"Jalisco: regreso a la opacidad" (El Universal, 28 Diciembre 2011)

La aprobación unánime de una nueva Ley de Información Pública en Jalisco demuestra que cuando se trata de cerrar filas en torno a la opacidad no hay división ideológica ni partidista que valga. Fruto de un albazo legislativo en donde se tiran por la borda más de cinco años de ricos e intensos debates y discusiones con expertos nacionales e internacionales, la reforma también dejó fuera la opinión de los mismos comisionados del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad. 

La nueva legislación arremete contra el espíritu de rendición de cuentas presente en la anterior ley y en la Constitución Política del Estado de Jalisco. Entre el rosario de graves retrocesos destaca el hecho que podría desatar procesos persecutores en contra de periodistas, investigadores y ciudadanos. Estos se convierten en “delincuentes” cuando difunden, divulgan o publican “información pública reservada o clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente”. Así, de la noche a la mañana una ley supuestamente diseñada para facilitar el libre flujo de la información, se convierte en una arma más para que el gobierno pueda reprimir y limitar la libertad de expresión.

La nueva Ley también cierra la llave de acceso a documentos públicos con un amplio repertorio de nuevas "reservas" redactadas de manera capciosa para prohibir el acceso ciudadano a cualquier información que pudiera afectar los intereses de la clase política o el ....

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Entrevista Irma Eréndira Sandoval en Antena Radio con Mario Campos, 23 Febrero 2011

Entrevista Irma Eréndira Sandoval

"Simulación certificada" (El Universal, 13 de noviembre 2011)

La escaramuza de Felipe Calderón con los gobernadores y el jefe de Gobierno respecto a la certificación policiaca sólo busca levantar polvo electoral para tapar el hecho de que ninguna de las partes está a la altura del gran reto del combate de la corrupción. La aplicación de evaluaciones de control de confianza no podrá por sí sola remediar la enorme debilidad estructural de la policía. Además, si esta política continúa falta de una verdadera estrategia integral de desarrollo profesional y control externo, la obstinación con la famosa “certificación” podría agravar la impunidad y simulación prevalecientes en las fuerzas del orden.

De acuerdo con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, absolutamente todos los elementos policiacos deben quedar certificados a más tardar el tres de enero de 2013, o de lo contrario, quedarán despedidos. Sin embargo, gobernadores y presidentes municipales han avanzado a paso de tortuga en este proceso. Del universo de 458 mil 816 policías estatales y municipales, solamente 71 mil 79 han sido evaluados. De éstos, sólo 35 mil 851 han aprobado, así que hoy únicamente 7.81% del total de los policías en activo se encuentra certificado.

Este atraso caracteriza por igual a estados gobernados por el PRI, el PAN o el PRD. Guerrero, Veracruz, Estado de México, DF, Nuevo León y Jalisco, todos cuentan con un avance menor a 25%. Los gobernadores están perfectamente conscientes de la corrupción que corroe a sus instituciones de seguridad y no quieren correr el peligro de quedarse sin policías en enero de 2013. Pero en lugar de buscar estrategias alternativas para resolver la situación...

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"Impunidad democrática" (El Universal, 12 de junio, 2011)

Sabemos bien que Jorge Hank Rhon y Pablo Salazar Mediguchía no son los únicos políticos “con cola que les pisen”. En el México de la impunidad democrática, el abuso de autoridad para acumular recursos y poder no es la excepción sino la regla y se manifiesta por igual entre todos los partidos. Lo excepcional de los políticos detenidos no son sus delitos sino que sean llamados a cuentas.

Pero seguramente ni el ex alcalde de Tijuana, ni el ex gobernador de Chiapas serán sentenciados por los endebles delitos que se les imputan. Más temprano que tarde los hallaremos paseando junto con otros políticos impunes como Raúl Salinas, Oscar Espinosa, Mario Marín, Ulises Ruiz, Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Zeferino Torreblanca, Amalia García, Sergio Estrada, Martha Sahagún y Fidel Herrera, por mencionar algunos casos emblemáticos.

La rendición de cuentas es una deuda del sistema de procuración de justicia. Hoy por hoy, lo que determina la suerte de una investigación criminal no es el profesionalismo o independencia de los MP, sino las órdenes de “sus superiores”, que deciden si el caso se resuelve o se archiva según las necesidades políticas del momento.

