Corrupción estructural y el Vuelco de Ayotzinapa (Revista Memoria, Nueva Época No. 1, Febrero 2015)

En México la corrupción es un problema endémico inherente a todos los partidos políticos e instituciones gubernamentales. La supuesta “alternancia democrática” resultó ser un total fracaso en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción en el país. La competencia electoral entre opciones políticas diferentes no ha podido verse traducida en un progreso sustancial de la fiscalización gubernamental o en un mayor equilibrio de “pesos y contrapesos” entre los intereses de la sociedad y los gobiernos. Por el contrario, el deterioro político y la corrupción abarcan hoy a la totalidad de los gobiernos “democráticamente electos” sin importar el partido político que los hubiera llevado al poder y sin distingo de las ideologías que cada uno de esas organizaciones políticas representan. La consecuencia directa de esta situación ha sido la generalización de una apatía política y la acelerada expansión de un sentimiento de “decepción de

mocrática” entre la población mexicana, lo cual deja abiertos nuevos y mayores riesgos. Si las incipientes democracias resultan ser igualmente inefectivas en su capacidad para rendir cuentas que los sistemas autoritarios que las precedieron, el propio ideal democrático se encuentra en riesgo. Un vistazo rápido a los reportes más recientes desalienta hasta al demócrata más optimista.

Todo ello se explica, desde luego, por la incapacidad de los gobiernos elegidos democráticamente por atender y resolver los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Pero en países como México y algunos otros de América Latina, estos problemas estructurales se acentúan con la profunda y arraigada corrupción que ha caracterizado su vida política y social por décadas. La corrupción se convierte así en el problema social más grave y agobiante de estas sociedades y el fracaso para combatirla no expresaría sino la palmaria incapacidad de los gobiernos y los actores políticos por transformar de fondo las relaciones que ellos han establecido con sus representados.

Aquella idea de que la celebración de elecciones para elegir gobiernos garantiza de forma automática el establecimiento de “un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo” ha resultado ser tan rotundamente falsa, como aquella otra que sostiene que la corrupción es esencialmente un “fenómeno cultural”. Más aún los gobernantes que como Enrique Peña Nieto señalan sus supuestas raíces “culturales” y que aseveran la inmoralidad intrínseca de lo humano, no hacen sino justificar las conductas deshonestas, empezando quizás de forma interesada por las propias, con objeto de evadir la confrontación política de un problema no metafísico sino social. Asimismo, hoy ni los abordajes de “la teoría de la modernización” que enfocan la corrupción como un mero asunto de retraso o subdesarrollo económico, ni las concepciones legalistas que mistifican la norma como solución automática, o los enfoques tecnócratas que sugieren “fallas de Estado” factibles de ser solucionadas con ajustes de ‘fontanería para la transparencia’ pueden seguir siendo sostenidos pues todos ellos han mostrado su profundas limitaciones.

Desde hace ya varias décadas el concepto de corrupción se ha trivializado y con frecuencia se define de forma reduccionista como un mero sinónimo de soborno o extorsión. Pero este complejo fenómeno no puede seguir siendo circunscrito a la documentación de discretos episodios protagonizados por servidores públicos de bajo nivel recibiendo pagos aislados en oscuras ventanillas burocráticas. El objetivo final de la corrupción no siempre radica en obtener un beneficio pecuniario, sino también y cada vez de forma más creciente, en acumular poder y privilegios de forma ilegítima. Aquí definiremos la corrupción estructural como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos necesarios para el bienestar social y el desarrollo de los derechos fundamentales. Las prácticas concretas de la corrupción estructural adquieren una gran variedad de modalidades; algunas incluyen conductas ilícitas y delincuenciales mientras que otras pueden ser de perfecta legalidad pero de cuestionable moralidad. Y todas en su conjunto emergen con más claridad en aquellos periodos en los cuales las relaciones Estado-sociedad operan deficientemente y en contra de los más elementales principios de justicia y legitimidad que tendrían que caracterizar esta interacción. La corrupción es un problema social, estructural, institucional y político que exige soluciones igualmente estructurales.

Recientemente uno de los más terribles ejemplos de tal corrupción estructural ha sido la desaparición forzada y la ejecución violenta de los jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Este episodio constituye el terrorífico pináculo de una oleada de violencia institucional contra la población mexicana iniciada desde el gobierno de Felipe Calderón y profundizada a extremos de oprobio inimaginable con la restauración en el poder del régimen de partido de Estado. La masacre de Ayotzinapa ilumina de cuerpo entero la dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad, la expropiación del bienestar social y la cancelación de los derechos fundamentales. El doloroso episodio constituye uno de los más claros indicadores de la profunda ineficacia de las instituciones públicas en nuestro país y la insostenible tasa de impunidad que impera en él.

