PRESENTACIÓN DE LIBRO: Interés Público y Asociaciones Público-Privadas (Miércoles 14 de octubre, 17 hrs, Casa de las Humanidades)

El libro analiza la forma en la que las funciones "públicas" y de gobierno de la más alta importancia están siendo claramente absorbidas por corporaciones privadas, contratistas independientes o entidades cuasi-gubernamentales que han terminado por eclipsar al Estado sin mayor obligación por rendir cuentas. En nuestro libro se documentan la naturaleza opaca y de secretismo con la que se manejan los servicios “público-privados” en la nueva era de la información, lo que abre graves riesgos de abuso de poder e impunidad contra la sociedad.

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La doble moral de Lorenzo Córdova (Proceso, 20 de Mayo, 2015)

No nos confundamos: las conversaciones que un servidor público sostiene durante horarios de trabajo con otros funcionarios públicos en relación con sus labores institucionales no son "comunicaciones privadas" sino información absolutamente pública. El señor Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo un intercambio con el Secretario Ejecutivo del mismo Instituto público, Edmundo Jacobo, en el cual procesaron una reunión realizada entre el INE y líderes de comunidades indígenas. El diálogo se realizó a través de celulares que todos los mexicanos pagamos con nuestros impuestos.

Los endebles argumentos respecto a la invasión de la “privacidad” del señor Lorenzo Córdova son apenas una desesperada estrategia que revela un brutal desconocimiento de las leyes y los principios más elementales en materia de transparencia y rendición de cuentas. El problema central no es que todo mundo haya ya escuchado el “lenguaje jocoso” (Córdoba dixit) con el que se refiere a los indígenas de nuestro país, el problema es que hasta hoy ésta sea la única conversación que los ciudadanos hayamos podido conocer del grupo de consejeros que actualmente se encuentran en el INE al servicio de Los Pinos y que día a día lucran con las instituciones públicas del país. Urge transparentar de manera absoluta todas las deliberaciones y reuniones de absolutamente todos los funcionarios electorales del país.

El contenido del bochornoso intercambio es sin lugar a dudas de interés público. Es importante que los ciudadanos conozcan la forma de pensar, de expresarse y de actuar de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores. Ello fortalece la rendición de cuentas y facilita el mejor funcionamiento de las instituciones.

La divulgación de la grabación está protegida tanto por el artículo sexto de la Constitución como por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De acuerdo con el "principio de máxima publicidad", toda información sobre las actividades gubernamentales es pública a menos que ella figure de manera explícita en alguna causal de reserva. 

En el audio recientemente divulgado no hay nada que amerite estar reservado por la ley. Con él no se pone en riesgo la vida de ciudadano alguno, no se afecta la seguridad nacional, la estabilidad financiera o económica del país. Tampoco se revelan los datos confidenciales de nadie. Ninguno de los dos funcionarios hizo referencia en ningún momento a información delicada que tuviera que reservarse hasta después de la jornada electoral del próximo 7 de junio. Y por fortuna, encubrir las limitaciones morales o intelectuales de los funcionarios públicos, todavía hoy, a pesar de los graves retrocesos legales e institucionales, no es una causal de reserva en la Ley de Transparencia.

La conversación es motivo de vergüenza sí y de escándalo para su protagonista principal e incluso para la Máxima Casa de Estudios. A través de ella ha quedado al desnudo la limitación intelectual del señor Córdova, con sus evidentes problemas léxico-sintácticos, su lenguaje procaz, su mezquindad al burlarse de forma racista de los pueblos indígenas de México pero sobre todo su doble moral al proferir insultos y descalificaciones de representantes políticos indígenas con los que acababa de reunirse minutos atrás. 

La respuesta que el presidente de INE ha ofrecido a los medios se parece a la realizada por Angélica Rivero en otoño pasado frente al escándalo de corrupción y conflictos de interés con respecto a la “Casa Blanca”. El Consejero Presidente leyó frente a cámaras un escueto comunicado donde pidió “disculpas” de manera seca e hipócrita, para después negarse a aceptar pregunta alguna de parte de los medios de comunicación.  Eso sí, para desviar la atención, anunció que interpondrá una denuncia formal ante la PGR en su carácter de funcionario público y desde la institucionalidad del organismo supuestamente autónomo que preside.

¿Es entonces éste un asunto público o privado, señor presidente? De forma llamativa la victimización del señor Córdova está construida no desde el fundamento ... Para seguir leyendo oprima aquí

Transparencia Edulcorada (El Norte, 9 de Enero, 2014)

Los recientes resultados del Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información de la Organización Artículo 19 muestran un patrón de mediocridad y fracaso de las instituciones supuestamente al servicio de la transparencia.

Más del 80 por ciento de los institutos del País funcionan subordinados políticamente a los Gobiernos estatales, y operan burocratizando, retrasando y, en muchos casos, ocultando de forma abierta la información pública.

Las muy pocas entidades que "aprueban" en este índice lo hacen mediocremente y entre ellas figuran estados tan controversiales como Nuevo León -con todo y su exponencial deuda pública, sobre la que hace una semana el Gobernador Rodrigo Medina vetó 10 reformas para transparentarla y regularla-, así como Puebla, Durango y otros más cuya probidad gubernamental ha sido puesta en duda.

