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viernes, 9 de octubre de 2015

PRESENTACIÓN DE LIBRO: Interés Público y Asociaciones Público-Privadas (Miércoles 14 de octubre, 17 hrs, Casa de las Humanidades)

El libro analiza la forma en la que las funciones "públicas" y de gobierno de la más alta importancia están siendo claramente absorbidas por corporaciones privadas, contratistas independientes o entidades cuasi-gubernamentales que han terminado por eclipsar al Estado sin mayor obligación por rendir cuentas. En nuestro libro se documentan la naturaleza opaca y de secretismo con la que se manejan los servicios “público-privados” en la nueva era de la información, lo que abre graves riesgos de abuso de poder e impunidad contra la sociedad.


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 Dálida Acosta e Isabel Salat: 5622 7400 ext 326

viernes, 5 de diciembre de 2014

Ayotzinapa y la privatización de los aparatos represivos (Revolución Tres Punto Cero, 1 Dic. 2014)

Uno de los logros principales del movimiento de Ayotzinapa radica en haber demostrado que la corrupción es un fenómeno estructural que no se resolverá con simples “cambios de gabinete”, como lo ha dicho claramente Omar García. Hoy ya nadie puede seguir sosteniendo que la corrupción es una “debilidad de orden cultural… un tema casi humano que ha estado presente en la historia de la humanidad”, como lo declaró con su típico estilo cantinflesco Enrique Peña Nieto el pasado 20 de agosto. Los mexicanos nos hemos levantado para exigir la solución de un problema que no es cultural, intrínsecamente humano o metafísico, sino estrictamente político y social.

En todo caso la “cultura” que vinculada a la corrupción no sería la cultura humana en general ni mucho menos la mexicana en particular, sino precisamente la cultura de la impunidad priista que ha signado la política desde el sexenio de Miguel Alemán Velasco, el primer presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), iniciador conspicuo de la colusión público-privada al servicio de la corrupción estructural.

La corrupción que hoy tiene a nuestro país al borde del abismo, se encuentra íntimamente vinculada al neoliberalismo depredador. Con mucha razón el proyecto político de articulación antineoliberal que Ayotzinapa representa rechaza abiertamente las reformas educativa, energética, laboral, y de (in)justicia que fueron impuestas de forma antipopular por Peña Nieto en sus primeros meses de uso y usufructo de la presidencia comprada.

La entrega de pedazos del territorio nacional a los narcotraficantes constituye la otra cara de la moneda del reparto de las reservas petroleras a las trasnacionales rapaces. No es ninguna coincidencia que la creciente privatización y deshumanización de la guerra y las operaciones militares ocurra con más intensidad en aquellas regiones en donde se extiende y crece la resistencia de las poblaciones civiles, como pasa hoy en Guerrero y en vastas zonas de nuestro país.

No es gratuito a este respecto que cada vez con mayor intensidad los caciques y empresarios vinculados al poder y el narcoestado, contraten pistoleros privados y guardias personales para asegurar su dominio sobre las poblaciones civiles con objeto de seguir amedrentando y lucrando con los recursos de las comunidades del sur, como acontece en la región de La Parota en Guerrero. Recientemente, por ejemplo, cuatro personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas en un enfrentamiento entre pistoleros al servicio de los dueños de la gravillera “Kimbar” e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop).

Un elemento central del proyecto neoliberal es precisamente la privatización de los aparatos represivos a través de empresas militares de factura estadounidense tipo Kellog, Brown & Root, Halliburton y BlackWater entre otras corporaciones que sin ningún escrúpulo, ideología, moral o respeto alguno por los derechos humanos, actúan vendiéndose al mejor postor para el lucrativo negocio de la guerra. EE.UU. es el referente por excelencia de este fenómeno. A nivel internacional su ejército opera a través de la colonización de todas sus tareas por mercenarios internacionales, que sustituyen a los soldados en las misiones bélicas con objeto de evadir la justicia internacional para responder por abusos y arbitrariedades.

