Cápsula de Presentación del libro "Interés público, asociaciones público-privadas y poderes fácticos", 14 de octubre de 2015 Casa de las Humanidades de la UNAM.

OPRIMA AQUÍ PARA ACCESO DIRECTO AL VIDEO

PRESENTACIÓN DE LIBRO: Interés Público y Asociaciones Público-Privadas (Miércoles 14 de octubre, 17 hrs, Casa de las Humanidades)

El libro analiza la forma en la que las funciones "públicas" y de gobierno de la más alta importancia están siendo claramente absorbidas por corporaciones privadas, contratistas independientes o entidades cuasi-gubernamentales que han terminado por eclipsar al Estado sin mayor obligación por rendir cuentas. En nuestro libro se documentan la naturaleza opaca y de secretismo con la que se manejan los servicios “público-privados” en la nueva era de la información, lo que abre graves riesgos de abuso de poder e impunidad contra la sociedad.

CONFIRMA y COMPARTE 

Evento Facebook:

 https://www.facebook.com/events/108504519506055/

Teléfono:

 Dálida Acosta e Isabel Salat: 5622 7400 ext 326

Corrupción estructural y el Vuelco de Ayotzinapa (Revista Memoria, Nueva Época No. 1, Febrero 2015)

En México la corrupción es un problema endémico inherente a todos los partidos políticos e instituciones gubernamentales. La supuesta “alternancia democrática” resultó ser un total fracaso en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción en el país. La competencia electoral entre opciones políticas diferentes no ha podido verse traducida en un progreso sustancial de la fiscalización gubernamental o en un mayor equilibrio de “pesos y contrapesos” entre los intereses de la sociedad y los gobiernos. Por el contrario, el deterioro político y la corrupción abarcan hoy a la totalidad de los gobiernos “democráticamente electos” sin importar el partido político que los hubiera llevado al poder y sin distingo de las ideologías que cada uno de esas organizaciones políticas representan. La consecuencia directa de esta situación ha sido la generalización de una apatía política y la acelerada expansión de un sentimiento de “decepción de

mocrática” entre la población mexicana, lo cual deja abiertos nuevos y mayores riesgos. Si las incipientes democracias resultan ser igualmente inefectivas en su capacidad para rendir cuentas que los sistemas autoritarios que las precedieron, el propio ideal democrático se encuentra en riesgo. Un vistazo rápido a los reportes más recientes desalienta hasta al demócrata más optimista.

Todo ello se explica, desde luego, por la incapacidad de los gobiernos elegidos democráticamente por atender y resolver los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Pero en países como México y algunos otros de América Latina, estos problemas estructurales se acentúan con la profunda y arraigada corrupción que ha caracterizado su vida política y social por décadas. La corrupción se convierte así en el problema social más grave y agobiante de estas sociedades y el fracaso para combatirla no expresaría sino la palmaria incapacidad de los gobiernos y los actores políticos por transformar de fondo las relaciones que ellos han establecido con sus representados.

Aquella idea de que la celebración de elecciones para elegir gobiernos garantiza de forma automática el establecimiento de “un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo” ha resultado ser tan rotundamente falsa, como aquella otra que sostiene que la corrupción es esencialmente un “fenómeno cultural”. Más aún los gobernantes que como Enrique Peña Nieto señalan sus supuestas raíces “culturales” y que aseveran la inmoralidad intrínseca de lo humano, no hacen sino justificar las conductas deshonestas, empezando quizás de forma interesada por las propias, con objeto de evadir la confrontación política de un problema no metafísico sino social. Asimismo, hoy ni los abordajes de “la teoría de la modernización” que enfocan la corrupción como un mero asunto de retraso o subdesarrollo económico, ni las concepciones legalistas que mistifican la norma como solución automática, o los enfoques tecnócratas que sugieren “fallas de Estado” factibles de ser solucionadas con ajustes de ‘fontanería para la transparencia’ pueden seguir siendo sostenidos pues todos ellos han mostrado su profundas limitaciones.

