corrupción estructural es particularmente útil para analizar la manera en que las instituciones y los intereses públicos se han visto afectados por el auge del sector privado asociado a las últimas décadas de concierto neoliberal. La doctora Sandoval nos propone abordar la corrupción como un fenómeno intrínsecamente ligado a la noción de poder: «La corrupción es una forma de dominación política que implica una impunidad estructural (especialmente en el caso del sector privado) y un desempoderamiento de la sociedad». Es por ello que la lucha anticorrupción es antes que nada un replanteamiento del poder de la ciudadanía: «Para acabar con ella se necesitan unas dosis significativas de democracia» [1]. Nos reunimos con la doctora para comprender las claves de su trabajo teórico e intentar realizar un diagnóstico de nuestra propia realidad nacional.

Teoría de la corrupción estructural

Por regla general, cuando se habla de corrupción, esta se reduce al pago de sobornos o la extorsión que ocurre en los niveles inferiores de la Administración pública. Usted defiende que esta perspectiva es demasiado simplista y no nos permite comprender la naturaleza y la profundidad de este fenómeno. ¿Cómo aborda usted el fenómeno de la corrupción en su trabajo de investigación?

La corrupción es una forma específica de dominación que tiene que ver con un diferencial de poder estructural. Precisamente, se trata de la forma de dominación que está imprimiendo su huella en el mundo contemporáneo. Como tú comentas, muchas veces solo alcanzamos a ver sus manifestaciones superficiales. Sin embargo, lo central de la corrupción es este diferencial de poder, sumado a una impunidad generalizada y a la ausencia de una voz ciudadana que sirva de contrapoder. Esos son los tres elementos centrales en mi teoría de la corrupción estructural.

Si la corrupción tiene que ver con una relación de dominación, entonces no tendría sentido reducirla a algo que ocurre exclusivamente en el sector público, como pretende la teoría neoliberal. También puede afectar al sector privado.

Por supuesto. Ese es otro de los elementos centrales en mi teoría de la corrupción. La corrupción no es solo publica, también contamina al sector privado. Durante mucho tiempo se han analizado las prácticas abusivas que típicamente emergen del sector privado como si se tratara de disfunciones o distorsiones de la impoluta maquinaria de los mercados.Esto es engañoso. Estas prácticas abusivas son un elemento central de su funcionamiento. Las recientes filtraciones masivas de datos, con el caso de los papeles de Panamá o Wikileaks, han demostrado que los actores privados, y en particular los actores del mundo de las finanzas, ocupan un lugar central en la articulación de la corrupción estructural.

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[1] ^ Sandoval Ballesteros Irma Eréndira, (2013). From institutional to structural corruption: Rethinking corruption in a world of public-private partnerships. Edmond J. Safra Research Lab Working Papers, No. 33 Harvard University. December 20, 2013 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2370576

Buscando "3 de 3" pies al gato (La Jornada, 21 de mayo 2016)

Buscando “3 de 3” pies al gato

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros*

La iniciativa “3 de 3” se parece al Teletón. Utiliza una causa perfectamente legítima, la atención a los discapacitados o el combate a la corrupción, para fines políticos y empresariales. En lugar de atacar de raíz los problemas estructurales que están destruyendo la nación, este tipo de iniciativas son salidas falsas que ofrece a los ciudadanos el desahogo o de donar unos pesos o de firmar una hoja, sin realmente permitir que la sociedad se movilice a favor de un cambio de fondo en la política nacional.

No nos hagamos tontos, quien realmente está frenando la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la tan traída y llevada “Ley 3 de 3” no es ni el Senado de la Republica, ni los partidos, sino el verdadero dueño del negocio de la política: Televisa y sus aliados estratégicos. El Senado ha frenado la aprobación del SNA porque los mismos patrocinadores de la iniciativa “ciudadana”así se lo han ordenado. A Televisa, al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y a sus organizaciones no-gubernamentales aliadas, como el IMCO, no les conviene que se apruebe un Sistema Anticorrupción verdaderamente robusto. Para ellos la corrupción debe ser reducida, ubicada y concentrada exclusivamente dentro de las instituciones públicas y gubernamentales. Jamás reconocerán al sector privado como la fuente primigenia de la corrupción, ni siquiera se muestran dispuestos a señalar la activa complicidad y fomento de las elites empresariales y el sector privado en el saqueo del presupuesto público.

El mismo asesor jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, ha argumentado de forma cínica que es “un sinsentido” que “todas las empresas del sector de comunicaciones estén sujetas a la ley 3 de 3” tan sólo por el simple hecho de recibir “ingresos del gobierno por alguna venta”. El vocero de la televisora se dice traicionado ya que reconoce que si bien “el motor” para conseguir las firmas que respaldan esa iniciativa fueron las empresas afiliadas de forma corporativa al CCE y el CMHN, hoy “el empresariado acabó siendo víctima de su propia iniciativa”. Para los oligarcas de este país, la corrupción es, y sólo puede ser, un fenómeno que emerge de las instituciones públicas.

Tal posición es hoy insostenible después de los escándalos que involucran tanto al Grupo HIGA como a Televisa en ominosos episodios de lavado de dinero y transferencia multimillonarias de fondos a paraísos fiscales. También habría que recordarle a Tejado Dondé que Televisa no sólo realiza “alguna venta” al gobierno sino que cada año vende miles de millones de pesos en publicidad. La organización Fundar lo sabe, ellos han documentado que Enrique Peña Nieto gastó más de 14 mil millones de pesos en publicidad solamente durante los primeros dos años de su gobierno, y para el gasto de estos millones Televisa ha sido contratista favorito.