El caso de Ayotzinapa ha querido ser presentado por el régimen priísta como un asunto meramente local y circunscrito a temas del narcotráfico, pero la mayor parte de la opinión pública nacional e internacional tiene claro que estas injustas muertes y desapariciones forzadas se deben de forma directa a la corrupción estructural que hoy tiene postrada la nación. La criminalización de la protesta, la insostenible tasa de impunidad, la colusión del gobierno con el crimen organizado y el cotidiano abuso de los derechos humanos, son tan solo algunos de los rasgos que convierten el caso de Ayotzinapa en un crimen de lesa humanidad cometido directamente por instituciones del Estado mexicano.

Durante los últimos dos años, y en una aterradora y simbólica continuación de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto ha expandido y profundizado la espiral de violencia ocurrida en nuestro país a partir de criminalizar y reprimir directamente la protesta social y los anhelos libertarios de la juventud mexicana. Simplemente en los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto, se registraron más de 4,000 muertes violentas. Más tarde durante 2013 el primer año completo del restaurado gobierno del Partido Revolucionario Institucional, 33.1 millones de mexicanos fueron víctimas de crímenes sobre su patrimonio, sus vidas y sus derechos fundamentales. El incremento constante y desenfrenado de estos indicadores ha sido el siguiente: en 2011 la cifra ascendía a 21.6 millones de crímenes, en 2012 ella se ubicó en 22.4 millones y en 2013 el incremento fue de 50 por ciento respecto al último año de Felipe Calderón. La ciudadanía continuamente expresa que con EPN se sienten más inseguros que con FCH. De acuerdo a la más reciente encuesta ENVIPE del INEGI, el 73,3 por ciento de los mexicanos reconoció “haberse sentido inseguro” durante 2013, ello significa el segundo aumento consecutivo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, luego de que el último año del mandato de Felipe Calderón, esta pregunta alcanzara la cifra de 66,6 por ciento entre la población consultada.

Esta crisis humanitaria que atraviesa el país no sólo se explica por una política de seguridad y de procuración de justicia “ineficaz” o “ineficiente” en nuestro país, sino en primer lugar por una falla estructural en la rendición de cuentas del Estado mexicano, por un claro predominio de los abusos de poder y de un absoluto imperio de la impunidad a todos los niveles. Es urgente e impostergable resolver el tema de la decadencia institucional de México reflejada en la corrupción estructural para frenar ... para seguir leyendo click aquí...

Elucubraciones Tecnocráticas (Sin Embargo.Mx, 6 de Febrero 2015)

El despropósito simulador de las ocho medidas anticorrupción que Enrique Peña Nieto anunciara el pasado martes 3 de febrero es otro ejemplo de las “elucubraciones tecnocráticas” que han caracterizado a los políticos corruptos enquistados en el poder durante las últimas décadas. Esas propuestas no son técnicas, democráticas, ni genuinas. Con ellas simplemente busca ganar tiempo, intentando tapar el hoyo negro de las desapariciones forzadas en que el país se sumerge día a día, al tiempo que busca jalar reflectores con una nueva treta mediática para seguir en su estrategia de represión y olvido a los verdaderos problemas de impunidad, criminalidad y narco-colusión que caracterizan hoy a su gobierno.

Después de 26 meses de ignorar por completo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y transcurridos ya casi tres meses del estallido de los mansión-escándalos suyos, de su mujer y de su secretario de Hacienda, Peña Nieto recuerda que la función principal de los organismos de control presupuestal en la época del neoliberalismo ha sido fungir como encubridores y lavadores de fraudes.

Aunque en realidad el señor Peña no precisa de un “zar anticorrupción” que lo exoneré de forma expedita como evidentemente será el rol político a desempeñar por el señor Virgilio Andrade. No lo necesita, porque en el mismo discurso, acartonado y poco fluido –como quien repite palabras que no entiende- con el que anunció sus medidas, Peña Nieto se auto-exoneró de un plumazo: “el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones… y no obstante lo anteriorsoy consciente de que los señalamientos realizados (sic) generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad nunca ocurrió”. De la manufactura de la “verdad histórica” de Ayotzinapa asistimos a la “verdad histórica” de la probidad gubernamental.

De lo que no es “consciente” el señor presidente es que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, él está a la cabeza de Administración Pública Centralizada. Por ello para el ejercicio legal de sus atribuciones todos los funcionarios públicos que participan en esos “contratos otorgados”, esas “compras y obras adjudicadas”, y todo tipo de “comités de adquisiciones” son sus subordinados directos en tanto que miembros del Poder Ejecutivo que él supuestamente encabeza. Así que tanto el titular del ejecutivo como sus subordinados se encuentran igualmente sujetos al régimen de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y deben responder por sus faltas, violaciones y abusos.