La total opacidad de la PGR y de las 32 procuradurías estatales, impiden cualquier escrutinio público, lo que permite el uso faccioso de la ley. El inconstitucional Art. 16 de Código Federal de Procedimientos Penales ha cerrado el acceso a las averiguaciones previas. Asimismo, las denuncias en contra de los funcionarios de procuración de justicia se archivan tan rápido como se reciben. Por ejemplo, la Visitaduría General de la PGR, área responsable de investigar la corrupción dentro de la institución, tendría que contar con un robusto apoyo financiero así como una fuerte protección política para poder fungir como punta de lanza para una limpia general. Pero en los hechos esta oficina ha quedado totalmente relegada durante los cuatro años de la “guerra” de Felipe Calderón. Una situación similar ocurre con las oficinas correspondientes en las 32 entidades federativas. Simplemente no existe un sistema de control interno, externo o ciudadano en la procuración de justicia del país...

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"La primavera de Mayo en Madrid" (El Universal, 25 de Mayo 2011)

La valentía, imaginación política y fraternidad de los miles de participantes en el movimiento del 15 de Mayo surgido en Madrid y otras capitales españolas, constituyen el más bello homenaje que pudo haberse organizado al 80 Aniversario de la República Española. Todos los discursos huecos preparados para la ocasión por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los partidos y actores políticos tradicionales fueron rebasados por el entusiasmo y clarividencia de una juventud que sabe que “un mundo mejor es imperativo”.

Una tendencia similar ocurre en nuestro país. Más allá de la indiferencia, desgano y posibles irregularidades que marcaron la organización por el gobierno federal de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, cuyo costo ascendió a más de 45 millones de dólares, el verdadero homenaje a estas gestas históricas está siendo desplegado por el emergente movimiento por la paz con justicia y de repudio a la criminal guerra de exterminio del pueblo mexicano. Como en los tiempos de la Revolución mexicana, el norte del país se vuelve epicentro hoy de la transformación social y la consigna de “Todos somos Ciudad Juárez” adquiere una resonancia fundamental.

Así como en Madrid los jóvenes rechazan un bipartidismo que simula una aparente confrontación ideológica para esconder la total coincidencia en las decisiones fundamentales de sometimiento al poder del capital financiero, en México estamos ante la emergencia de un movimiento de nuevo signo y que rechaza a las tres principales fuerzas electorales...

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"Transparencia a juicio" (El Universal, 20 de febrero, 2011)

¿Nuestro derecho de acceso a la información pública sigue vigente o está condenado a correr la misma suerte de otras garantías constitucionales que en la práctica han quedado en letra muerta? En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que pronunciarse sobre una serie de casos históricos que determinarán nada menos que el futuro de la transparencia en el país.

Entre ellos destacan: 1) la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH en contra de las reformas al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que cancela el acceso ciudadano a las averiguaciones previas; 2) la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Transparencia del Estado de Campeche que permiten apelar las decisiones de la Comisión de Transparencia local ante el Tribunal Judicial estatal; 3) el amparo presentado por dos ONG en contra de la negativa de la PGR a entregar una versión pública de la averiguación previa de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en relación con la desaparición de Rosendo Radilla en los años 70; y 4) el amparo presentado por Fundar en contra del desacato del SAT a una resolución del IFAI que le ordenaba entregar información sobre montos, motivos y recipiendarios de créditos fiscales de 2007.

Lo que está en juego en todos y cada uno de estos casos es nuestro derecho a saber. Si la SCJN rechaza las “acciones de inconstitucionalidad” no solamente estaría cooperando con la tradicional opacidad de la PGR, y obstaculizando el acceso a información pública en el estado de Campeche, sino que propinaría una estocada de muerte al sexto constitucional. Asimismo, si la Corte niega los amparos ciudadanos, ello abonaría no únicamente a la ignorancia e impunidad de uno de los pasajes de mayor oprobio de nuestra historia: la guerra sucia, y a la típica colusión del poder y el dinero, sino que también convertiría las “resoluciones” de los institutos de transparencia del país en meras “recomendaciones” sin mayor robustez legal o poder vinculatorio...