Pero esta receta privatizadora no ha quedado circunscrita a la jurisdicción estadounidense. En el marco de la creciente intervención norteamericana en América Latina a través del repudiado “Plan Colombia” y en nuestro país con la funesta “Iniciativa Mérida”, las actividades de corporaciones militares privadas han sido cada vez más generalizadas y abiertas e incluso los presupuestos llegan a etiquetarse para asignar contratos a este tipo de corporaciones. Si con Calderón se iniciaron ya la puesta en marcha de las cárceles privadas, con su heredero Peña Nieto se buscará consolidar la abierta incursión de empresas militares trasnacionales y de seguridad privada. En los hechos el nuevo “decálogo para la seguridad” que en la víspera el gobierno ha dado a conocer, encierra este mismo proyecto privatizador y entreguista de los aparatos represivos a contratistas privados e internacionales dado que toda centralización de la seguridad y la creación de las 32 nuevas corporaciones policiacas anunciadas por Peña Nieto, exigirán asignación de millonarios contratos para las innumerables tareas de seguridad y control policiaco con los evidentes riesgos en materia de derechos humanos, opacidad, y abuso de los recursos públicos para nuestros país.

Ya existen voces incluso que han llegado a sugerir que el monstruoso asesinato del estudiante Julio César Mondragón fue ejecutado precisamente por.... Si quiere seguir leyendo oprima aquí

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Entrevista con Irma Eréndira Sandoval especialista de la UNAM y profesora visitante de Sciences Po. Paris (Radio Francia Internacional - Español VIERNES 28 NOVIEMBRE 2014)



Tras semanas de protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto anunció diez medidas para luchar contra el narcotráfico, la violencia y la corrupción. Sin embargo, las organizaciones de Derechos Humanos se muestran escépticas en cuanto a la eficiencia de estas medidas y a su real puesta en práctica. Entrevista en exclsuiva con: Nicomedes Fuentes, ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) e Irma Eréndira Sandoval, especialista en Corrupción y Transparencia del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora visitante de Sciences Po. Paris

Para escuchar entrevista y leer Artículo completo oprima aquí






jueves, 9 de enero de 2014

Transparencia Edulcorada (El Norte, 9 de Enero, 2014)

Los recientes resultados del Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información de la Organización Artículo 19 muestran un patrón de mediocridad y fracaso de las instituciones supuestamente al servicio de la transparencia.

Más del 80 por ciento de los institutos del País funcionan subordinados políticamente a los Gobiernos estatales, y operan burocratizando, retrasando y, en muchos casos, ocultando de forma abierta la información pública.

Las muy pocas entidades que "aprueban" en este índice lo hacen mediocremente y entre ellas figuran estados tan controversiales como Nuevo León -con todo y su exponencial deuda pública, sobre la que hace una semana el Gobernador Rodrigo Medina vetó 10 reformas para transparentarla y regularla-, así como Puebla, Durango y otros más cuya probidad gubernamental ha sido puesta en duda.

Recientemente el SAT, que se encuentra en franco desacato de las disposiciones del IFAI para dar a conocer la identidad de los beneficiarios de los multimillonarios créditos fiscales que por regla general han sido brindados a poderosos monopolios y personas morales, en una tramposa aplicación "a contentillo" de su propio concepto de transparencia, ha hecho públicos nombres y apellidos de personas físicas supuestamente no localizables que constituyen contribuyentes morosos menores, violentando de forma directa su privacidad.

Una vez más es la lógica hipócrita del "justicia y gracia" -y ahora también "protección de datos"- para mis amigos y "para los enemigos todo el peso de la ley". Todo esto es el resultado lógico del triunfo de una visión simuladora de la transparencia: un proyecto burocratizante, edulcorado y orientado hacia las relaciones públicas de los Gobiernos.

La razón principal por la que México no ha podido dar cabal cumplimiento a las promesas modernizadoras que presagiaba la abortada transición democrática ha sido precisamente la prevalencia de tal concepción.

El retorno del PRI a la Presidencia exhibe de manera ejemplar esta visión simuladora. Después del fiasco del 15 de enero de 2013, cuando el Presidente Peña Nieto no sólo confunde el nombre del órgano garante de transparencia a nivel federal, sino que realiza el anuncio "histórico" de hacer pública una "declaración de bienes" -incompleta y escasa que contenía sólo su salario y una lista de casas, terrenos y otras posesiones declaradas como "donaciones"-, el Mandatario tenía que hacer algo más para mostrar su declarado "compromiso con la transparencia".