Mientras que con gran histrionismo los voceros de la iniciativa “3 de 3” vociferan indignados desde las pantallas de Televisa, contra el inmovilismo de los políticos; nunca se atreven a exigir su “3 de 3” a ningún funcionario corporativo de los medios de comunicación o inversionista de Asociaciones Público Privadas, ni siquiera se atreven ellos mismos a predicar con el ejemplo. Se trata de un espectáculo mediático diseñado para distraer la atención de los verdaderos enemigos de la rendición de cuentas y de paso desprestigiar la vía de la acción social y política de izquierda para la resolución de nuestros problemas que ha planteado el nuevo partido Morena.

La simulación gubernamental y de algunos sectores de la autodenominada “sociedad civil” quedó particularmente exhibida en la reciente cumbre de combate a la corrupción celebrada en Londres. Tanto Virgilio Andrade como Juan Pardinas se paseaban con donaire entre los miembros elite de la corruptología internacional presumiendo sus grandes logros e iniciativas, mientras en México nos hundimos cada día más bajo una montaña de mentiras y simulaciones. 

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Conferencia Magistral en el Primer Foro Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado de la República. 24 de Febrero, 2016.

Comparto video con mi intervención en el PRIMER FORO NACIONAL del SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN en el Recinto de la Comisión Permanente del Senado de la República. 24 de Febrero, 2016. Participé en la Mesa sobre la “Ley General de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción” Favor de difunfir.

"En el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia hemos sido muy críticos del proyecto de decreto de la Reforma Constitucional en materia anticorrupción recientemente aprobada por ustedes señores senadores en este poder, quiero exponer brevemente algunas de las razones y hacer algunas sugerencias que en la leyes secundarias, destacadamente la Ley Gral de Responasbilidades Adminstrativas y Combate a la Corrupción pienso podrían subsanarse en la medida de las posibilidades. 

En primer lugar, como sabemos cualquier reforma constitucional puede quedarse vacía de contenidos y en eso México se pinta solo, la reforma constitucional y la creación del SNA no analiza las verdaderas causas y características de la corrupción en México. 

La corrupción florece gracias al ejercicio, sin límites democráticos ni jurídicos, de los poderes formales y fácticos; a la debilidad de las instituciones que tendrían que controlar ese poder, y a la insuficiencia o en nuestro caso inexistencia de mecanismos de participación ciudadana que le permitan a la sociedad vigilar y controlar esos poderes formales y fácticos.

La reforma constitucional tiene una naturaleza híbrida ya que ni corresponde a un verdadero Tribunal de Cuentas a la manera de los regímenes de la Unión Europea con instituciones autónomas fuertes y centralizadas, ni responde al modelo sudamericano que hemos visto florecer y tener éxitos en Sudamerica destacadamente en Ecuador que empodera de forma radical a la ciudadanía en el combate a la corrupción..."

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Cápsula de Presentación del libro "Interés público, asociaciones público-privadas y poderes fácticos", 14 de octubre de 2015 Casa de las Humanidades de la UNAM.

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Priísmo opaco y "de lento aprendizaje" (SinEmbargo.Mx, 16 Marzo, 2015)

El régimen busca imponer su proyecto desnacionalizador y depredador a golpe de torpezas. Creyeron que una vez “lograda” la privatización del petróleo, la aprobación de la Ley General de Aguas sería un mero trámite y ya vieron que no resultó así. De hecho ha ocurrido exactamente lo contrario. Debido a que el agua es vista por todos los ciudadanos como el origen del derecho a la vida, para los movimientos sociales de lucha y de resistencia en el país, este vital elemento ha resultado ser un combustible más poderoso que el propio petróleo. El intento del régimen por arrebatarnos el agua levantará y unirá a la sociedad más rápidamente que las otras embestidas neoliberales. Constituye ya un gran triunfo para la sociedad y el pueblo de México el que a pesar de su inicial aprobación en las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados el pasado 4 de marzo, hoy la retrógrada Ley General de Aguas haya tenido que ser enviada a la congeladora.

Ello es lo que probablemente tenga tan enojado al diputado Manlio Fabio Beltrones quien ha descalificado como “de lento aprendizaje” a aquellos que han denunciado los objetivos privatizadores de la iniciativa. Y su enojo no es para menos, sin la aprobación de la Ley de Aguas, la reforma energética en su conjunto se encuentra en riesgo. Entre los objetivos centrales de la antipatriótica y anticonstitucional reforma energética destaca en primer lugar la legalización del ominoso “fracking” en nuestro territorio. Esta técnica depredadora de los ecosistemas, que por cierto ya se encuentra prohibida en vastas áreas de los Estados Unidos, no puede ejecutarse sin el derroche y contaminación extrema del agua. Así la reforma energética no cuenta con ningún viso de arranque sin la privatización del agua y la subordinación a las corporaciones internacionales de todos y cada uno de los procesos técnicos, financieros y de gestión para la exploración, distribución y almacenaje de las aguas nacionales.

Beltrones insiste en que la propuesta no es privatizadora, pero su iniciativa de Ley en sus artículos 80 y 81 señala que el llamado sector social y privado podrán participar a través de concesiones en los procesos de extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, almacenamiento, medición y facturación y cobro de tarifas de nuestro vital líquido. Aún más el artículo 129 permite la participación de particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal. En algo tiene razón sin embargo el señor Beltrones, esto no es una privatización clásica, es algo aún peor, es un verdadero oxímoron: una público-privatización que busca transferir los riesgos económicos desde el mercado al Estado, mientras que importa el conocimiento y la experiencia técnica desde el sector público al sector privado. Como sabemos es completamente falsa aquella idea de que las empresas con desempeños pobres salgan automáticamente del mercado. La teoría y práctica del demasiado grande para fallar, ha hecho evidente que las empresas y corporaciones con desempeños pobres y deshonestos pueden incluso recibir más dinero y apoyo para afrontar sus carencias técnicas y morales. Con la expansión del modelo representado por la público-privatización la tendencia a la intervención y el empleo de rescates estatales se institucionalizará en la vida social del país dejando tras de sí una gran estela de corrupción.