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"Embate al periodismo" (El Universal, 23 de enero 2011)

La libre expresión, regla de oro de toda sociedad democrática, está en peligro. Así lo demuestra la reciente sentencia judicial en contra de la revista Contralínea por la publicación de reportajes que documentan actos de corrupción y conflictos de interés en el otorgamiento de los contratos de Pemex. Con esta decisión, los tribunales del país se colocan por encima de las mesas de redacción de periódicos y revistas para decidir lo que puede ser considerado información publicable.

Nos encontramos en un nuevo estadio de la tradicional intimidación al periodismo de investigación. México es, vergonzosamente, la nación récord en cuanto al número de periodistas ultimados en sus tareas profesionales. Recordemos las recientes agresiones a El Sur,  la revista Proceso y otros medios críticos del poder.

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"WikiLeaks y corrupción financiera" (El Universal, 14 diciembre 2010)

La banca estadounidense ya tiene sus barbas a remojo después del sismo político y diplomático producido por el cablegate de WikiLeaks en días pasados, sobre todo a partir del caballeroso anuncio de Julian Assange que adelanta el siguiente golpe: la corrupción financiera global. Sin embargo, en México los barones del dinero, como dignos representantes del parroquialismo neoliberal y la vernácula corrupción, continúan actuando a sus anchas y siguen creyendo que su impunidad y desparpajo serán eternos.

Carlos Salinas de Gortari entregó el control de la banca a una pandilla de “casabolseros” que, de forma irresponsable, lucró y especuló con el dinero de todos los mexicanos. ¿Tenían los señores experiencia bancaria? No. ¿Contaban con gran prestigio y probidad? Tampoco. ¿Tenían suficiente dinero para la gran compra? Menos. Lo único que realmente tenían estos “empresarios” de nuevo cuño que se colaron al sistema financiero con el falso boleto de los “negocios bursátiles”, era una clara cercanía personal y política al que les repartió el pastel: su amigo Salinas de Gortari.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50976.html

"Corrupción: otra vez reprobados" (El Universal, 8 de noviembre de 2010)

La calificación de 3.1 que México recibió en materia de corrupción por parte de Transparencia Internacional (TI), es efectivamente una "vergüenza" para el país. Nos encontramos al borde del colapso, precisamente por la falta de acción en esta materia. Felipe Calderón culpa a Vicente Fox por no haber combatido al narcotráfico, pero hoy es Calderón quien entregará a su sucesor un aparato gubernamental completamente podrido por el cáncer de la corrupción.

El secretario de la Función Pública cínicamente reinterpreta su fracaso de la misma manera en que su jefe justifica su derrota en matera de seguridad pública. "Si ven polvo, es porque limpiamos la casa", escribió Calderón en Le Monde. Salvador Vega, por su parte, ha declarado: "Existe la percepción de que la corrupción aumenta, pero en realidad lo que está aumentando es el combate a este tipo de actos".

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, también minimiza el problema al señalar que, a pesar de que México ha vuelto a reprobar en el índice, "los niveles de inversión a México siguen llegando de manera continua". El único problema es que a pesar de este supuesto continuo flujo de "inversiones", la economía mexicana simplemente no crece. De acuerdo con datos recientes ofrecidos por la CEPAL, México presenta uno de los desempeños más pobres de toda la región latinoamericana.

 
Texto completo del artículo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50536.html

"Consejeros vigilados" (El Universal, 13 de octubre de 2010)

A mi padre, Pablo Sandoval Ramírez, a diez años de su partida.

Ha terminado la época en que podíamos confiar en la responsabilidad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) para defender las causas ciudadanas y tutelar el interés público. Hoy, como nunca, es necesario someter a los funcionarios electorales a un estricto régimen de vigilancia y control ciudadano para asegurar que cumplan con la ley.

El actual proceso de renovación de tres integrantes del Consejo General del IFE constituye una excelente oportunidad para iniciar este proceso. Todo parece indicar que, una vez más, los diputados federales privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de la independencia o las capacidades de los candidatos. Pero habría que pasar de los lamentos a la acción.