Desde hace ya varias décadas el concepto de corrupción se ha trivializado y con frecuencia se define de forma reduccionista como un mero sinónimo de soborno o extorsión. Pero este complejo fenómeno no puede seguir siendo circunscrito a la documentación de discretos episodios protagonizados por servidores públicos de bajo nivel recibiendo pagos aislados en oscuras ventanillas burocráticas. El objetivo final de la corrupción no siempre radica en obtener un beneficio pecuniario, sino también y cada vez de forma más creciente, en acumular poder y privilegios de forma ilegítima. Aquí definiremos la corrupción estructural como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos necesarios para el bienestar social y el desarrollo de los derechos fundamentales. Las prácticas concretas de la corrupción estructural adquieren una gran variedad de modalidades; algunas incluyen conductas ilícitas y delincuenciales mientras que otras pueden ser de perfecta legalidad pero de cuestionable moralidad. Y todas en su conjunto emergen con más claridad en aquellos periodos en los cuales las relaciones Estado-sociedad operan deficientemente y en contra de los más elementales principios de justicia y legitimidad que tendrían que caracterizar esta interacción. La corrupción es un problema social, estructural, institucional y político que exige soluciones igualmente estructurales.

Recientemente uno de los más terribles ejemplos de tal corrupción estructural ha sido la desaparición forzada y la ejecución violenta de los jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Este episodio constituye el terrorífico pináculo de una oleada de violencia institucional contra la población mexicana iniciada desde el gobierno de Felipe Calderón y profundizada a extremos de oprobio inimaginable con la restauración en el poder del régimen de partido de Estado. La masacre de Ayotzinapa ilumina de cuerpo entero la dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad, la expropiación del bienestar social y la cancelación de los derechos fundamentales. El doloroso episodio constituye uno de los más claros indicadores de la profunda ineficacia de las instituciones públicas en nuestro país y la insostenible tasa de impunidad que impera en él.

El caso de Ayotzinapa ha querido ser presentado por el régimen priísta como un asunto meramente local y circunscrito a temas del narcotráfico, pero la mayor parte de la opinión pública nacional e internacional tiene claro que estas injustas muertes y desapariciones forzadas se deben de forma directa a la corrupción estructural que hoy tiene postrada la nación. La criminalización de la protesta, la insostenible tasa de impunidad, la colusión del gobierno con el crimen organizado y el cotidiano abuso de los derechos humanos, son tan solo algunos de los rasgos que convierten el caso de Ayotzinapa en un crimen de lesa humanidad cometido directamente por instituciones del Estado mexicano.

Durante los últimos dos años, y en una aterradora y simbólica continuación de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto ha expandido y profundizado la espiral de violencia ocurrida en nuestro país a partir de criminalizar y reprimir directamente la protesta social y los anhelos libertarios de la juventud mexicana. Simplemente en los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto, se registraron más de 4,000 muertes violentas. Más tarde durante 2013 el primer año completo del restaurado gobierno del Partido Revolucionario Institucional, 33.1 millones de mexicanos fueron víctimas de crímenes sobre su patrimonio, sus vidas y sus derechos fundamentales. El incremento constante y desenfrenado de estos indicadores ha sido el siguiente: en 2011 la cifra ascendía a 21.6 millones de crímenes, en 2012 ella se ubicó en 22.4 millones y en 2013 el incremento fue de 50 por ciento respecto al último año de Felipe Calderón. La ciudadanía continuamente expresa que con EPN se sienten más inseguros que con FCH. De acuerdo a la más reciente encuesta ENVIPE del INEGI, el 73,3 por ciento de los mexicanos reconoció “haberse sentido inseguro” durante 2013, ello significa el segundo aumento consecutivo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, luego de que el último año del mandato de Felipe Calderón, esta pregunta alcanzara la cifra de 66,6 por ciento entre la población consultada.

Esta crisis humanitaria que atraviesa el país no sólo se explica por una política de seguridad y de procuración de justicia “ineficaz” o “ineficiente” en nuestro país, sino en primer lugar por una falla estructural en la rendición de cuentas del Estado mexicano, por un claro predominio de los abusos de poder y de un absoluto imperio de la impunidad a todos los niveles. Es urgente e impostergable resolver el tema de la decadencia institucional de México reflejada en la corrupción estructural para frenar ... para seguir leyendo click aquí...