De forma chusca se permitió darnos “cátedra” sobre los tres tipos de “conflictos de interés” que “la doctrina” reconoce y que en una burda y ramplona simplificación Peña Nieto divide en “reales”, “potenciales” y “aparentes”; bien pudo haber dicho también “malos”, “buenos” y “feos”. Peña Nieto fue concluyente en que el principal objetivo de sus falaces y burocráticas medidas no será limpiar el gobierno sino solamente combatir los feos conflictos de interés “aparentes”. Ello es quizás el único elemento de congruencia de su fallida política anticorrupción, ser fiel a la estrategia que le ha resultado ser altamente lucrativa: la manufactura de apariencias y percepciones.

Peña Nieto anunció con bombo y platillo que “a partir de mayo de 2015, será obligación de los servidores públicos federales presentar una Declaración de Posibles Conflictos de Interés”. Ello evidentemente no resolverá absolutamente nada. Si realmente quisieran resolver de raíz el problema lo se debe hacer es prohibir de manera explícita y tajante en la ley que cualquier funcionario público, legislador o juez tenga relación personal, profesional o de negocios con cualquier interés que pueda ser afectado por sus decisiones. Es decir, un verdadero marco jurídico en materia de conflicto de intereses imposibilitaría que un dueño de gasolineras fuera Secretario de Energía, como ocurre hoy, que un compadre de empresarios constructores ocupe la Secretaria de Hacienda, como ocurre hoy, o que el esposo de una millonaria actriz de Televisa sea Presidente de la República, como ocurre hoy.

México merece un gobierno encabezado por ciudadanos limpios cuyo único interés sea el bienestar de la patria, no seguir siendo regidos por vividores cuyo único propósito es lucrar con el poder. De nada nos sirve solamente conocer los conflictos de interés con el fin de reducir la “percepción” de la corrupción en el gobierno. Los tiempos modernos exigen acabar de raíz con la entrega de nuestras instituciones públicas a los peores intereses anti-nacionales.

La ocurrencia de llamar “acciones ejecutivas” a sus elucubraciones tecnocráticas y puntadas burocráticas surge de un reprobable complejo de inferioridad con respecto a Estados Unidos así como de un total desconocimiento del sistema jurídico mexicano. Intentando imitar las “acciones ejecutivas” de Barack Obama en los casos de Cuba y la reforma migratoria, el señor Peña Nieto también quiere las suyas. Habría que recordarle al mandatario mexicano que de acuerdo a nuestro sistema político, aquí absolutamente todos los actos de la Administración Pública Federal son precisamente acciones “ejecutivas”.

Otra falsedad que el presidente declaró de forma irresponsable en su conferencia de recaudación de aplausos fue que “en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad posibles conflictos de interés”. Y Videgaray llegó definitivamente más lejos que su jefe con respecto al cinismo ensoberbecido de impunidad que encierra su declaración de que “si la ley dijera que tenemos que hacer declaraciones de conflicto de interés como en Gran Bretaña, yo hubiera declarado que tenía esta casa adquirida con un crédito con esta empresa Higa” (Milenio, 3 febrero 2015).

El problema no es una falta de precisión en las leyes mexicanas sino una falta de vergüenza de parte de los funcionarios públicos priistas. En México contamos con un sofisticado entramado de obligaciones legales y marcos normativos que regulan y sancionan los conflictos de interés. El Código Penal cuenta desde ya con una amplia gama de delitos para los empleados públicos, tales como “abuso de autoridad”, “tráfico de influencias”, “ejercicio abusivo de funciones”, “cohecho”, “peculado” y ..... para seguir leyendo oprima a aquí

Mexico on the verge of political meltdown: Obama and other leaders should withdraw support for Peña Nieto, not court him (Al Jaljazeera America, January 9, 2015)

This week’s White House meeting between President Barack Obama and Mexico’s President Enrique Peña Nieto had much symbolism but little substance. The empty speeches, handshakes and promises of mutual support served two embattled leaders eager to use the meeting as a publicity stunt but left nothing in terms of concrete outcomes. Obama highlighted his halfhearted efforts to fix, as he put it, “our broken immigration system” and Peña Nieto desperately tried to appear statesmanlike amid the storm that has arisen from the Sept. 26 student massacre in the state of Guerrero and the accusations of conflicts of interest against him, his wife and his finance minister over homes purchased from a government contractor.