Desde ahora tenemos que exigir a los candidatos que firmen una serie de compromisos muy concretos sobre cómo se comportarán, de llegar a dirigir el instituto electoral. Posteriormente, habría que incluir estas reglas directamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Primero, cada consejero debería presentar una declaración pública de todos sus intereses y relaciones. Una declaración de este tipo incluiría la declaración patrimonial, cuya publicidad hoy todavía no es obligatoria, así como la divulgación de otros tipos de relaciones personales, familiares o de negocios que puedan implicar conflictos de interés. Ya en funciones, el consejero tendría que estar impedido para participar en asuntos relacionados con alguna de estas relaciones.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50226.html

"La coartada de los datos personales" (El Universal, 8 de septiembre de 2010)

El tema de los datos personales es fácilmente maleable a conveniencia de la opacidad y la simulación gubernamental. No pocas veces el gobierno ha argüido que los documentos solicitados contienen "datos personales" o afectan la "vida privada" de alguien con el fin de justificar su negativa de acceso a los mismos. Así ocurrió cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) negó el acceso al acta de nacimiento de Juan Camilo Mouriño, a las propiedades de Margarita Zavala, a las fotografías de funcionarios de alto nivel, o a la identidad de altos mandos de la Secretaria de Seguridad Pública y la Policía Federal. De la misma forma, el Servicio de Administración Tributaria también utilizó la coartada de los datos personales para negar información sobre las millonarias exenciones fiscales otorgadas a las empresas más poderosas del país.

Hoy ya contamos con una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDP) y también se busca incluir un nuevo libro sobre datos personales en posesión del gobierno en la vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Pero, en el contexto de corrupción estructural que padece nuestro país, existe el riesgo de seguir abusando del problemático y todavía muy nebuloso concepto de “privacidad” con el evidente fin de limitar la rendición de cuentas. Igualmente, el hecho de que el IFAI sea el responsable de tutelar simultáneamente los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales puede llegar a generar una especie de esquizofrenia institucional muy poco saludable.

Para evitar mayores confusiones en la materia, haría falta recordar un par de puntos clave. Primero, únicamente las personas físicas, y nunca las personas morales, son quienes cuentan con "vida privada" y pueden gozar de las garantías del artículo sexto constitucional en la materia. El artículo segundo de la LFPDP claramente define al dato personal como aquella "información concerniente a una persona física identificada o identificable". Segundo, es muy común que en México y otras partes del mundo se proporcionen versiones públicas de documentos aun cuando ellos tienen datos personales sensibles. Así, no se vale usar la coartada de los datos personales para mantener la totalidad de los archivos o documentos públicos en la opacidad.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49792.html

"Todos somos Wall Street" (El Universal, 4 de agosto de 2010)

Ni la reforma financiera de Obama presentada con grandilocuencia como "la mayor desde la Gran Depresión", ni la calderonista, copia de mala calidad que el 28 de julio decretara la creación de un Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), constituyen esfuerzos reguladores verdaderos o afrentas auténticas a los poderes fácticos.

Los defensores de la reforma de EU, impulsada por los senadores Christopher Dodd y Barney Frank, aplauden que la ley obligue a los bancos a mantener más capital en sus reservas para reducir sus niveles de apalancamiento. Celebran también que centralice y limite la comercialización de los famosos derivados y que, a partir de ahora, permita al gobierno intervenir en las empresas financieras arruinadas, tal como ha ocurrido con los bancos. La reforma también crea dos nuevas oficinas gubernamentales: un consejo de reguladores federales y una agencia de protección a los usuarios de la banca.

Pero estas importantes innovaciones se quedan cortas a la hora de detener las prácticas especulativas que generaron el reciente desastre financiero y dejan incólume el verdadero poderío de los bancos: la estructura oligopólica que permite la existencia de vastos conglomerados financieros. Los cabilderos de Wall Street invirtieron 600 millones de dólares en una campaña de edulcoración de la propuesta inicial. Su triunfo principal se refleja en haber dejado intacta esta exagerada obesidad financiera y en la sujeción de las nuevas agencias reguladoras a los intereses del capital financiero. El consejo de reguladores federales lo encabezará el secretario del Tesoro y la oficina de protección a los usuarios de la banca dependerá de la Reserva Federal. Así, la nueva arquitectura institucional se nutrirá de los burócratas de siempre a quienes la reciente crisis bancaria pasó frente a ellos sin que hicieran nada.

Texto completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49311.html

"Gobernadores bajo la lupa" (El Universal, 29 de junio de 2010)

No nos confundamos, las conversaciones que un servidor público sostenga durante horarios de trabajo con otros funcionarios sobre el uso de recursos del estado no son "comunicaciones privadas", sino información pública. Los reclamos del PRI sobre la divulgación de las grabaciones de Fidel Herrera y Ulises Ruiz son una cortina de humo que revelan un desconocimiento de las leyes y los principios más elementales en materia de transparencia y rendición de cuentas. El problema central no es que todo mundo hubiera escuchado a los gobernadores en ejercicio de su "pinche poder", sino que hasta hoy éstas sean las únicas conversaciones a las cuales los ciudadanos hayan tenido acceso.