La Ley General de Aguas propuesta por el PRI es muy clara, se podrán otorgar concesiones totales o parciales por hasta 30 años o más, se eliminarán los subsidios a las familias y estados más empobrecidos y se favorecerán los intereses de los grupos de colusión empresarial. Esta Ley General de Aguas se inserta en la agenda política de la expropiación, la privatización y endeudamiento público espurio impulsada de forma significativa con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP) de Felipe Calderón. Hoy con las aguas nacionales se busca exactamente lo mismo: la absorción privada y el control total de la gran variedad de servicios públicos y procesos técnicos ya existentes alrededor de nuestro vital líquido para que las corporaciones privadas decidan, dispongan y establezcan nuevos proyectos de infraestructura en función de sus intereses privados y de lucro que paradójicamente se financiarán con dinero del sector público.

Bajo el neoliberalismo depredador actual, funciones y responsabilidades “públicas” de la máxima importancia para el desarrollo económico y social han sido transferidas a corporaciones privadas, contratistas independientes y entidades “reguladoras” que con gran velocidad buscan sustituir al Estado con el argumento de la sinergia público-privada. Ello sin embargo representa riesgos enormes para la transparencia y la rendición de cuentas. La falsa idea de la supuesta colaboración entre el sector “público” y “privado” tradicionalmente ha creado un nicho de impunidad y opacidad en beneficio de las corporaciones quienes se niegan a transparentar sus negociaciones, revelar detalles de sus operaciones o incluso dar a conocer los contratos sobre los cuales se desarrollan dichas tareas públicas.

No olvidemos que ya por ejemplo, el nuevo dictamen de la Ley de Transparencia propuesto por el gobierno de Peña Nieto contraviene en el artículo 113 el principio de “máxima publicidad” que además está constitucionalizado. Asimismo en su artículo 83 la propuesta de Peña proponía la reserva o confidencialidad de todos los contratos de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo, y asimismo anulaba la obligación de publicitar las bases, reglas, ingresos, costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos de estos mismos contratos y otros que pudieran ser “comercialmente sensibles”.

El motivo real de la opacidad que se regala al sector privado particularmente a partir del diseño normativo de la “reforma energética” y hoy a través de la “Ley General de Aguas”, que como ya hemos señalado no sería sino un utensilio para avanzar la primera... Para continuar leyendo oprima aquí

Elucubraciones Tecnocráticas (Sin Embargo.Mx, 6 de Febrero 2015)

El despropósito simulador de las ocho medidas anticorrupción que Enrique Peña Nieto anunciara el pasado martes 3 de febrero es otro ejemplo de las “elucubraciones tecnocráticas” que han caracterizado a los políticos corruptos enquistados en el poder durante las últimas décadas. Esas propuestas no son técnicas, democráticas, ni genuinas. Con ellas simplemente busca ganar tiempo, intentando tapar el hoyo negro de las desapariciones forzadas en que el país se sumerge día a día, al tiempo que busca jalar reflectores con una nueva treta mediática para seguir en su estrategia de represión y olvido a los verdaderos problemas de impunidad, criminalidad y narco-colusión que caracterizan hoy a su gobierno.

Después de 26 meses de ignorar por completo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y transcurridos ya casi tres meses del estallido de los mansión-escándalos suyos, de su mujer y de su secretario de Hacienda, Peña Nieto recuerda que la función principal de los organismos de control presupuestal en la época del neoliberalismo ha sido fungir como encubridores y lavadores de fraudes.

Aunque en realidad el señor Peña no precisa de un “zar anticorrupción” que lo exoneré de forma expedita como evidentemente será el rol político a desempeñar por el señor Virgilio Andrade. No lo necesita, porque en el mismo discurso, acartonado y poco fluido –como quien repite palabras que no entiende- con el que anunció sus medidas, Peña Nieto se auto-exoneró de un plumazo: “el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones… y no obstante lo anteriorsoy consciente de que los señalamientos realizados (sic) generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad nunca ocurrió”. De la manufactura de la “verdad histórica” de Ayotzinapa asistimos a la “verdad histórica” de la probidad gubernamental.

De lo que no es “consciente” el señor presidente es que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, él está a la cabeza de Administración Pública Centralizada. Por ello para el ejercicio legal de sus atribuciones todos los funcionarios públicos que participan en esos “contratos otorgados”, esas “compras y obras adjudicadas”, y todo tipo de “comités de adquisiciones” son sus subordinados directos en tanto que miembros del Poder Ejecutivo que él supuestamente encabeza. Así que tanto el titular del ejecutivo como sus subordinados se encuentran igualmente sujetos al régimen de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y deben responder por sus faltas, violaciones y abusos.

De forma chusca se permitió darnos “cátedra” sobre los tres tipos de “conflictos de interés” que “la doctrina” reconoce y que en una burda y ramplona simplificación Peña Nieto divide en “reales”, “potenciales” y “aparentes”; bien pudo haber dicho también “malos”, “buenos” y “feos”. Peña Nieto fue concluyente en que el principal objetivo de sus falaces y burocráticas medidas no será limpiar el gobierno sino solamente combatir los feos conflictos de interés “aparentes”. Ello es quizás el único elemento de congruencia de su fallida política anticorrupción, ser fiel a la estrategia que le ha resultado ser altamente lucrativa: la manufactura de apariencias y percepciones.