In fact, perhaps the only noteworthy part about the meeting was that it sparked dozens of protests throughout the United States against Washington’s blind support for Peña Nieto and the bloody drug war in Mexico. “USA puts the guns and consumes the drugs, Mexico puts the dead!” one protest sign read, summing up a growing sentiment on both sides of the border.

But as with so many issues, the U.S. government’s understanding is far behind that of the American people. The Obama administration has not budged on its strategy toward Mexico, despite its clear failure. During his meeting with Peña Nieto, Obama proclaimed that “our commitment is to be a friend and supporter of Mexico in its efforts to eliminate the scourge of violence and the drug cartels that are responsible for so much tragedy inside of Mexico.”

But Obama confuses Mexico with Peña Nieto and his government. The real allies in the struggle for peace and justice in Mexico are the families and colleagues of the students from the Raúl Isidro Burgos Rural teachers’ college of Ayotzinapa in Guerrero who were abducted and massacred. The school embodies both the utopian, democratic, liberationist ideals of the Mexican Revolution and the political commitment of the people of Guerrero. In fact, the bold, grass-roots leadership of the parents and classmates of the missing students is precisely what has enabled Mexico’s popular movement for peace and justice to grow so strong. Their demands should be supported by the U.S. and other nations.

The true voice of Mexico

Some analysts have suggested that Guerrero is somehow essentially chaotic and unruly. In a recent piece in The New York Times, for example, Enrique Krauze argues that the state “has been a violent, ungovernable place since colonial times” and that its residents are “full of lingering resentment over the dirty war of the 1970s.”

I was born in Guerrero. My father, Pablo Sandoval Ramírez, was one of the most important leaders of the state’s movements for democracy and against corruption during the 1970s and 1980s. He was a political prisoner and risked his life on numerous occasions during his untiring and peaceful struggle to put a stop to repression and the abuse of power.

Those of us who strive to continue the legacy of my father and the Ayotzinapa students are not motivated by resentment. On the contrary, we are simply sick and tired of living in a country where speaking out against abuse of power is criminalized and demands for accountability can land you in jail or a shallow grave.

The missing students were abducted by the police of Iguala, reportedly on direct orders from Mayor José Luis Abarca. The federal military has a base close by but did nothing to stop the kidnapping or the incineration of the students’ bodies. And the federal government waited a full 10 days before even initiating an investigation of the crime. The remains of only one student have been found and identified. And new information has put in question the government’s information about where and even whether the bodies were burned.

On Nov. 27, Peña Nieto held a press conference to announce technical fixes that would supposedly solve the problems highlighted by the student abductions. He proposed changing the emergency hotline number from 066 to 911, centralizing control over local police and modifying the country’s criminal codes. The notion that such changes would solve anything is farcical.

Such ineptitude captured Mexico’s current political malaise. The Ayotzinapa uprising is not simply a result of Peña Nieto’s disregard for public security and human rights. It is also a direct response to his misguided economic reforms and profound lack of popular legitimacy. Mexico needs wholesale structural overhaul, not cosmetic fixes and photo ops.

A failed transition

Mexico’s so-called democratic transition has failed to empower Mexican society and end impunity for the abuses of Mexican politicians. Instead, as with political transitions in Russia and many African and Eastern European nations, liberalization has meant nothing more than the diversification of power bases for the same old moguls and oligarchs.

Mexico is one of the most corrupt countries in the world. It ranked 34 out of 100 countries — tied with Bolivia, Gabon and Niger — in Transparency International’s 2013 corruption perceptions index. And Mexico is one of the most unequal countries. It is home to Carlos Slim, one of the richest men in the world, as well as to more than 65 million poor. Despite being the world’s 14th-largest economy and part of the Organization for Economic Co-operation and Development, Mexico has a shockingly high level of inequality; the country’s Gini index score, which measures the distribution of income or consumption among individuals or households in an economy, is comparable to Bolivia’s and Paraguay’s.

Mexico also suffers, of course, from the drug and arms trades and militarized strategies used to combat them. U.S. residents spend more than $109 billion a year on illegal drugs, a large proportion of which ends up in the hands of the drug cartels south of the Rio Grande. Meanwhile, on average 252,000 U.S.-made guns cross the border into Mexico each year, yielding approximately $127 million in revenue for gun manufacturers. Since President Felipe Calderón began his militarized drug war in 2006, 100,000 people have been killed, 22,000 disappeared, and more than 250,000 have been displaced.