De acuerdo con el "principio de máxima publicidad" plasmado en el artículo 6 de la Constitución, toda información sobre las actividades gubernamentales es pública a menos que ella figure de manera explícita en alguna causal de reserva. En las conversaciones grabadas y divulgadas en días pasados no hay nada que amerite estar reservado por la ley. Aquí no se ha puesto en riesgo la vida de ciudadano alguno, ni se ha afectado la seguridad nacional, la estabilidad financiera o económica del país. Tampoco se han revelado datos confidenciales de nadie. Las conversaciones son motivo de vergüenza y escándalo para sus protagonistas al quedar desnudados como posibles autores de delitos electorales. Pero, por fortuna, el deseo de encubrir violaciones a la ley aún no es una causal de reserva.

A partir de la entrada en vigor de las diferentes leyes de transparencia los gobernantes han ido encontrando salidas de emergencia para incumplir la norma. Una de las más comunes ha sido la de reducir la "documentación" de sus decisiones públicas. En lugar de redactar memorándums o correos electrónicos, los políticos prefieren conversar por teléfono para no dejar rastros de sus acciones. En consecuencia, el índice de "inexistencia" de los documentos públicos ha aumentado año tras año.

Artículo completo disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48880.html

"Neoliberales trasnochados" (El Universal, 27 de mayo de 2010)

La rampante corrupción que caracterizó “la liberalización a la mexicana” de los años 90, ha demostrado que la privatización no es ni de cerca la solución para la crisis del sector público. La grave turbulencia financiera global de los últimos años también ha roto con el mito de la supremacía del mercado y sus recetas desreguladoras. Hoy, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos se atreve a proponer un retorno al modelo neoliberal. Justo el pasado 20 de mayo, el Senado norteamericano aprobó un importante paquete de reformas que elevan de manera significativa los controles sobre el sector financiero.

Lamentablemente en nuestro país todavía existen algunos trasnochados que siguen creyendo en el dios del mercado y el espíritu santo del sector privado. Destaca de forma conspicua el presidente Felipe Calderón quien el año pasado presentó una iniciativa para expedir la Ley de Asociaciones Púbico-Privadas (LAPP) cuyo objetivo central es liquidar la rectoría del Estado en áreas neurálgicas para el desarrollo como educación, salud, seguridad pública, comunicaciones, e infraestructura.

El pasado 29 de abril, la Ley de Asociaciones Púbico-Privadas se aprobó en lo general en el Senado de la República con el respaldo del PAN, el PRI y algunos senadores del PRD. Por fortuna, una falta de quórum en el recinto de Xicoténcatl forzó un aplazamiento de las votaciones sobre las reservas particulares y el proceso de aprobación en su conjunto. Sin embargo, la amenaza sigue latente y el gobierno federal aprovechará cualquier oportunidad, incluso durante un eventual periodo extraordinario, para consumar esta ley que viene acompañada de regresivas reformas a las leyes de Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Expropiación, la General de Bienes Nacionales; y, el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48495.html

"Transparencia sindical y reforma laboral" (El Universal, 15 de abril de 2010)

Llegó la hora de superar la lógica que circunscribe el derecho de acceso a la información sólo a las instituciones gubernamentales. Este derecho también tendría que aplicarse a las organizaciones que se financian a través de recursos públicos o desempeñan funciones públicas. Por ejemplo, los partidos políticos; los sindicatos; los hospitales y escuelas privadas; las iglesias e instituciones de beneficencia; los medios de comunicación de diverso signo; las aseguradoras y casas de bolsa; los fondos y fideicomisos; y toda la gama de asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han llegado a poblar la nueva arquitectura de lo público en nuestros días.

