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miércoles, 20 de junio de 2012

"Neoliberalismo" y enfoques estructurales de la corrupción. El caso del rescate bancario de México (DERECOM, Revista Online Especializada en Derecho de la Comunicación, No 10, Junio-Agosto 2012)

Introduccion
La economía y la política no pueden ser entendidas como esferas separadas o autónomas. A lo largo de la historia, los sistemas de poder y dominación han estado íntimamente entrelazados con los sistemas de producción y explotación. Esta interpenetración de esferas es lo que está en el corazón del concepto original de economía política. Un gran número de estudios sobre el Estado tratan desafortunadamente a la economía y la política como esferas relacionadas entre sí, pero diferentes. De hecho, esta tendencia emerge de una división metodológica aún más pronunciada entre las disciplinas de la ciencia política y la economía, que las lleva a competir para ver cual  de ellas empuja con mayor fuerza el estudio de las temáticas de la economía política sobre el terreno de la otra, lo que de manera desafortunada deja atrapadas entre estas dos espadas disciplinarias las respuestas a las importantes cuestiones de la economía política. A diferencia de esto, aquí reivindicaremos el campo de estudio de la economía política, al trazar los diversos y constantes vínculos entre lo que erróneamente se ha considerado ‘aspectos puramente políticos’ y ‘fenómenos puramente económicos’ de las dinámicas sociales.
Las reflexiones que aquí ofreceremos apuntan hacia una mejor comprensión de las dinámicas políticas subyacentes al proceso de toma de decisiones financieras en las democracias emergentes. Para ello desarrollamos una comparación configuracional de tres coyunturas decisivas de la historia financiera del México contemporáneo: la nacionalización, la reprivatización y el rescate bancario. Ello nos llevará a desmitificar el concepto del “neoliberalismo” y cuestionar seriamente aquella posición que lo presenta como la férrea aplicación de una estricta ortodoxia económica que exige el retiro del Estado y que blinda el manejo de los asuntos económicos de los intereses políticos en juego.
Si analizamos la nacionalización, la privatización, el rescate o la extranjerización bancaria, veremos que el hilo conductor de las políticas establecidas en materia financiera en México desde principios de los años ochenta, jamás ha implicado fidelidades a ortodoxias económicas de ningún tipo. El proceso de toma de decisiones en nuestro país ha reflejado sobre todo, la emergencia de una alianza política de burócratas y funcionarios de alto nivel con una nueva élite financiera vinculada a los mercados internacionales. Por ello sostenemos que el Estado nunca se ha retirado, sino únicamente reconfigurado, y el rentismo y la corrupción que se asociaba a etapas previas al “neoliberalismo” no se han reducido sino antes bien expandido y profundizado.
Para demostrar lo anterior propopnemos tres hipótesis.  Primero, que en el diseño de la política financiera los “intereses” han sido siempre más importantes que las “ideas” o las “instituciones”. Segundo, que la variable más importante para explicar los niveles de corrupción y rentismo de los sistemas políticos siempre será la incertidumbre política por la que atraviese un régimen antes que el tipo de régimen en sí mismo. Y tercero, que el pluralismo y la transparencia trabajan a favor de soluciones definitivas y duraderas para enfrentar las crisis económicas y políticas.
En este capítulo se divide en tres appartados. En prmier término resumimos las distintas coyunturas financieras analizadas estudiadas engarzadas a nuestras tres hipótesis específicas sobre la relación de los binomios  intereses vs. ideas, incertidumbre política vs. tipo de régimen, y pluralismo vs. permanencia para concluir con una disquisición sobre nuestro concepto de intervencionismo neoliberal en su relación con la política o el accionar de las  coaliciones distributivas.
En un segundo momento señalamos las contribuciones que nuestras tres hipótesis específicas podrían ofrecer al debate más general acerca del rol del Estado en el mundo “globalizado”. Y en la tercera parte del capítulo, ofrecemos algunas reflexiones finales sobre la formulación y diseño de las políticas públicas en materia financiera.

viernes, 16 de diciembre de 2011

Testigos sociales: ¿Quiénes son, qué hacen? (Entrevista 14 de Diciembre 2011, para la Agencia Latinoamericana de Información)

Se encargan de verificar que las licitaciones y contrataciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se realicen con transparencia, honradez e imparcialidad cuando arrienden, realicen obra pública o servicios, ya sea por licitación pública, invitación o adjudicación directa. A su participación están sujetos, además, todas las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal.
 
Son acreditados por la Secretaría de la Función Pública, SFP, a través de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, quien regula también su participación.
 
Hoy día se encuentran registradas cinco organizaciones y 34 personas físicas, pero, a pesar de que nos representan, ni usted ni yo los conocemos, y la forma de seleccionarlos “no es nada transparente”, coincide la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en entrevista con el diario La Razón.
 
