Llegó la hora de superar la lógica que circunscribe el derecho de acceso a la información sólo a las instituciones gubernamentales. Este derecho también tendría que aplicarse a las organizaciones que se financian a través de recursos públicos o desempeñan funciones públicas. Por ejemplo, los partidos políticos; los sindicatos; los hospitales y escuelas privadas; las iglesias e instituciones de beneficencia; los medios de comunicación de diverso signo; las aseguradoras y casas de bolsa; los fondos y fideicomisos; y toda la gama de asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han llegado a poblar la nueva arquitectura de lo público en nuestros días.
Pero el remedo de “transparencia sindical” en la reforma laboral de Calderón y Lozano no es más que una zanahoria marchita de un intercambio en donde los verdaderos palos son inusitadamente agresivos. Entre otros destacan: legalización de las prácticas de subcontratación; eliminación de los escalafones e imposición de nuevos criterios empresariales de productividad para los ascensos; burocratización de huelga y de libre sindicalización; cancelación de la obligación por reinstalar a trabajadores con una antigüedad menor a tres años que hubieran ganado juicios laborales; y reducción de pago de salarios caídos a un plazo menor. La eliminación de estas últimas obligaciones es muy grave ya que funcionará como incentivo para desgastar los movimientos de huelga haciéndolos durar años sin costo alguno para la parte patronal.
La modernización de las relaciones laborales pasa por el fortalecimiento de los sindicatos, no por su desmantelamiento. Es cierto que la corrupción y el “charrismo” han dañado el desarrollo nacional, pero ello no implica que debamos “tirar al niño con el agua sucia”. Habría que auspiciar un nuevo sindicalismo independiente y democrático en tono con la pluralidad y competencia política imperante.