Recientemente el SAT, que se encuentra en franco desacato de las disposiciones del IFAI para dar a conocer la identidad de los beneficiarios de los multimillonarios créditos fiscales que por regla general han sido brindados a poderosos monopolios y personas morales, en una tramposa aplicación "a contentillo" de su propio concepto de transparencia, ha hecho públicos nombres y apellidos de personas físicas supuestamente no localizables que constituyen contribuyentes morosos menores, violentando de forma directa su privacidad.

Una vez más es la lógica hipócrita del "justicia y gracia" -y ahora también "protección de datos"- para mis amigos y "para los enemigos todo el peso de la ley". Todo esto es el resultado lógico del triunfo de una visión simuladora de la transparencia: un proyecto burocratizante, edulcorado y orientado hacia las relaciones públicas de los Gobiernos.

La razón principal por la que México no ha podido dar cabal cumplimiento a las promesas modernizadoras que presagiaba la abortada transición democrática ha sido precisamente la prevalencia de tal concepción.

El retorno del PRI a la Presidencia exhibe de manera ejemplar esta visión simuladora. Después del fiasco del 15 de enero de 2013, cuando el Presidente Peña Nieto no sólo confunde el nombre del órgano garante de transparencia a nivel federal, sino que realiza el anuncio "histórico" de hacer pública una "declaración de bienes" -incompleta y escasa que contenía sólo su salario y una lista de casas, terrenos y otras posesiones declaradas como "donaciones"-, el Mandatario tenía que hacer algo más para mostrar su declarado "compromiso con la transparencia".

Sin embargo, las dos nuevas propuestas en materia de rendición de cuentas presentadas por Peña Nieto resultaron igual de fallidas.

La primera medida en materia de transparencia, hoy ya aprobada por el Congreso bajo el falso discurso de dotar de "autonomía" a la institución encargada de garantizar el derecho a la información, centralizará en los hechos el control político del IFAI en manos.... Para seguir leyendo el artículo oprima aquí

Mexico Politics: A Requiem for Public Control in Mexico (March 14th, 2012. Americas-Mexico Blog)

In the uphill climb that is combating transnational criminal organizations, Mexico faces the need to reform many of its institutions, from the penal system to the banking system, among others. But behind reforms and projects that are aimed at both the drug war and other problems in Mexico, there are political and economic interests jockeying for influence. This opinion piece by Mexico's leading expert on corruption, Irma Erendira Sandoval, outlines an important (and perhaps pernicious) development in how these reforms and projects will come to pass, with a special focus on the omnipotent presence of private business.

La Jornada: By Irma Eréndira Sandoval. "The ominous proposal of the Green Party to privatize jails and prisons has become part of the rentier and predatory logic of public services that has left the national economy in ruin over the last 30 years. The horrible daily reality that is lived in penitentiaries, which was cruelly manifested in the recent prison break and massacre in Apodaca, Nuevo León, isn’t a result of bad public stewardship. Rather, it is the fault of the federal and local governments that have abdicated the administration of these facilities and left them to the control of private actors and powerful factions. It demonstrates that private prisons tend to be more violent and corrupt than public ones and that they are operated with poorly trained personnel with low salaries and a high turnover rate. These factors lead to more abuses of the prisoners’ most basic human rights.

This type of “initiative” has found its utmost expression in the Law of Public-Private Associations (LAPP is its Spanish acronym), signed by Felipe Calderon on January 16th. This law is part of the neoliberal agenda that has governed the country through corrupt and inefficient privatizations— a type of governance that Carlos Salinas used in the 1990s to give power to his friends, monopolize markets, and destroy the competency and competitiveness of the economy. Today the LAPP demonstrates that, beyond any temporary election season disputes, the PRI and PAN have shared an agenda of national mismanagement.

The LAPP constitutes the absolute subordination of the public interest to the directives of financial intermediaries and means the institutionalization of debt, illegality and corruption. The reform establishes long-term contracts (up to 50 years or more) with private national and international companies that...

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Entrevista Irma Eréndira Sandoval en Antena Radio con Mario Campos, 23 Febrero 2011

Entrevista Irma Eréndira Sandoval

Seminario: Información Pública y Poderes Fácticos

Programa

Miércoles 23 de Noviembre 2011

10:00 hrs.

Inauguración

Dra. Rosalba Casas, Directora Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

10:15 hrs.

Mesa I: Poderes Fácticos, Lavado de Dinero y Transparencia

Dra. Irma Eréndira Sandoval, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Sen. Pablo Gómez, Senador de la Ciudad de México

Dra. Perla Gómez Gallardo, Univ. Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa

Dip. Mario di Costanzo, Diputado Federal LXI Legislatura

Modera: Dra. Silvia Inclán, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

12:00 hrs.

Mesa II: Opacidad Financiera y Empresarial

Dr. Edgardo Buscaglia, Instituto Tecnológico Autónomo de México

Dra. Eugenia Correa, Posgrado Facultad de Economía, UNAM

Dr. Wesley Marshall, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

Mtro. Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana

Modera: Dr. Marcos Cueva Perus, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Jueves 24 de Noviembre 2011

10:00 hrs.