Pero el remedo de “transparencia sindical” en la reforma laboral de Calderón y Lozano no es más que una zanahoria marchita de un intercambio en donde los verdaderos palos son inusitadamente agresivos. Entre otros destacan: legalización de las prácticas de subcontratación; eliminación de los escalafones e imposición de nuevos criterios empresariales de productividad para los ascensos; burocratización de huelga y de libre sindicalización; cancelación de la obligación por reinstalar a trabajadores con una antigüedad menor a tres años que hubieran ganado juicios laborales; y reducción de pago de salarios caídos a un plazo menor. La eliminación de estas últimas obligaciones es muy grave ya que funcionará como incentivo para desgastar los movimientos de huelga haciéndolos durar años sin costo alguno para la parte patronal.

La modernización de las relaciones laborales pasa por el fortalecimiento de los sindicatos, no por su desmantelamiento. Es cierto que la corrupción y el “charrismo” han dañado el desarrollo nacional, pero ello no implica que debamos “tirar al niño con el agua sucia”. Habría que auspiciar un nuevo sindicalismo independiente y democrático en tono con la pluralidad y competencia política imperante.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47991.html

"La refundación del IFAI" (El Universal, 25 de febrero de 2010)

El proyecto de Fernando Gómez Mont para que las resoluciones del IFAI puedan ser revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha reactivado a la comunidad pro-transparencia para defender los avances logrados. Pero más que contentarnos con detener este nuevo ataque a nuestro derecho a saber, se plantea con urgencia la necesidad de que el IFAI alcance una nueva etapa de desarrollo institucional.

El diseño más adecuado para un órgano garante en materia de transparencia es que cuente con autonomía jurídica y financiera. Asimismo, debe tener competencia sobre los poderes Judicial, Legislativo y los organismos autónomos. Tal diseño sería barato y eficiente porque eliminaría la necesidad de órganos garantes para cada rama del gobierno. También sería más justo pues homologaría la tutela del derecho a la información entre las partes del Estado. Y finalmente sería más efectivo pues desarticularía los conflictos de interés cuando el órgano garante se encuentra subordinado a las instituciones que regula.

Lamentablemente, al redactar la fracción cuarta del artículo sexto constitucional, los legisladores dejaron abierta la caracterización de los órganos garantes. El texto exige órganos “especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”, pero no obliga a que sean plenamente autónomos, tengan competencia amplia y sus fallos sean inatacables. A pesar de ello, entidades como Chihuahua, DF, Tabasco y Michoacán, rebasaron los “mínimos” y establecieron organismos autónomos.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47487.html

"Corrupción, ausente en la reforma política" (El Universal, 22 de enero de 2010)

El drama en Haití nos trae a la memoria, con todas las distancias tomadas, nuestra propia tragedia de 1985 cuando la capital de México sufrió el mayor cataclismo de su historia. Así como Haití es una metáfora de un sistema global racista, irracional y de oprobio que castiga a los más pobres, en México nuestro terremoto desenmascaró un gobierno corrupto e ineficaz, sumido en la inmovilidad y el mutismo en las primeras horas de la desgracia.


Acostumbrados a la impunidad, ya nadie se acuerda de la corrupción documentada cuando la ayuda desde el extranjero no llegó. Los bienes muchas veces terminaron en el mercado negro operado y permitido por burócratas, lo que reveló la vacuidad del eslogan de “la renovación moral”.

De entonces a la fecha poco se ha avanzado en la agenda anticorrupción y los datos reprobatorios están a la vista. México hoy tiene el deshonroso penúltimo lugar de Latinoamérica en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El último es Haití.

Desafortunadamente, en la propuesta política de Felipe Calderón la corrupción brilla por su ausencia. Este vacío llama la atención porque las alternativas existen y son viables. El primer paso sería deshacernos de las disquisiciones sobre “trampas”, “mordidas” o sobornos menores asociados a una “ilegalidad agobiante” entre mexicanos.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47135.html

"Intervencionismo neoliberal" (El Universal, 28 de octubre de 2009)

A Pablo Sandoval Ramírez (1944-2000), tenaz constructor de la democracia mexicana

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y la actual confrontación del Sindicato Mexicano Electricistas (SME) con el gobierno mexicano han demostrado una vez más que el neoliberalismo no es un proyecto económico con repercusiones políticas, sino fundamentalmente un proyecto político de consecuencias económicas. Así mismo, una vez más se comprueba que las políticas neoliberales de ninguna manera implican el retiro del Estado, sino que cada día precisan de mayor respaldo gubernamental.