Sin embargo, las dos nuevas propuestas en materia de rendición de cuentas presentadas por Peña Nieto resultaron igual de fallidas.

La primera medida en materia de transparencia, hoy ya aprobada por el Congreso bajo el falso discurso de dotar de "autonomía" a la institución encargada de garantizar el derecho a la información, centralizará en los hechos el control político del IFAI en manos.... Para seguir leyendo el artículo oprima aquí

viernes, 26 de abril de 2013

Mexico: Taking down 'The Teacher' - Inside Story Americas - Al Jazeera English

Mexico arrested Elba Esther Gordillo on suspicion of embezzling $200 million of union funds and using intermediaries to move money to bank accounts in Switzerland and Liechtenstein, then back to the United States, in order to buy property in San Diego and pay for works of art and plastic surgery.


Known as La Maestra or 'The Teacher', Gordillo headed the National Union of Education Workers or SNTE, which is estimated to have 1.5 million members.
Watch AlJazeera

It is a significant voting bloc in Mexico and with Gordillo's backing - it helped to swing a close presidential election in Felipe Calderon's favor in 2006.

Gordillo's arrest is a political move and has to do with a settlement of accounts more than with accountability


Mexico: Taking down 'The Teacher' - Inside Story Americas - Al Jazeera English

miércoles, 20 de junio de 2012

"Neoliberalismo" y enfoques estructurales de la corrupción. El caso del rescate bancario de México (DERECOM, Revista Online Especializada en Derecho de la Comunicación, No 10, Junio-Agosto 2012)

Introduccion
La economía y la política no pueden ser entendidas como esferas separadas o autónomas. A lo largo de la historia, los sistemas de poder y dominación han estado íntimamente entrelazados con los sistemas de producción y explotación. Esta interpenetración de esferas es lo que está en el corazón del concepto original de economía política. Un gran número de estudios sobre el Estado tratan desafortunadamente a la economía y la política como esferas relacionadas entre sí, pero diferentes. De hecho, esta tendencia emerge de una división metodológica aún más pronunciada entre las disciplinas de la ciencia política y la economía, que las lleva a competir para ver cual  de ellas empuja con mayor fuerza el estudio de las temáticas de la economía política sobre el terreno de la otra, lo que de manera desafortunada deja atrapadas entre estas dos espadas disciplinarias las respuestas a las importantes cuestiones de la economía política. A diferencia de esto, aquí reivindicaremos el campo de estudio de la economía política, al trazar los diversos y constantes vínculos entre lo que erróneamente se ha considerado ‘aspectos puramente políticos’ y ‘fenómenos puramente económicos’ de las dinámicas sociales.
Las reflexiones que aquí ofreceremos apuntan hacia una mejor comprensión de las dinámicas políticas subyacentes al proceso de toma de decisiones financieras en las democracias emergentes. Para ello desarrollamos una comparación configuracional de tres coyunturas decisivas de la historia financiera del México contemporáneo: la nacionalización, la reprivatización y el rescate bancario. Ello nos llevará a desmitificar el concepto del “neoliberalismo” y cuestionar seriamente aquella posición que lo presenta como la férrea aplicación de una estricta ortodoxia económica que exige el retiro del Estado y que blinda el manejo de los asuntos económicos de los intereses políticos en juego.
Si analizamos la nacionalización, la privatización, el rescate o la extranjerización bancaria, veremos que el hilo conductor de las políticas establecidas en materia financiera en México desde principios de los años ochenta, jamás ha implicado fidelidades a ortodoxias económicas de ningún tipo. El proceso de toma de decisiones en nuestro país ha reflejado sobre todo, la emergencia de una alianza política de burócratas y funcionarios de alto nivel con una nueva élite financiera vinculada a los mercados internacionales. Por ello sostenemos que el Estado nunca se ha retirado, sino únicamente reconfigurado, y el rentismo y la corrupción que se asociaba a etapas previas al “neoliberalismo” no se han reducido sino antes bien expandido y profundizado.
Para demostrar lo anterior propopnemos tres hipótesis.  Primero, que en el diseño de la política financiera los “intereses” han sido siempre más importantes que las “ideas” o las “instituciones”. Segundo, que la variable más importante para explicar los niveles de corrupción y rentismo de los sistemas políticos siempre será la incertidumbre política por la que atraviese un régimen antes que el tipo de régimen en sí mismo. Y tercero, que el pluralismo y la transparencia trabajan a favor de soluciones definitivas y duraderas para enfrentar las crisis económicas y políticas.
En este capítulo se divide en tres appartados. En prmier término resumimos las distintas coyunturas financieras analizadas estudiadas engarzadas a nuestras tres hipótesis específicas sobre la relación de los binomios  intereses vs. ideas, incertidumbre política vs. tipo de régimen, y pluralismo vs. permanencia para concluir con una disquisición sobre nuestro concepto de intervencionismo neoliberal en su relación con la política o el accionar de las  coaliciones distributivas.
En un segundo momento señalamos las contribuciones que nuestras tres hipótesis específicas podrían ofrecer al debate más general acerca del rol del Estado en el mundo “globalizado”. Y en la tercera parte del capítulo, ofrecemos algunas reflexiones finales sobre la formulación y diseño de las políticas públicas en materia financiera.

