Uno de los logros principales del movimiento de Ayotzinapa radica en haber demostrado que la corrupción es un fenómeno estructural que no se resolverá con simples “cambios de gabinete”, como lo ha dicho claramente Omar García. Hoy ya nadie puede seguir sosteniendo que la corrupción es una “debilidad de orden cultural… un tema casi humano que ha estado presente en la historia de la humanidad”, como lo declaró con su típico estilo cantinflesco Enrique Peña Nieto el pasado 20 de agosto. Los mexicanos nos hemos levantado para exigir la solución de un problema que no es cultural, intrínsecamente humano o metafísico, sino estrictamente político y social.
En todo caso la “cultura” que vinculada a la corrupción no sería la cultura humana en general ni mucho menos la mexicana en particular, sino precisamente la cultura de la impunidad priista que ha signado la política desde el sexenio de Miguel Alemán Velasco, el primer presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), iniciador conspicuo de la colusión público-privada al servicio de la corrupción estructural.
La corrupción que hoy tiene a nuestro país al borde del abismo, se encuentra íntimamente vinculada al neoliberalismo depredador. Con mucha razón el proyecto político de articulación antineoliberal que Ayotzinapa representa rechaza abiertamente las reformas educativa, energética, laboral, y de (in)justicia que fueron impuestas de forma antipopular por Peña Nieto en sus primeros meses de uso y usufructo de la presidencia comprada.
La entrega de pedazos del territorio nacional a los narcotraficantes constituye la otra cara de la moneda del reparto de las reservas petroleras a las trasnacionales rapaces. No es ninguna coincidencia que la creciente privatización y deshumanización de la guerra y las operaciones militares ocurra con más intensidad en aquellas regiones en donde se extiende y crece la resistencia de las poblaciones civiles, como pasa hoy en Guerrero y en vastas zonas de nuestro país.
No es gratuito a este respecto que cada vez con mayor intensidad los caciques y empresarios vinculados al poder y el narcoestado, contraten pistoleros privados y guardias personales para asegurar su dominio sobre las poblaciones civiles con objeto de seguir amedrentando y lucrando con los recursos de las comunidades del sur, como acontece en la región de La Parota en Guerrero. Recientemente, por ejemplo, cuatro personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas en un enfrentamiento entre pistoleros al servicio de los dueños de la gravillera “Kimbar” e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop).
Un elemento central del proyecto neoliberal es precisamente la privatización de los aparatos represivos a través de empresas militares de factura estadounidense tipo Kellog, Brown & Root, Halliburton y BlackWater entre otras corporaciones que sin ningún escrúpulo, ideología, moral o respeto alguno por los derechos humanos, actúan vendiéndose al mejor postor para el lucrativo negocio de la guerra. EE.UU. es el referente por excelencia de este fenómeno. A nivel internacional su ejército opera a través de la colonización de todas sus tareas por mercenarios internacionales, que sustituyen a los soldados en las misiones bélicas con objeto de evadir la justicia internacional para responder por abusos y arbitrariedades.
Pero esta receta privatizadora no ha quedado circunscrita a la jurisdicción estadounidense. En el marco de la creciente intervención norteamericana en América Latina a través del repudiado “Plan Colombia” y en nuestro país con la funesta “Iniciativa Mérida”, las actividades de corporaciones militares privadas han sido cada vez más generalizadas y abiertas e incluso los presupuestos llegan a etiquetarse para asignar contratos a este tipo de corporaciones. Si con Calderón se iniciaron ya la puesta en marcha de las cárceles privadas, con su heredero Peña Nieto se buscará consolidar la abierta incursión de empresas militares trasnacionales y de seguridad privada. En los hechos el nuevo “decálogo para la seguridad” que en la víspera el gobierno ha dado a conocer, encierra este mismo proyecto privatizador y entreguista de los aparatos represivos a contratistas privados e internacionales dado que toda centralización de la seguridad y la creación de las 32 nuevas corporaciones policiacas anunciadas por Peña Nieto, exigirán asignación de millonarios contratos para las innumerables tareas de seguridad y control policiaco con los evidentes riesgos en materia de derechos humanos, opacidad, y abuso de los recursos públicos para nuestros país.
Ya existen voces incluso que han llegado a sugerir que el monstruoso asesinato del estudiante Julio César Mondragón fue ejecutado precisamente por.... Si quiere seguir leyendo oprima aquí