Mesa III: Ley de Asociaciones Público-Privadas

Dip. Laura Itzel Castillo, Diputada Federal, LXI Legislatura

Dra. Asa Cristina Laurell, Centro d Análisis y Estudios de la Seg. Social

Mtro. Joel Herrera, Univesidad Autónoma de la Ciudad de México 

Dr. Jorge Witker, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM

Modera: Dr. Ricardo Pozas Horcasitas, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

12:00 hrs.

Mesa IV: Interés y Dinero Público vs. Rentas Privadas

Mtra. Purificación Carpinteyro, Ex Subsecretaria de Comunicaciones
Dra. Florence Toussaint, Fac. Ciencias Polìticas y Sociales-UNAM

Mtro. Miguel Pulido, Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Dr. Francisco Ibarra Palafox, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM

Modera: Dra. Irma Eréndira Sandoval, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Informes e inscripciones:

Gregorio González 5622 7400 Ext. 326
Se entregará constancia con valor curricular. Entrada Libre

"La coartada de los datos personales" (El Universal, 8 de septiembre de 2010)

El tema de los datos personales es fácilmente maleable a conveniencia de la opacidad y la simulación gubernamental. No pocas veces el gobierno ha argüido que los documentos solicitados contienen "datos personales" o afectan la "vida privada" de alguien con el fin de justificar su negativa de acceso a los mismos. Así ocurrió cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) negó el acceso al acta de nacimiento de Juan Camilo Mouriño, a las propiedades de Margarita Zavala, a las fotografías de funcionarios de alto nivel, o a la identidad de altos mandos de la Secretaria de Seguridad Pública y la Policía Federal. De la misma forma, el Servicio de Administración Tributaria también utilizó la coartada de los datos personales para negar información sobre las millonarias exenciones fiscales otorgadas a las empresas más poderosas del país.

Hoy ya contamos con una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDP) y también se busca incluir un nuevo libro sobre datos personales en posesión del gobierno en la vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Pero, en el contexto de corrupción estructural que padece nuestro país, existe el riesgo de seguir abusando del problemático y todavía muy nebuloso concepto de “privacidad” con el evidente fin de limitar la rendición de cuentas. Igualmente, el hecho de que el IFAI sea el responsable de tutelar simultáneamente los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales puede llegar a generar una especie de esquizofrenia institucional muy poco saludable.

Para evitar mayores confusiones en la materia, haría falta recordar un par de puntos clave. Primero, únicamente las personas físicas, y nunca las personas morales, son quienes cuentan con "vida privada" y pueden gozar de las garantías del artículo sexto constitucional en la materia. El artículo segundo de la LFPDP claramente define al dato personal como aquella "información concerniente a una persona física identificada o identificable". Segundo, es muy común que en México y otras partes del mundo se proporcionen versiones públicas de documentos aun cuando ellos tienen datos personales sensibles. Así, no se vale usar la coartada de los datos personales para mantener la totalidad de los archivos o documentos públicos en la opacidad.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49792.html

"Gobernadores bajo la lupa" (El Universal, 29 de junio de 2010)

No nos confundamos, las conversaciones que un servidor público sostenga durante horarios de trabajo con otros funcionarios sobre el uso de recursos del estado no son "comunicaciones privadas", sino información pública. Los reclamos del PRI sobre la divulgación de las grabaciones de Fidel Herrera y Ulises Ruiz son una cortina de humo que revelan un desconocimiento de las leyes y los principios más elementales en materia de transparencia y rendición de cuentas. El problema central no es que todo mundo hubiera escuchado a los gobernadores en ejercicio de su "pinche poder", sino que hasta hoy éstas sean las únicas conversaciones a las cuales los ciudadanos hayan tenido acceso.

De acuerdo con el "principio de máxima publicidad" plasmado en el artículo 6 de la Constitución, toda información sobre las actividades gubernamentales es pública a menos que ella figure de manera explícita en alguna causal de reserva. En las conversaciones grabadas y divulgadas en días pasados no hay nada que amerite estar reservado por la ley. Aquí no se ha puesto en riesgo la vida de ciudadano alguno, ni se ha afectado la seguridad nacional, la estabilidad financiera o económica del país. Tampoco se han revelado datos confidenciales de nadie. Las conversaciones son motivo de vergüenza y escándalo para sus protagonistas al quedar desnudados como posibles autores de delitos electorales. Pero, por fortuna, el deseo de encubrir violaciones a la ley aún no es una causal de reserva.

A partir de la entrada en vigor de las diferentes leyes de transparencia los gobernantes han ido encontrando salidas de emergencia para incumplir la norma. Una de las más comunes ha sido la de reducir la "documentación" de sus decisiones públicas. En lugar de redactar memorándums o correos electrónicos, los políticos prefieren conversar por teléfono para no dejar rastros de sus acciones. En consecuencia, el índice de "inexistencia" de los documentos públicos ha aumentado año tras año.

Artículo completo disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48880.html