Hoy, nadie puede seguir sosteniendo aquellas tesis de las reformas “liberalizadoras” como el automático repliegue del Estado y su sustitución por un idílico mercado de competencia perfecta. Otra falsedad era que el proceso se acompañaba del reemplazo de funcionarios “populistas” del Estado de matriz keynesiana por jóvenes tecnócratas autónomos e independientes que en sus torres de marfil interpretaban el oráculo del mercado con ecuaciones de pizarrón. La dinámica política ha hecho que los tecnócratas de ayer y hoy se revelen como lo que siempre han sido, ávidas camarillas articuladas a renovados compromisos políticos.

Uno de los casos más paradigmáticos del constante intervencionismo político inherente al neoliberalismo es el desarrollo histórico del sector bancario en nuestro país. Bajo el concepto de liberalización, el gobierno mexicano nacionalizó la banca en 1982, la privatizó en 1992 y eclécticamente operó una “nacionalización-privatizante” entre 1994 y 1996 con el famoso rescate bancario. ¿Cuáles serían las variables que explican los distintos tipos de intervención estatal y los diferentes niveles de corrupción en estos tres momentos de la “liberalización” financiera? Aquí podemos adelantar tres hipótesis. Primero, la forma concreta que ha adoptado el intervencionismo estatal ha dependido principalmente de las bases sociales de apoyo del régimen político. Segundo, la existencia en mayor o menor medida de fenómenos de corrupción y rentismo se pueden explicar más en función del nivel de incertidumbre política que por el tipo de régimen político. Tercero, un incremento en los niveles de democratización y transparencia gubernamental favorece la implementación de políticas públicas definitivas e irreversibles.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/46111.html

"Nuevos retos para la Auditoría Superior de la Federación" (El Universal, 20 de agosto de 2009)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es producto directo de la pluralidad política de la histórica 57 Legislatura (1997-2000) en la que por vez primera el viejo partido de Estado perdiera la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Ello marcó el desarrollo político del país e incorporó a nuestra vida pública exigencias como la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.

Hoy, casi al término del primer periodo de Arturo González de Aragón al frente de la ASF es un buen momento para reflexionar sobre el trayecto recorrido y las tareas aún pendientes. Frente a la crisis institucional que acosa por igual a los tres poderes, así como a los diversos organismos autónomos del país, la ASF se ha convertido sin duda en una de las instituciones más efectivas del Estado mexicano al destacarse por su activismo y profesionalización en el análisis de la cuenta pública.

Gracias a la acción fiscalizadora de la ASF, hoy tenemos pruebas concretas de los grandes desfalcos al erario cometidos por las administraciones tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Algunas pruebas documentadas son: la sobrevaluación de los pasivos del Fobaproa, los abusos de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la ineficiencia y parcialidad de la Secretaría de Hacienda en la recaudación de impuestos, las extensas irregularidades en el manejo financiero de Petróleos Mexicanos, el abuso de los fideicomisos que manejan fondos públicos, el desaseo de las aduanas del país y la preocupante opacidad del fondo de transición presidencial del cual participó César Nava, entre muchos otros casos que indican la gran corrupción estructural que todavía padece el país.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45307.html

"Las lecciones de Hermosillo" (El Universal, 25 de julio de 2009)

El caso de los bebés muertos en Hermosillo ha demostrado que México sigue siendo un país detenido en el trípode de la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias. La lista de personajes involucrados en la “subrogación” de las guarderías del IMSS así lo constata. Las odas de los gobiernos de la alternancia a la transparencia y a la rendición de cuentas han sido completamente inútiles para desactivar el ominoso entramado de complicidades políticas.

Pero el caso de la guardería ABC escandaliza no solamente por la frivolidad e irresponsabilidad política que revela, sino también porque ha puesto al desnudo las graves carencias institucionales en materia de fiscalización. Las dificultades que se han presentado para esclarecer el caso manifiestan un Estado incapaz de responder de manera efectiva a este tipo de desastres. Urge una serie de reformas legales e institucionales que eviten la repetición de situaciones similares en el futuro.

Primero, la demora en la entrega de la información al Congreso de la Unión acusa graves carencias en materia de acceso a información pública para los legisladores. Hoy por hoy, diputados y senadores no cuentan con acceso privilegiado ni facultad especializada alguna para acceder a los documentos en poder del Ejecutivo. De forma sorprendente, la única vía para exigir la entrega de información crucial para sus más básicas tareas de control es a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Artículo completo disponible en : http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45004.html