Meanwhile, the return of Peña Nieto's Institutional Revolutionary Party (PRI) to power in 2012 has turned back the clock on politics. One of the first actions the newly elected Peña Nieto took was to reduce Congress’ influence. From 1997 to 2012, Congress increasingly became a powerful center of accountability and public debate leading the charge toward democratization. But Peña Nieto's Pact for Mexico, an agreement among the leaders of Mexico’s three main political parties, has transferred relevant decision

-making from Congress to the executive branch. As during the years of the “perfect dictatorship,” today political bargaining is once again opaque and informal, taking place behind closed doors at offices of the secretary of the interior.

Attacks on journalists, students and human rights activists have skyrocketed since Peña Nieto came to power. Despite such alarming violence and insecurity, authorities investigate only a minuscule 6.2 percent of crimes committed in Mexico. Most Mexicans simply are too afraid or think it is not worth reporting crime to the police. In addition, the police and prosecutors at the local and federal levels are frequently infiltrated and controlled by narcotraffickers or organized crime. Hence the root of the current crisis is not simply bureaucratic failure but the public’s lack of confidence in the political system as a whole.

Confidence in government institutions has fallen drastically over the years. Recent polls by the newspaper Reforma and by the polling firm GEA-ISA reveal that confidence in the police, the military and politicians in general has reached historic lows. Approval ratings for Peña Nieto are also the lowest they have been for a Mexican president in decades.

Political meltdown

It should come as no surprise, then, that the central demand of the street protesters is Peña Nieto’s resignation, not legislation or specific reforms. The PRI ruled Mexico for 71 years without interruption from 1929 to 2000. It represents the worst of the old, corrupt and informal way of running the business of government. The call for his resignation is a demand to break his party’s iron grip of violence, corruption and impunity and radically transform the relationship between the state and society.

If Mexico had a parliamentary system, Peña Nieto's government would have already been subjected to a... Full available article at AJAMMexico on the verge of political meltdown: Obama and other leaders should withdraw support for Peña Nieto, not court him (Continue reading at  Al Jaljazeera America, January 9, 2015)

Ce que le mouvement des disparus d’Ayotzinapa nous dit de la corruption structurelle au Mexique (Mémoire des Luttes, 26 Dic, 2014)

Une des principales victoires du mouvement d’Ayotzinapa est d’avoir démontré que la corruption est un phénomène structurel lié à la fois à un système politique qui va à l’encontre de la volonté populaire et à un système économique injuste basé sur le profit et la destruction de la vie sociale. Le 20e rapport annuel de l’ONG allemande Transparency International consacré au niveau de corruption des Etats attribue une note de 35 sur 100 au Mexique, plaçant le pays au 103è rang sur 175 de son classement. Le Mexique partage ainsi cette place avec la Bolivie, la Moldavie et le Niger. Le problème de la corruption ne se résoudra pas par de simples « changements de cabinet » comme l’a clairement signalé Omar García, rescapé du massacre du 26 septembre d’Iguala et dirigeant naturel indiscuté du mouvement des étudiants des écoles normales rurales salué aujourd’hui au niveau international pour son courage et sa clarté politique.

Sous le régime de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), le Mexique s’est inséré à la globalisation néolibérale, mais est également devenu une usine à fabriquer des pauvres. Ce pays, qui pourrait dans d’autres conditions s’affirmer comme une puissance économique latino-américaine, reste l’un des plus inégaux de la planète. Il compte d’un côté l’un des hommes les plus riches du monde, Carlos Slim, et de l’autre 65 millions de personnes qui survivent avec moins de un dollar par jour. Les diverses manifestations et protestations qui ont lieu jour après jour dans le pays et dans le monde entier contre le régime néolibéral du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, centre) tendent précisément à dénoncer cette situation. Les Mexicains en ont assez de la corruption, de l’exclusion, des fraudes électorales et de la militarisation.

Les slogans en faveur de la justice et qui exigent que tout soit fait pour retrouver les corps des 43 étudiants dont la disparition a été causée par l’Etat incarnent aujourd’hui un cri assourdissant contre le piétinement de la démocratie, la répression, la militarisation, l’impunité, la privatisation et la collusion du pouvoir politique, des monopoles privés et des médias.

A ce jour, selon l’étude de l’organisation Latinobarómetro, seuls 21% des Mexicains se considèrent « satisfaits par le fonctionnement de la démocratie », ce qui place le pays à l’avant-dernière place en Amérique Latine, devant le Honduras, autre pays douloureusement affecté par la guerre et la militarisation. Le Mexique est également le pays latino-américain qui compte le plus haut niveau de méfiance envers les partis politiques existants (45%), et la côte de popularité de Enrique Peña Nieto est en chute libre. Enfin, en matière de justice, la majorité des Mexicains se méfie des autorités, et quand ils sont victimes de délits et d’abus, ils ne perdent plus leur temps en allant porter plainte ou en saisissant les tribunaux. Seuls 6,2% des crimes commis dans le pays sont suivis d’enquêtes et un nombre encore plus infime donne lieu à des condamnations avec réparation pour les victimes ou a des sanctions.