miércoles, 14 de marzo de 2012

"Réquiem a lo público" (La Jornada, 14 Marzo, 2012)

A la memoria de mi tío Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, guerrerense del mundo.

La ominosa propuesta del Partido Verde Ecologista de privatizar cárceles y prisiones se inserta en la lógica rentista y depredadora de lo público que ha dejado desde hace 30 años la economía nacional en la ruina. La situación de horror que cotidianamente se vive en los centros penitenciarios y que en días pasados se manifestó con suma crueldad en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, no se debe a su gestión pública, sino precisamente a que los gobiernos federal y locales han abdicado a la rectoría estatal en favor de actores privados y poderes fácticos. Está demostrado, además, que las prisiones privadas tienden a ser más violentas y corruptas que las públicas, operan con personal mal capacitado, de bajos salarios y con una alta rotación, lo que hace que el trato hacia los reos muestre continuos abusos a sus derechos humanos más básicos.

Este tipo de iniciativas hoy encuentran su máxima expresión en la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), firmada por Felipe Calderón el pasado 16 de enero. Esta ley implica la consolidación del proyecto neoliberal que ha gobernado el país mediante corruptas e ineficientes privatizaciones que desde los años 90 Carlos Salinas usó para dar poder a amigos, monopolizar mercados y destruir la competencia y la competitividad de la economía. Hoy la LAPP demuestra que, más allá de los diferendos electorales coyunturales, los gobiernos de PRI y PAN han compartido un solo proyecto de desgobierno nacional.

La LAPP constituye la subordinación absoluta del interés público a las directrices de los intermediarios financieros e implica la institucionalización de la deuda, la ilegalidad y la corrupción. La reforma permite...

ARTICULO COMPLETO DISPONIBLE EN LA JORNADA

jueves, 29 de diciembre de 2011

"Jalisco: regreso a la opacidad" (El Universal, 28 Diciembre 2011)



La aprobación unánime de una nueva Ley de Información Pública en Jalisco demuestra que cuando se trata de cerrar filas en torno a la opacidad no hay división ideológica ni partidista que valga. Fruto de un albazo legislativo en donde se tiran por la borda más de cinco años de ricos e intensos debates y discusiones con expertos nacionales e internacionales, la reforma también dejó fuera la opinión de los mismos comisionados del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad. 
La nueva legislación arremete contra el espíritu de rendición de cuentas presente en la anterior ley y en la Constitución Política del Estado de Jalisco. Entre el rosario de graves retrocesos destaca el hecho que podría desatar procesos persecutores en contra de periodistas, investigadores y ciudadanos. Estos se convierten en “delincuentes” cuando difunden, divulgan o publican “información pública reservada o clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente”. Así, de la noche a la mañana una ley supuestamente diseñada para facilitar el libre flujo de la información, se convierte en una arma más para que el gobierno pueda reprimir y limitar la libertad de expresión.
La nueva Ley también cierra la llave de acceso a documentos públicos con un amplio repertorio de nuevas "reservas" redactadas de manera capciosa para prohibir el acceso ciudadano a cualquier información que pudiera afectar los intereses de la clase política o el ....

domingo, 13 de noviembre de 2011

"Simulación certificada" (El Universal, 13 de noviembre 2011)

La escaramuza de Felipe Calderón con los gobernadores y el jefe de Gobierno respecto a la certificación policiaca sólo busca levantar polvo electoral para tapar el hecho de que ninguna de las partes está a la altura del gran reto del combate de la corrupción. La aplicación de evaluaciones de control de confianza no podrá por sí sola remediar la enorme debilidad estructural de la policía. Además, si esta política continúa falta de una verdadera estrategia integral de desarrollo profesional y control externo, la obstinación con la famosa “certificación” podría agravar la impunidad y simulación prevalecientes en las fuerzas del orden.