Los testigos sociales, según su ramo, son asignados por la SFP, y –establece la ley– su pago será por hora debiéndolo cubrir la entidad gubernamental que lo solicite. Aquí comienza la farsa, han señalado especialistas como John Ackerman y la propia Irma Eréndira Sandoval, porque si es Función Pública de quien dependen y el organismo supervisado es el que paga, difícilmente podrán dar una opinión en contra de quienes los contrata.
 
Casos se han documentado donde, pese a la participación de los testigos, los licitantes perdedores impugnan el proceso por vicios en los procesos de contratación; además de que en la mayoría de sus “testimonios públicos de participación” los testigos nunca han reportado o denunciado hechos de corrupción.
 
Para la doctora Sandoval Ballesteros “Estructuralmente no están dadas las condiciones para que el programa de testigos sociales funcione como debiera ser… depende mucho del testigo, de quien está cumpliendo con la función, si representa verdaderamente a la sociedad o si tiene la posibilidad o la capacidad  de denunciar ante las autoridades competentes los datos ilícitos o de corrupción que se pudieran encontrar, así como las tendencias al favoritismo…”          
 
¿Cuánto cuesta el trabajo de los testigos sociales? Un documento de Transparencia Mexicana en internet (Pactos de integridad) señala que ellos cobran 5 mil pesos la hora y el cálculo de su “donativo” se hace en función de la bitácora de actividades. El pago total –asegura– sirve para cubrir los honorarios del testigo social y los administrativos del mismo organismo.
 

Para continuar con esta nota: http://www.alainet.org/active/51568&lang=es

sábado, 16 de julio de 2011

"Espectáculo lamentable" (La Jornada, 13 de julio de 2011)

Elba Esther Gordillo
Foto: José Antonio López. jornada.com
Felipe Calderón ha calificado deespectáculo lamentable el intercambio de acusaciones entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Pero lo verdaderamente lamentable es la total abdicación del gobierno federal para defender la institucionalidad democrática de cara a las presiones y chantajes de los poderes fácticos. Como buen yerno y alfil político de Gordillo, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, ha salido a defender a su suegra afirmando con enorme descaro que vivimos en un país de leyes, no de chismes. Sin embargo, el problema de fondo es precisamente la vulnerabilidad de un estado de derecho en el que personajes como Gordillo, Yunes, González, Guzmán Loera, Montemayor, Hank Rhon, Ruiz y Marín, todos los días demuestran con sus acciones que la ley misma se ha convertido en un chisme, cuyo continuo abuso siempre queda en la impunidad.

Ni Gordillo ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han respondido al emplazamiento directo de su ex aliado incómodo para que la presidenta vitalicia del sindicato permita que un auditor externo revise sus cuentas personales, bienes patrimoniales, ingresos, gastos de inversión, cuentas de cheques, sus tarjetas de crédito y los ingresos que sustentan su ritmo de vida, así como el manejo discrecional que se le ha dado al Fondo para el Retiro de los Trabajadores de la Educación. Eso sí, el Partido Nueva Alianza (Panal) celebra ya la decisión de la Comisión Permanente de solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación a fondo del manejo financiero del Issste durante el periodo de Yunes.

Sin embargo, de poco sirve que políticos, diputados y analistas exijan quelas instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes si como todos sabemos estas indagaciones suelen terminar en simulaciones y encubrimientos. Recordemos, por ejemplo, los estériles resultados de aquella rigurosa investigación que la SFP hiciera a los contratos de dudosa legalidad celebrados entre Pemex y la familia Mouriño...

ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN LA JORNADA

jueves, 20 de agosto de 2009

"Nuevos retos para la Auditoría Superior de la Federación" (El Universal, 20 de agosto de 2009)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es producto directo de la pluralidad política de la histórica 57 Legislatura (1997-2000) en la que por vez primera el viejo partido de Estado perdiera la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Ello marcó el desarrollo político del país e incorporó a nuestra vida pública exigencias como la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.

Hoy, casi al término del primer periodo de Arturo González de Aragón al frente de la ASF es un buen momento para reflexionar sobre el trayecto recorrido y las tareas aún pendientes. Frente a la crisis institucional que acosa por igual a los tres poderes, así como a los diversos organismos autónomos del país, la ASF se ha convertido sin duda en una de las instituciones más efectivas del Estado mexicano al destacarse por su activismo y profesionalización en el análisis de la cuenta pública.

Gracias a la acción fiscalizadora de la ASF, hoy tenemos pruebas concretas de los grandes desfalcos al erario cometidos por las administraciones tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Algunas pruebas documentadas son: la sobrevaluación de los pasivos del Fobaproa, los abusos de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la ineficiencia y parcialidad de la Secretaría de Hacienda en la recaudación de impuestos, las extensas irregularidades en el manejo financiero de Petróleos Mexicanos, el abuso de los fideicomisos que manejan fondos públicos, el desaseo de las aduanas del país y la preocupante opacidad del fondo de transición presidencial del cual participó César Nava, entre muchos otros casos que indican la gran corrupción estructural que todavía padece el país.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45307.html