Peña Nieto anunció con bombo y platillo que “a partir de mayo de 2015, será obligación de los servidores públicos federales presentar una Declaración de Posibles Conflictos de Interés”. Ello evidentemente no resolverá absolutamente nada. Si realmente quisieran resolver de raíz el problema lo se debe hacer es prohibir de manera explícita y tajante en la ley que cualquier funcionario público, legislador o juez tenga relación personal, profesional o de negocios con cualquier interés que pueda ser afectado por sus decisiones. Es decir, un verdadero marco jurídico en materia de conflicto de intereses imposibilitaría que un dueño de gasolineras fuera Secretario de Energía, como ocurre hoy, que un compadre de empresarios constructores ocupe la Secretaria de Hacienda, como ocurre hoy, o que el esposo de una millonaria actriz de Televisa sea Presidente de la República, como ocurre hoy.

México merece un gobierno encabezado por ciudadanos limpios cuyo único interés sea el bienestar de la patria, no seguir siendo regidos por vividores cuyo único propósito es lucrar con el poder. De nada nos sirve solamente conocer los conflictos de interés con el fin de reducir la “percepción” de la corrupción en el gobierno. Los tiempos modernos exigen acabar de raíz con la entrega de nuestras instituciones públicas a los peores intereses anti-nacionales.

La ocurrencia de llamar “acciones ejecutivas” a sus elucubraciones tecnocráticas y puntadas burocráticas surge de un reprobable complejo de inferioridad con respecto a Estados Unidos así como de un total desconocimiento del sistema jurídico mexicano. Intentando imitar las “acciones ejecutivas” de Barack Obama en los casos de Cuba y la reforma migratoria, el señor Peña Nieto también quiere las suyas. Habría que recordarle al mandatario mexicano que de acuerdo a nuestro sistema político, aquí absolutamente todos los actos de la Administración Pública Federal son precisamente acciones “ejecutivas”.

Otra falsedad que el presidente declaró de forma irresponsable en su conferencia de recaudación de aplausos fue que “en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad posibles conflictos de interés”. Y Videgaray llegó definitivamente más lejos que su jefe con respecto al cinismo ensoberbecido de impunidad que encierra su declaración de que “si la ley dijera que tenemos que hacer declaraciones de conflicto de interés como en Gran Bretaña, yo hubiera declarado que tenía esta casa adquirida con un crédito con esta empresa Higa” (Milenio, 3 febrero 2015).

El problema no es una falta de precisión en las leyes mexicanas sino una falta de vergüenza de parte de los funcionarios públicos priistas. En México contamos con un sofisticado entramado de obligaciones legales y marcos normativos que regulan y sancionan los conflictos de interés. El Código Penal cuenta desde ya con una amplia gama de delitos para los empleados públicos, tales como “abuso de autoridad”, “tráfico de influencias”, “ejercicio abusivo de funciones”, “cohecho”, “peculado” y ..... para seguir leyendo oprima a aquí

Ce que le mouvement des disparus d’Ayotzinapa nous dit de la corruption structurelle au Mexique (Mémoire des Luttes, 26 Dic, 2014)

Une des principales victoires du mouvement d’Ayotzinapa est d’avoir démontré que la corruption est un phénomène structurel lié à la fois à un système politique qui va à l’encontre de la volonté populaire et à un système économique injuste basé sur le profit et la destruction de la vie sociale. Le 20e rapport annuel de l’ONG allemande Transparency International consacré au niveau de corruption des Etats attribue une note de 35 sur 100 au Mexique, plaçant le pays au 103è rang sur 175 de son classement. Le Mexique partage ainsi cette place avec la Bolivie, la Moldavie et le Niger. Le problème de la corruption ne se résoudra pas par de simples « changements de cabinet » comme l’a clairement signalé Omar García, rescapé du massacre du 26 septembre d’Iguala et dirigeant naturel indiscuté du mouvement des étudiants des écoles normales rurales salué aujourd’hui au niveau international pour son courage et sa clarté politique.

Sous le régime de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), le Mexique s’est inséré à la globalisation néolibérale, mais est également devenu une usine à fabriquer des pauvres. Ce pays, qui pourrait dans d’autres conditions s’affirmer comme une puissance économique latino-américaine, reste l’un des plus inégaux de la planète. Il compte d’un côté l’un des hommes les plus riches du monde, Carlos Slim, et de l’autre 65 millions de personnes qui survivent avec moins de un dollar par jour. Les diverses manifestations et protestations qui ont lieu jour après jour dans le pays et dans le monde entier contre le régime néolibéral du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, centre) tendent précisément à dénoncer cette situation. Les Mexicains en ont assez de la corruption, de l’exclusion, des fraudes électorales et de la militarisation.

Les slogans en faveur de la justice et qui exigent que tout soit fait pour retrouver les corps des 43 étudiants dont la disparition a été causée par l’Etat incarnent aujourd’hui un cri assourdissant contre le piétinement de la démocratie, la répression, la militarisation, l’impunité, la privatisation et la collusion du pouvoir politique, des monopoles privés et des médias.