De acuerdo con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, absolutamente todos los elementos policiacos deben quedar certificados a más tardar el tres de enero de 2013, o de lo contrario, quedarán despedidos. Sin embargo, gobernadores y presidentes municipales han avanzado a paso de tortuga en este proceso. Del universo de 458 mil 816 policías estatales y municipales, solamente 71 mil 79 han sido evaluados. De éstos, sólo 35 mil 851 han aprobado, así que hoy únicamente 7.81% del total de los policías en activo se encuentra certificado.


Este atraso caracteriza por igual a estados gobernados por el PRI, el PAN o el PRD. Guerrero, Veracruz, Estado de México, DF, Nuevo León y Jalisco, todos cuentan con un avance menor a 25%. Los gobernadores están perfectamente conscientes de la corrupción que corroe a sus instituciones de seguridad y no quieren correr el peligro de quedarse sin policías en enero de 2013. Pero en lugar de buscar estrategias alternativas para resolver la situación...

ARTICULO COMPLETO DISPONIBLE EN EL UNIVERSAL

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Seminario: Información Pública y Poderes Fácticos



Programa
Miércoles 23 de Noviembre 2011
10:00 hrs.
Inauguración
Dra. Rosalba Casas, Directora Instituto Investigaciones Sociales-UNAM
10:15 hrs.
Mesa I: Poderes Fácticos, Lavado de Dinero y Transparencia

Dra. Irma Eréndira Sandoval, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM
Sen. Pablo Gómez, Senador de la Ciudad de México
Dra. Perla Gómez Gallardo, Univ. Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa
Dip. Mario di Costanzo, Diputado Federal LXI Legislatura
Modera: Dra. Silvia Inclán, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

12:00 hrs.
Mesa II: Opacidad Financiera y Empresarial

Dr. Edgardo Buscaglia, Instituto Tecnológico Autónomo de México
Dra. Eugenia Correa, Posgrado Facultad de Economía, UNAM
Dr. Wesley Marshall, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
Mtro. Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana
Modera: Dr. Marcos Cueva Perus, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM


Jueves 24 de Noviembre 2011
10:00 hrs.
Mesa III: Ley de Asociaciones Público-Privadas

Dip. Laura Itzel Castillo, Diputada Federal, LXI Legislatura
Dra. Asa Cristina Laurell, Centro d Análisis y Estudios de la Seg. Social
Mtro. Joel Herrera, Univesidad Autónoma de la Ciudad de México 
Dr. Jorge Witker, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM
Modera: Dr. Ricardo Pozas Horcasitas, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM



12:00 hrs.
Mesa IV: Interés y Dinero Público vs. Rentas Privadas

Mtra. Purificación Carpinteyro, Ex Subsecretaria de Comunicaciones
Dra. Florence Toussaint, Fac. Ciencias Polìticas y Sociales-UNAM
Mtro. Miguel Pulido, Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Dr. Francisco Ibarra Palafox, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM
Modera: Dra. Irma Eréndira Sandoval, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Informes e inscripciones:
Gregorio González 5622 7400 Ext. 326
Se entregará constancia con valor curricular. Entrada Libre

domingo, 20 de febrero de 2011

"Transparencia a juicio" (El Universal, 20 de febrero, 2011)

¿Nuestro derecho de acceso a la información pública sigue vigente o está condenado a correr la misma suerte de otras garantías constitucionales que en la práctica han quedado en letra muerta? En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que pronunciarse sobre una serie de casos históricos que determinarán nada menos que el futuro de la transparencia en el país.