Ces chiffres reflètent la claire décadence institutionnelle que vit le Mexique et une situation de corruption structurelle du système judiciaire, politique et économique. La crise humanitaire que traverse le pays ne s’explique pas seulement par une politique de sécurité et un système judiciaire « inefficaces » ou « non-efficients », mais avant tout par une faille structurelle quant à l’incapacité de l’Etat à rendre des comptes, incapacité renforcée par la prédominance des abus de pouvoir et du règne absolu de l’impunité à tous les niveaux. C’est pourquoi les Mexicains ne veulent pas de nouvelles réformes néolibérales, ni de nouveaux dirigeants politiques avec les mêmes méthodes d’abus, d’impunité et de corruption, de nouveaux pactes avec les mêmes politiciens qui méprisent toujours autant la Constitution nationale. Ce que recherche le mouvement d’Ayotzinapa, c’est de reconstruire les bases politiques et sociales du Mexique. Dans cette perspective, il exige la démission de Enrique Peña Nieto comme pré-condition minimale pour refonder l’Etat et établir, à partir de là, une meilleure relation entre ce dernier et la société.

Il est évident que Enrique Peña Nieto refuse d’assumer sa responsabili
té dans cette crise humanitaire puisqu’au lieu d’écouter la société, il retourne le couteau dans la plaie du peuple mexicain, imposant plus de contrôle, de centralisation politique et augmentant le niveau de militarisation de l’Etat de Guerrero. L’objectif ultime de Enrique Peña Nieto est de donner des garanties aux investisseurs étrangers et aux oligarques de la région qui exigent de la « stabilité » afin de poursuivre leur enrichissement sur le dos des communautés du sud en tirant profit des règles du jeu néolibéral. La cession de pans entiers du territoire national aux narcotrafiquants constitue le revers de la médaille de la distribution des réserves pétrolières aux multinationales rapaces.

Néanmoins, les étudiants et les pères de famille d’Ayotzinapa .... para continuar leyendo el texto de click aquí

Irma Eréndira Sandoval: The root of Mexico’s violence is corruption (The Dallas Morning News, 4 December 2014)

Mexican President Enrique Peña Nieto has reacted in all of the wrong ways to the enormous social protests in Mexico, the U.S. and over 100 cities abroad calling for justice for the 43 missing students from the Ayotzinapa teachers college. Instead of responding to protesters’ demands for increased democracy and accountability, he has politicized the violence and stubbornly hung on to old, authoritarian ways.

If Peña Nieto were serious about addressing the root causes of the public security crisis, he would assume his responsibility, rearrange his cabinet, investigate probable complicity of the armed forces and work closely with community police in the states of Guerrero and Michoacán to clean up local governments.

Instead, he has tried to divert the blame to opposition political parties, centralized power and stepped up arbitrary arrests of student activists. He has also made superficial bureaucratic reforms, such as changing the emergency hotline number from 066 to 911, and modifying the national citizen identification system. And his top military commanders have threatened the population with increased repression.

The key problem is that Mexico’s “democratic transition” has failed to empower society or settle accounts with the past. Instead, like the Russian and many African and Eastern European transitions, liberalization has meant only the diversification of the power bases for the same old moguls and oligarchs.

Mexico is one of the most corrupt countries in the world. It received a failing score of 35 out of 100, tied with Bolivia, Moldova and Niger, in the 2014 Transparency International Corruption Perceptions Index. Mexico is also one of the most unequal countries. It is home to the second-richest man in the world, Carlos Slim, as well as to more than 65 million poor.

Mexico has also suffered the consequences of the drug and arms trades. The U.S. spends more than $109 billion a year on illegal drugs, of which a large proportion ends up in the hands of the drug cartels south of the Rio Grande. Meanwhile, an average 252,000 U.S.-made guns cross the border south each year, yielding approximately $127 million in revenue for gun manufacturers.

The return of the old, authoritarian Party of the Institutional Revolution (PRI) to power with Peña Nieto has turned back the clock on politics. For instance, the new president’s “Pact for Mexico” has canceled the power of Congress and transferred decision making to opaque, informal political bargaining behind closed doors. Simultaneously, attacks on journalists, students and human rights activists have skyrocketed. As a result, just 21 percent of the Mexican population is “satisfied with the functioning of democracy,” according to the most recent Latinobarometer study. This is the second-lowest number in all of Latin America, after Honduras. Mexico also has the highest level of citizen rejection of existing political parties (45 percent) in the entire region. Peña Nieto’s public approval ratings have fallen to a record low.