A ce jour, selon l’étude de l’organisation Latinobarómetro, seuls 21% des Mexicains se considèrent « satisfaits par le fonctionnement de la démocratie », ce qui place le pays à l’avant-dernière place en Amérique Latine, devant le Honduras, autre pays douloureusement affecté par la guerre et la militarisation. Le Mexique est également le pays latino-américain qui compte le plus haut niveau de méfiance envers les partis politiques existants (45%), et la côte de popularité de Enrique Peña Nieto est en chute libre. Enfin, en matière de justice, la majorité des Mexicains se méfie des autorités, et quand ils sont victimes de délits et d’abus, ils ne perdent plus leur temps en allant porter plainte ou en saisissant les tribunaux. Seuls 6,2% des crimes commis dans le pays sont suivis d’enquêtes et un nombre encore plus infime donne lieu à des condamnations avec réparation pour les victimes ou a des sanctions.

Ces chiffres reflètent la claire décadence institutionnelle que vit le Mexique et une situation de corruption structurelle du système judiciaire, politique et économique. La crise humanitaire que traverse le pays ne s’explique pas seulement par une politique de sécurité et un système judiciaire « inefficaces » ou « non-efficients », mais avant tout par une faille structurelle quant à l’incapacité de l’Etat à rendre des comptes, incapacité renforcée par la prédominance des abus de pouvoir et du règne absolu de l’impunité à tous les niveaux. C’est pourquoi les Mexicains ne veulent pas de nouvelles réformes néolibérales, ni de nouveaux dirigeants politiques avec les mêmes méthodes d’abus, d’impunité et de corruption, de nouveaux pactes avec les mêmes politiciens qui méprisent toujours autant la Constitution nationale. Ce que recherche le mouvement d’Ayotzinapa, c’est de reconstruire les bases politiques et sociales du Mexique. Dans cette perspective, il exige la démission de Enrique Peña Nieto comme pré-condition minimale pour refonder l’Etat et établir, à partir de là, une meilleure relation entre ce dernier et la société.

Il est évident que Enrique Peña Nieto refuse d’assumer sa responsabili
té dans cette crise humanitaire puisqu’au lieu d’écouter la société, il retourne le couteau dans la plaie du peuple mexicain, imposant plus de contrôle, de centralisation politique et augmentant le niveau de militarisation de l’Etat de Guerrero. L’objectif ultime de Enrique Peña Nieto est de donner des garanties aux investisseurs étrangers et aux oligarques de la région qui exigent de la « stabilité » afin de poursuivre leur enrichissement sur le dos des communautés du sud en tirant profit des règles du jeu néolibéral. La cession de pans entiers du territoire national aux narcotrafiquants constitue le revers de la médaille de la distribution des réserves pétrolières aux multinationales rapaces.

Néanmoins, les étudiants et les pères de famille d’Ayotzinapa .... para continuar leyendo el texto de click aquí

Entrevista con Irma Eréndira Sandoval especialista de la UNAM y profesora visitante de Sciences Po. Paris (Radio Francia Internacional - Español VIERNES 28 NOVIEMBRE 2014)

Tras semanas de protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto anunció diez medidas para luchar contra el narcotráfico, la violencia y la corrupción. Sin embargo, las organizaciones de Derechos Humanos se muestran escépticas en cuanto a la eficiencia de estas medidas y a su real puesta en práctica. Entrevista en exclsuiva con: Nicomedes Fuentes, ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) e Irma Eréndira Sandoval, especialista en Corrupción y Transparencia del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora visitante de Sciences Po. Paris

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Mexico: Taking down 'The Teacher' - Inside Story Americas - Al Jazeera English

Mexico arrested Elba Esther Gordillo on suspicion of embezzling $200 million of union funds and using intermediaries to move money to bank accounts in Switzerland and Liechtenstein, then back to the United States, in order to buy property in San Diego and pay for works of art and plastic surgery.

Known as La Maestra or 'The Teacher', Gordillo headed the National Union of Education Workers or SNTE, which is estimated to have 1.5 million members.

It is a significant voting bloc in Mexico and with Gordillo's backing - it helped to swing a close presidential election in Felipe Calderon's favor in 2006.

Gordillo's arrest is a political move and has to do with a settlement of accounts more than with accountability


Mexico: Taking down 'The Teacher' - Inside Story Americas - Al Jazeera English

¨Walmart, corrupción y un nuevo Estado democrático¨ (sinembargo.mx, 9 de mayo, 2012)

El gran tema que rondó todas y cada una de las intervenciones de los candidatos presidenciales en el debate fue el de la corrupción, ya fuera como diagnóstico, como denuesto, como denuncia, o como promesa para combatirla. Ya sabemos que Walmart desembolsó 24 millones de dólares en sobornos y corruptelas para agilizar permisos de construcción en áreas no pocas veces reservadas a hospitales, escuelas, reservas ecológicas y hasta zonas arqueológicas.

Pero más que saber lo que Walmart pagó, hoy lo urgente es saber lo que esta empresa, y otras similares, no pagan. El tema de fondo son los miles de millones de pesos que esta trasnacional y muchos otros poderosos grupos, continuamente dejan de ingresar al fisco vía la evasión de impuestos, los regímenes preferenciales y la multiplicación de los llamados créditos fiscales. Es ahí donde junto a los fraudes y las tropelías de los actores privados, se anida la gran corrupción que tiene al país al borde del colapso. Durante el sexenio de Calderón, Walmart recibió más de 2 mil contrataciones gubernamentales, 200 nuevas concesiones, y tan sólo en 2011, 365 permisos para abrir nuevas sucursales, (abriendo una sucursal diaria: 365) ello demuestra que hoy por hoy el sistema económico en nuestro país funciona a partir de un continuo tráfico prácticas ilícitas, intereses empresariales y lobbies políticos que claramente anulan la competencia y el crecimiento. Los cálculos recientes han estimado que la corrupción involucrada en las licitaciones y ...