Entre ellos destacan: 1) la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH en contra de las reformas al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que cancela el acceso ciudadano a las averiguaciones previas; 2) la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Transparencia del Estado de Campeche que permiten apelar las decisiones de la Comisión de Transparencia local ante el Tribunal Judicial estatal; 3) el amparo presentado por dos ONG en contra de la negativa de la PGR a entregar una versión pública de la averiguación previa de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en relación con la desaparición de Rosendo Radilla en los años 70; y 4) el amparo presentado por Fundar en contra del desacato del SAT a una resolución del IFAI que le ordenaba entregar información sobre montos, motivos y recipiendarios de créditos fiscales de 2007.

Lo que está en juego en todos y cada uno de estos casos es nuestro derecho a saber. Si la SCJN rechaza las “acciones de inconstitucionalidad” no solamente estaría cooperando con la tradicional opacidad de la PGR, y obstaculizando el acceso a información pública en el estado de Campeche, sino que propinaría una estocada de muerte al sexto constitucional. Asimismo, si la Corte niega los amparos ciudadanos, ello abonaría no únicamente a la ignorancia e impunidad de uno de los pasajes de mayor oprobio de nuestra historia: la guerra sucia, y a la típica colusión del poder y el dinero, sino que también convertiría las “resoluciones” de los institutos de transparencia del país en meras “recomendaciones” sin mayor robustez legal o poder vinculatorio...

ARTICULO COMPLETO DISPONIBLE EN EL UNIVERSAL

lunes, 24 de enero de 2011

"Embate al periodismo" (El Universal, 23 de enero 2011)

La libre expresión, regla de oro de toda sociedad democrática, está en peligro. Así lo demuestra la reciente sentencia judicial en contra de la revista Contralínea por la publicación de reportajes que documentan actos de corrupción y conflictos de interés en el otorgamiento de los contratos de Pemex. Con esta decisión, los tribunales del país se colocan por encima de las mesas de redacción de periódicos y revistas para decidir lo que puede ser considerado información publicable.

Nos encontramos en un nuevo estadio de la tradicional intimidación al periodismo de investigación. México es, vergonzosamente, la nación récord en cuanto al número de periodistas ultimados en sus tareas profesionales. Recordemos las recientes agresiones a El Sur,  la revista Proceso y otros medios críticos del poder.

ARTICULO COMPLETO DISPONIBLE AQUI

martes, 14 de diciembre de 2010

"WikiLeaks y corrupción financiera" (El Universal, 14 diciembre 2010)

La banca estadounidense ya tiene sus barbas a remojo después del sismo político y diplomático producido por el cablegate de WikiLeaks en días pasados, sobre todo a partir del caballeroso anuncio de Julian Assange que adelanta el siguiente golpe: la corrupción financiera global. Sin embargo, en México los barones del dinero, como dignos representantes del parroquialismo neoliberal y la vernácula corrupción, continúan actuando a sus anchas y siguen creyendo que su impunidad y desparpajo serán eternos.

Carlos Salinas de Gortari entregó el control de la banca a una pandilla de “casabolseros” que, de forma irresponsable, lucró y especuló con el dinero de todos los mexicanos. ¿Tenían los señores experiencia bancaria? No. ¿Contaban con gran prestigio y probidad? Tampoco. ¿Tenían suficiente dinero para la gran compra? Menos. Lo único que realmente tenían estos “empresarios” de nuevo cuño que se colaron al sistema financiero con el falso boleto de los “negocios bursátiles”, era una clara cercanía personal y política al que les repartió el pastel: su amigo Salinas de Gortari.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50976.html

lunes, 6 de diciembre de 2010

"PAN: gobiernos oscuros" (Entrevista en Revista Contralinea, 5 de diciembre, 2010)

La doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, especialista en transparencia y rendición de cuentas, advierte que si bien este tipo de mediciones sirve como “termómetros de ciertas tendencias, hay que tener cuidado con las metodologías, porque están poniendo el acento en ciertos factores que se consultan”.

En opinión de Sandoval Ballesteros, la opacidad en materia presupuestaria no sólo puede advertirse en el tipo de información que se publica, sino también en aquélla que el gobierno federal sigue reticente a entregar: información sobre exenciones fiscales, créditos y devoluciones, así como el constante desvío de fondos que presenta la administración pública federal.

Para texto completo de la entrevista haz "clic" aquí