To help explain these numbers, consider that only 6.2 percent of all crimes committed in Mexico are even investigated by the authorities. Most Mexicans distrust the authorities so much that they are too afraid or think it is not worth it to report crimes. The root of the present crisis is therefore not bureaucratic failure but a systemic lack of confidence in the political system as a whole. This explains why the central demand of para seguir leyendo oprima aquí

Ayotzinapa y la privatización de los aparatos represivos (Revolución Tres Punto Cero, 1 Dic. 2014)

Uno de los logros principales del movimiento de Ayotzinapa radica en haber demostrado que la corrupción es un fenómeno estructural que no se resolverá con simples “cambios de gabinete”, como lo ha dicho claramente Omar García. Hoy ya nadie puede seguir sosteniendo que la corrupción es una “debilidad de orden cultural… un tema casi humano que ha estado presente en la historia de la humanidad”, como lo declaró con su típico estilo cantinflesco Enrique Peña Nieto el pasado 20 de agosto. Los mexicanos nos hemos levantado para exigir la solución de un problema que no es cultural, intrínsecamente humano o metafísico, sino estrictamente político y social.

En todo caso la “cultura” que vinculada a la corrupción no sería la cultura humana en general ni mucho menos la mexicana en particular, sino precisamente la cultura de la impunidad priista que ha signado la política desde el sexenio de Miguel Alemán Velasco, el primer presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), iniciador conspicuo de la colusión público-privada al servicio de la corrupción estructural.

La corrupción que hoy tiene a nuestro país al borde del abismo, se encuentra íntimamente vinculada al neoliberalismo depredador. Con mucha razón el proyecto político de articulación antineoliberal que Ayotzinapa representa rechaza abiertamente las reformas educativa, energética, laboral, y de (in)justicia que fueron impuestas de forma antipopular por Peña Nieto en sus primeros meses de uso y usufructo de la presidencia comprada.

La entrega de pedazos del territorio nacional a los narcotraficantes constituye la otra cara de la moneda del reparto de las reservas petroleras a las trasnacionales rapaces. No es ninguna coincidencia que la creciente privatización y deshumanización de la guerra y las operaciones militares ocurra con más intensidad en aquellas regiones en donde se extiende y crece la resistencia de las poblaciones civiles, como pasa hoy en Guerrero y en vastas zonas de nuestro país.

No es gratuito a este respecto que cada vez con mayor intensidad los caciques y empresarios vinculados al poder y el narcoestado, contraten pistoleros privados y guardias personales para asegurar su dominio sobre las poblaciones civiles con objeto de seguir amedrentando y lucrando con los recursos de las comunidades del sur, como acontece en la región de La Parota en Guerrero. Recientemente, por ejemplo, cuatro personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas en un enfrentamiento entre pistoleros al servicio de los dueños de la gravillera “Kimbar” e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop).

Un elemento central del proyecto neoliberal es precisamente la privatización de los aparatos represivos a través de empresas militares de factura estadounidense tipo Kellog, Brown & Root, Halliburton y BlackWater entre otras corporaciones que sin ningún escrúpulo, ideología, moral o respeto alguno por los derechos humanos, actúan vendiéndose al mejor postor para el lucrativo negocio de la guerra. EE.UU. es el referente por excelencia de este fenómeno. A nivel internacional su ejército opera a través de la colonización de todas sus tareas por mercenarios internacionales, que sustituyen a los soldados en las misiones bélicas con objeto de evadir la justicia internacional para responder por abusos y arbitrariedades.

Pero esta receta privatizadora no ha quedado circunscrita a la jurisdicción estadounidense. En el marco de la creciente intervención norteamericana en América Latina a través del repudiado “Plan Colombia” y en nuestro país con la funesta “Iniciativa Mérida”, las actividades de corporaciones militares privadas han sido cada vez más generalizadas y abiertas e incluso los presupuestos llegan a etiquetarse para asignar contratos a este tipo de corporaciones. Si con Calderón se iniciaron ya la puesta en marcha de las cárceles privadas, con su heredero Peña Nieto se buscará consolidar la abierta incursión de empresas militares trasnacionales y de seguridad privada. En los hechos el nuevo “decálogo para la seguridad” que en la víspera el gobierno ha dado a conocer, encierra este mismo proyecto privatizador y entreguista de los aparatos represivos a contratistas privados e internacionales dado que toda centralización de la seguridad y la creación de las 32 nuevas corporaciones policiacas anunciadas por Peña Nieto, exigirán asignación de millonarios contratos para las innumerables tareas de seguridad y control policiaco con los evidentes riesgos en materia de derechos humanos, opacidad, y abuso de los recursos públicos para nuestros país.