Artículo completo disponible en SINEMBARGO.MX http://www.sinembargo.mx/opinion/09-05-2012/6806

Mexico Politics: A Requiem for Public Control in Mexico (March 14th, 2012. Americas-Mexico Blog)

In the uphill climb that is combating transnational criminal organizations, Mexico faces the need to reform many of its institutions, from the penal system to the banking system, among others. But behind reforms and projects that are aimed at both the drug war and other problems in Mexico, there are political and economic interests jockeying for influence. This opinion piece by Mexico's leading expert on corruption, Irma Erendira Sandoval, outlines an important (and perhaps pernicious) development in how these reforms and projects will come to pass, with a special focus on the omnipotent presence of private business.

La Jornada: By Irma Eréndira Sandoval. "The ominous proposal of the Green Party to privatize jails and prisons has become part of the rentier and predatory logic of public services that has left the national economy in ruin over the last 30 years. The horrible daily reality that is lived in penitentiaries, which was cruelly manifested in the recent prison break and massacre in Apodaca, Nuevo León, isn’t a result of bad public stewardship. Rather, it is the fault of the federal and local governments that have abdicated the administration of these facilities and left them to the control of private actors and powerful factions. It demonstrates that private prisons tend to be more violent and corrupt than public ones and that they are operated with poorly trained personnel with low salaries and a high turnover rate. These factors lead to more abuses of the prisoners’ most basic human rights.

This type of “initiative” has found its utmost expression in the Law of Public-Private Associations (LAPP is its Spanish acronym), signed by Felipe Calderon on January 16th. This law is part of the neoliberal agenda that has governed the country through corrupt and inefficient privatizations— a type of governance that Carlos Salinas used in the 1990s to give power to his friends, monopolize markets, and destroy the competency and competitiveness of the economy. Today the LAPP demonstrates that, beyond any temporary election season disputes, the PRI and PAN have shared an agenda of national mismanagement.

The LAPP constitutes the absolute subordination of the public interest to the directives of financial intermediaries and means the institutionalization of debt, illegality and corruption. The reform establishes long-term contracts (up to 50 years or more) with private national and international companies that...

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Testigos sociales: ¿Quiénes son, qué hacen? (Entrevista 14 de Diciembre 2011, para la Agencia Latinoamericana de Información)

Se encargan de verificar que las licitaciones y contrataciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se realicen con transparencia, honradez e imparcialidad cuando arrienden, realicen obra pública o servicios, ya sea por licitación pública, invitación o adjudicación directa. A su participación están sujetos, además, todas las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal.

 

Son acreditados por la Secretaría de la Función Pública, SFP, a través de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, quien regula también su participación.

 

Hoy día se encuentran registradas cinco organizaciones y 34 personas físicas, pero, a pesar de que nos representan, ni usted ni yo los conocemos, y la forma de seleccionarlos “no es nada transparente”, coincide la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en entrevista con el diario La Razón.

 

Los testigos sociales, según su ramo, son asignados por la SFP, y –establece la ley– su pago será por hora debiéndolo cubrir la entidad gubernamental que lo solicite. Aquí comienza la farsa, han señalado especialistas como John Ackerman y la propia Irma Eréndira Sandoval, porque si es Función Pública de quien dependen y el organismo supervisado es el que paga, difícilmente podrán dar una opinión en contra de quienes los contrata.

 

Casos se han documentado donde, pese a la participación de los testigos, los licitantes perdedores impugnan el proceso por vicios en los procesos de contratación; además de que en la mayoría de sus “testimonios públicos de participación” los testigos nunca han reportado o denunciado hechos de corrupción.

 

Para la doctora Sandoval Ballesteros “Estructuralmente no están dadas las condiciones para que el programa de testigos sociales funcione como debiera ser… depende mucho del testigo, de quien está cumpliendo con la función, si representa verdaderamente a la sociedad o si tiene la posibilidad o la capacidad  de denunciar ante las autoridades competentes los datos ilícitos o de corrupción que se pudieran encontrar, así como las tendencias al favoritismo…”          

 

¿Cuánto cuesta el trabajo de los testigos sociales? Un documento de Transparencia Mexicana en internet (Pactos de integridad) señala que ellos cobran 5 mil pesos la hora y el cálculo de su “donativo” se hace en función de la bitácora de actividades. El pago total –asegura– sirve para cubrir los honorarios del testigo social y los administrativos del mismo organismo.

 

Para continuar con esta nota: http://www.alainet.org/active/51568&lang=es

Seminario: Información Pública y Poderes Fácticos

Programa

Miércoles 23 de Noviembre 2011

10:00 hrs.

Inauguración

Dra. Rosalba Casas, Directora Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

10:15 hrs.

Mesa I: Poderes Fácticos, Lavado de Dinero y Transparencia

Dra. Irma Eréndira Sandoval, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Sen. Pablo Gómez, Senador de la Ciudad de México

Dra. Perla Gómez Gallardo, Univ. Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa

Dip. Mario di Costanzo, Diputado Federal LXI Legislatura

Modera: Dra. Silvia Inclán, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

12:00 hrs.

Mesa II: Opacidad Financiera y Empresarial

Dr. Edgardo Buscaglia, Instituto Tecnológico Autónomo de México

Dra. Eugenia Correa, Posgrado Facultad de Economía, UNAM

Dr. Wesley Marshall, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

Mtro. Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana

Modera: Dr. Marcos Cueva Perus, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Jueves 24 de Noviembre 2011

10:00 hrs.

Mesa III: Ley de Asociaciones Público-Privadas

Dip. Laura Itzel Castillo, Diputada Federal, LXI Legislatura

Dra. Asa Cristina Laurell, Centro d Análisis y Estudios de la Seg. Social

Mtro. Joel Herrera, Univesidad Autónoma de la Ciudad de México 

Dr. Jorge Witker, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM

Modera: Dr. Ricardo Pozas Horcasitas, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

12:00 hrs.

Mesa IV: Interés y Dinero Público vs. Rentas Privadas

Mtra. Purificación Carpinteyro, Ex Subsecretaria de Comunicaciones
Dra. Florence Toussaint, Fac. Ciencias Polìticas y Sociales-UNAM

Mtro. Miguel Pulido, Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Dr. Francisco Ibarra Palafox, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM

Modera: Dra. Irma Eréndira Sandoval, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Informes e inscripciones:

Gregorio González 5622 7400 Ext. 326
Se entregará constancia con valor curricular. Entrada Libre

"Espectáculo lamentable" (La Jornada, 13 de julio de 2011)

Elba Esther Gordillo
Foto: José Antonio López. jornada.com

Felipe Calderón ha calificado deespectáculo lamentable el intercambio de acusaciones entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Pero lo verdaderamente lamentable es la total abdicación del gobierno federal para defender la institucionalidad democrática de cara a las presiones y chantajes de los poderes fácticos. Como buen yerno y alfil político de Gordillo, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, ha salido a defender a su suegra afirmando con enorme descaro que vivimos en un país de leyes, no de chismes. Sin embargo, el problema de fondo es precisamente la vulnerabilidad de un estado de derecho en el que personajes como Gordillo, Yunes, González, Guzmán Loera, Montemayor, Hank Rhon, Ruiz y Marín, todos los días demuestran con sus acciones que la ley misma se ha convertido en un chisme, cuyo continuo abuso siempre queda en la impunidad.

Ni Gordillo ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han respondido al emplazamiento directo de su ex aliado incómodo para que la presidenta vitalicia del sindicato permita que un auditor externo revise sus cuentas personales, bienes patrimoniales, ingresos, gastos de inversión, cuentas de cheques, sus tarjetas de crédito y los ingresos que sustentan su ritmo de vida, así como el manejo discrecional que se le ha dado al Fondo para el Retiro de los Trabajadores de la Educación. Eso sí, el Partido Nueva Alianza (Panal) celebra ya la decisión de la Comisión Permanente de solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación a fondo del manejo financiero del Issste durante el periodo de Yunes.

Sin embargo, de poco sirve que políticos, diputados y analistas exijan quelas instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes si como todos sabemos estas indagaciones suelen terminar en simulaciones y encubrimientos. Recordemos, por ejemplo, los estériles resultados de aquella rigurosa investigación que la SFP hiciera a los contratos de dudosa legalidad celebrados entre Pemex y la familia Mouriño...

ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN LA JORNADA

"Impunidad democrática" (El Universal, 12 de junio, 2011)

Sabemos bien que Jorge Hank Rhon y Pablo Salazar Mediguchía no son los únicos políticos “con cola que les pisen”. En el México de la impunidad democrática, el abuso de autoridad para acumular recursos y poder no es la excepción sino la regla y se manifiesta por igual entre todos los partidos. Lo excepcional de los políticos detenidos no son sus delitos sino que sean llamados a cuentas.

Pero seguramente ni el ex alcalde de Tijuana, ni el ex gobernador de Chiapas serán sentenciados por los endebles delitos que se les imputan. Más temprano que tarde los hallaremos paseando junto con otros políticos impunes como Raúl Salinas, Oscar Espinosa, Mario Marín, Ulises Ruiz, Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Zeferino Torreblanca, Amalia García, Sergio Estrada, Martha Sahagún y Fidel Herrera, por mencionar algunos casos emblemáticos.

La rendición de cuentas es una deuda del sistema de procuración de justicia. Hoy por hoy, lo que determina la suerte de una investigación criminal no es el profesionalismo o independencia de los MP, sino las órdenes de “sus superiores”, que deciden si el caso se resuelve o se archiva según las necesidades políticas del momento.

La total opacidad de la PGR y de las 32 procuradurías estatales, impiden cualquier escrutinio público, lo que permite el uso faccioso de la ley. El inconstitucional Art. 16 de Código Federal de Procedimientos Penales ha cerrado el acceso a las averiguaciones previas. Asimismo, las denuncias en contra de los funcionarios de procuración de justicia se archivan tan rápido como se reciben. Por ejemplo, la Visitaduría General de la PGR, área responsable de investigar la corrupción dentro de la institución, tendría que contar con un robusto apoyo financiero así como una fuerte protección política para poder fungir como punta de lanza para una limpia general. Pero en los hechos esta oficina ha quedado totalmente relegada durante los cuatro años de la “guerra” de Felipe Calderón. Una situación similar ocurre con las oficinas correspondientes en las 32 entidades federativas. Simplemente no existe un sistema de control interno, externo o ciudadano en la procuración de justicia del país...

ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN EL UNIVERSAL

"Calderón y la corrupción" (El Universal, 6 de marzo de 2011)

La ausencia de estrategias innovadoras y estructurales para combatir la corrupción ha sido uno de los elementos que han caracterizado la alternancia política del país. Ahora, de manera tardía y meramente simbólica en el ocaso de su sexenio, Felipe Calderón busca enmendar este gran fracaso histórico lanzando un par de propuestas nuevas en la materia.