Ya existen voces incluso que han llegado a sugerir que el monstruoso asesinato del estudiante Julio César Mondragón fue ejecutado precisamente por.... Si quiere seguir leyendo oprima aquí

Entrevista con Irma Eréndira Sandoval especialista de la UNAM y profesora visitante de Sciences Po. Paris (Radio Francia Internacional - Español VIERNES 28 NOVIEMBRE 2014)

Tras semanas de protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto anunció diez medidas para luchar contra el narcotráfico, la violencia y la corrupción. Sin embargo, las organizaciones de Derechos Humanos se muestran escépticas en cuanto a la eficiencia de estas medidas y a su real puesta en práctica. Entrevista en exclsuiva con: Nicomedes Fuentes, ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) e Irma Eréndira Sandoval, especialista en Corrupción y Transparencia del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora visitante de Sciences Po. Paris

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Ayotzinapa: entre Figueroa y Hank (La Jornada, 12 de octubre, 2014)

La convicción libertaria del pueblo de Guerrero se yergue de pie frente a la ignominia de la clase política. Las luchas de ese valeroso pueblo que nos diera patria y Constitución han sido traicionadas a manos de un partido construido desde abajo y corrompido desde arriba: el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se equivocan, sin embargo, quienes buscan en esa entelequia al culpable de la ignominiosa masacre de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La burocracia perredista no se compone sino de viles operadores de los peores intereses neoliberales. Hoy los verdaderos dueños de las rentas políticas y económicas del estado se encuentran en el príismo caciquil y mafioso gestado durante las décadas de los años 70 con la guerra sucia y hoy abiertamente coludido con el crimen organizado.
En Guerrero, los apellidos Figueroa, Aguirre, Ruiz Massieu, Juárez Cisneros y otros más evocan lo mismo que los apellidos Hank González, Montiel Rojas, Peña Nieto, Del Mazo y Chuayffet en el estado de México. Ambos conjuntos de familias, el grupo Atlacomulco y la cofradía de los caciques guerrerenses, nunca han respetado las reglas de la democracia y siempre han mostrado un profundo desprecio para el pueblo mexicano. Ambos grupos son los verdaderos culpables de esta barbarie.

Los heroicos estudiantes de Ayotzinapa representan el último reducto de quienes han defendido lo que consagra la Constitución: una educación pública, laica y gratuita. Frente al neoliberalismo y la privatización devastadora, los jóvenes guerrerenses han representado con esmero el espíritu de lucha revolucionaria, cardenista y campesina, esa superioridad moral de la educación humanista que está siendo hoy hostigada con la represión y la muerte.

Son risibles las cobardes declaraciones del Presidente de la República delegando la responsabilidad en el gobernador, y éste a su vez ofreciendo un millón de pesos para encontrar al alcalde de Iguala. En el ridículo juego a la papa caliente que Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero están escenificando, ambos repiten como loros el famoso ¿y yo por qué? foxista. La pirámide de corrupción e irresponsabilidad parecería funcionar así: a. El presidente priísta le echa la culpa a b. el gobernador perredista, y éste a su vez responsabiliza a c., el alcalde narcotraficante. Eureka, parecen gritar los políticos corruptos: la casa de la corrupción pública se ha salvado porque la responsabilidad ha caído en el ámbito privado, en donde no habría necesidad alguna por rendir cuentas ni ofrecer justicia a nadie.
En eso consiste el verdadero proyecto neoliberal: el vaciamiento del Estado para convertirlo en una fábrica de empobrecimiento, desempleo, violencia y convulsión económica y social, y lo mejor de todo para ellos, sin ninguna necesidad de rendir cuentas. La entrega de pedazos del territorio nacional a los narcotraficantes constituye la contracara del reparto de las reservas petroleras a las trasnacionales rapaces.
Quien ya se frota las manos para recibir la corona neoliberal es el desprestigiado saltimbanqui de Armando Ríos Piter. Este antiguo funcionario foxista y ex asesor de Francisco Gil Díaz, a quien le encanta departir y convivir con Peña Nieto y Emilio Gamboa Patrón, tiene claros vínculos con los peores intereses del estado y una convicción neoliberal a prueba de todo. La llegada de una persona de este perfil a la gubernatura del estado solamente podría empeorar la situación. El estado de derecho yace masacrado en nuestro país, no en.... Para terminar de leer el artículo pulse aquí