En principio, habría que reconocer los avances de las iniciativas anunciadas el pasado miércoles. Éstas incluyen dos demandas históricas de los estudiosos del combate a la corrupción: por un lado, sanciones contundentes para los miembros del sector privado que se coludan en actos de corrupción y, por otro lado, estímulos económicos para quienes denuncien tales actos. Ambos temas son ampliamente tratados en mi libro más reciente, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI–IISUNAM, 2009). Allí se señala, por ejemplo, que como signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, México estaba obligado desde hace mucho a adoptar medidas de protección y estímulo a los whistleblowers o informantes y denunciantes internos. Sin embargo, tanto el contexto en que estas iniciativas fueron presentadas como la falta de un andamiaje institucional y legal apropiado para hacerlas funcionar, indican que terminarán siendo una nueva llamarada de petate.

Este anuncio se realizó en la víspera del encuentro de Calderón-Obama, lo que sugiere que la propuesta está más diseñada para congraciarse con el gobierno estadounidense, que para lograr la recuperación de la confianza de la ciudadanía mexicana. De la misma forma en que Carlos Salinas, en el marco de la aprobación del TLCAN en 1990, anunciara con bombo y platillo la creación de una CNDH subordinada al Ejecutivo, hoy Calderón también estaría respondiendo a las presiones del Norte...

TEXTO COMPLETO DEL ARTICULO DISPONIBLE EN EL UNIVERSAL

"Embate al periodismo" (El Universal, 23 de enero 2011)

La libre expresión, regla de oro de toda sociedad democrática, está en peligro. Así lo demuestra la reciente sentencia judicial en contra de la revista Contralínea por la publicación de reportajes que documentan actos de corrupción y conflictos de interés en el otorgamiento de los contratos de Pemex. Con esta decisión, los tribunales del país se colocan por encima de las mesas de redacción de periódicos y revistas para decidir lo que puede ser considerado información publicable.

Nos encontramos en un nuevo estadio de la tradicional intimidación al periodismo de investigación. México es, vergonzosamente, la nación récord en cuanto al número de periodistas ultimados en sus tareas profesionales. Recordemos las recientes agresiones a El Sur,  la revista Proceso y otros medios críticos del poder.

ARTICULO COMPLETO DISPONIBLE AQUI

"Corrupción frena desarrollo político y económico" (Entrevista con Ricardo Rocha, DDN 104.1 Radio Fórmula, 9 de dic., 2010)

Irma Eréndira Sandoval, investigadora de la UNAM, aseguró que estamos rebasados en los límites de corrupción "y eso es la causa de atraso político o de la no efectividad económica que se refleja cotidianamente en nuestro país".

Cabe mencionar que una encuesta aplicada a ciudadanos mexicanos por Transparencia Internacional arrojó que uno de cada tres encuestados aceptaron haber pagado un soborno en el último año, para acceder a trámites, servicios y a las acciones de gobierno que le correspondían por derecho legítimo.

En el programa "Fórmula Detrás de la Noticia", la investigadora señaló que se necesita una visión diferente, una política pública que ataque las causas, ya que generalmente la política pública anticorrupción que se ha tenido a lo largo de estos años de "alternancia" ha sido muy epidérmica y ataca sobre todo a las manifestaciones más básicas.

Sobre las implicaciones para la sociedad y la economía, Sandoval comentó que la corrupción no es un asunto de moral pública únicamente, "de portarse bien por parte de los ciudadanos y desde luego los gobernantes", sino un asunto de incentivos institucionales, económicos, que están funcionando al cien por ciento y previniendo que no haya competencia y equidad, en todo sentido.

"Es una corrupción estructural que también está impidiendo que haya una distribución en los mercados, está afectando no nada más la moral pública sino el mercado y el Estado".

PARA ESCUCHAR EL AUDIO DE LA ENTREVISTA HAZ "CLIC" AQUÍ

"Corrupción, urgencia nacional" (Revista Siempre, Entrevista in extenso, 8 de noviembre de 2010)

Es necesario redireccionar la lucha contra el narcotráfico y combatir realmente la corrupción, que ya rebasa todo control y se ha convertido en una urgencia nacional, asegura Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, investigadora, especialista en corrupción y rendición de cuentas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien pide a los legisladores analizar, antes de aprobar, la ley de asociaciones público privadas que podría convertirse en un gran núcleo de corruptelas.

La coordinadora del libro Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras entre estado, mercado y sociedad, apunta que la corrupción está afectando seriamente a los verdaderos empresarios y el cinismo hoy es el pan de cada día.

Para texto completo de la entrevista haz "clic" aquí
Para video de la entrevista en Siempre.TV haz "clic" aquí

"Consejeros vigilados" (El Universal, 13 de octubre de 2010)

A mi padre, Pablo Sandoval Ramírez, a diez años de su partida.

Ha terminado la época en que podíamos confiar en la responsabilidad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) para defender las causas ciudadanas y tutelar el interés público. Hoy, como nunca, es necesario someter a los funcionarios electorales a un estricto régimen de vigilancia y control ciudadano para asegurar que cumplan con la ley.

El actual proceso de renovación de tres integrantes del Consejo General del IFE constituye una excelente oportunidad para iniciar este proceso. Todo parece indicar que, una vez más, los diputados federales privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de la independencia o las capacidades de los candidatos. Pero habría que pasar de los lamentos a la acción.

Desde ahora tenemos que exigir a los candidatos que firmen una serie de compromisos muy concretos sobre cómo se comportarán, de llegar a dirigir el instituto electoral. Posteriormente, habría que incluir estas reglas directamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Primero, cada consejero debería presentar una declaración pública de todos sus intereses y relaciones. Una declaración de este tipo incluiría la declaración patrimonial, cuya publicidad hoy todavía no es obligatoria, así como la divulgación de otros tipos de relaciones personales, familiares o de negocios que puedan implicar conflictos de interés. Ya en funciones, el consejero tendría que estar impedido para participar en asuntos relacionados con alguna de estas relaciones.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50226.html