Elucubraciones Tecnocráticas (Sin Embargo.Mx, 6 de Febrero 2015)

El despropósito simulador de las ocho medidas anticorrupción que Enrique Peña Nieto anunciara el pasado martes 3 de febrero es otro ejemplo de las “elucubraciones tecnocráticas” que han caracterizado a los políticos corruptos enquistados en el poder durante las últimas décadas. Esas propuestas no son técnicas, democráticas, ni genuinas. Con ellas simplemente busca ganar tiempo, intentando tapar el hoyo negro de las desapariciones forzadas en que el país se sumerge día a día, al tiempo que busca jalar reflectores con una nueva treta mediática para seguir en su estrategia de represión y olvido a los verdaderos problemas de impunidad, criminalidad y narco-colusión que caracterizan hoy a su gobierno.

Después de 26 meses de ignorar por completo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y transcurridos ya casi tres meses del estallido de los mansión-escándalos suyos, de su mujer y de su secretario de Hacienda, Peña Nieto recuerda que la función principal de los organismos de control presupuestal en la época del neoliberalismo ha sido fungir como encubridores y lavadores de fraudes.

Aunque en realidad el señor Peña no precisa de un “zar anticorrupción” que lo exoneré de forma expedita como evidentemente será el rol político a desempeñar por el señor Virgilio Andrade. No lo necesita, porque en el mismo discurso, acartonado y poco fluido –como quien repite palabras que no entiende- con el que anunció sus medidas, Peña Nieto se auto-exoneró de un plumazo: “el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones… y no obstante lo anteriorsoy consciente de que los señalamientos realizados (sic) generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad nunca ocurrió”. De la manufactura de la “verdad histórica” de Ayotzinapa asistimos a la “verdad histórica” de la probidad gubernamental.

De lo que no es “consciente” el señor presidente es que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, él está a la cabeza de Administración Pública Centralizada. Por ello para el ejercicio legal de sus atribuciones todos los funcionarios públicos que participan en esos “contratos otorgados”, esas “compras y obras adjudicadas”, y todo tipo de “comités de adquisiciones” son sus subordinados directos en tanto que miembros del Poder Ejecutivo que él supuestamente encabeza. Así que tanto el titular del ejecutivo como sus subordinados se encuentran igualmente sujetos al régimen de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y deben responder por sus faltas, violaciones y abusos.

De forma chusca se permitió darnos “cátedra” sobre los tres tipos de “conflictos de interés” que “la doctrina” reconoce y que en una burda y ramplona simplificación Peña Nieto divide en “reales”, “potenciales” y “aparentes”; bien pudo haber dicho también “malos”, “buenos” y “feos”. Peña Nieto fue concluyente en que el principal objetivo de sus falaces y burocráticas medidas no será limpiar el gobierno sino solamente combatir los feos conflictos de interés “aparentes”. Ello es quizás el único elemento de congruencia de su fallida política anticorrupción, ser fiel a la estrategia que le ha resultado ser altamente lucrativa: la manufactura de apariencias y percepciones.

Peña Nieto anunció con bombo y platillo que “a partir de mayo de 2015, será obligación de los servidores públicos federales presentar una Declaración de Posibles Conflictos de Interés”. Ello evidentemente no resolverá absolutamente nada. Si realmente quisieran resolver de raíz el problema lo se debe hacer es prohibir de manera explícita y tajante en la ley que cualquier funcionario público, legislador o juez tenga relación personal, profesional o de negocios con cualquier interés que pueda ser afectado por sus decisiones. Es decir, un verdadero marco jurídico en materia de conflicto de intereses imposibilitaría que un dueño de gasolineras fuera Secretario de Energía, como ocurre hoy, que un compadre de empresarios constructores ocupe la Secretaria de Hacienda, como ocurre hoy, o que el esposo de una millonaria actriz de Televisa sea Presidente de la República, como ocurre hoy.

México merece un gobierno encabezado por ciudadanos limpios cuyo único interés sea el bienestar de la patria, no seguir siendo regidos por vividores cuyo único propósito es lucrar con el poder. De nada nos sirve solamente conocer los conflictos de interés con el fin de reducir la “percepción” de la corrupción en el gobierno. Los tiempos modernos exigen acabar de raíz con la entrega de nuestras instituciones públicas a los peores intereses anti-nacionales.

La ocurrencia de llamar “acciones ejecutivas” a sus elucubraciones tecnocráticas y puntadas burocráticas surge de un reprobable complejo de inferioridad con respecto a Estados Unidos así como de un total desconocimiento del sistema jurídico mexicano. Intentando imitar las “acciones ejecutivas” de Barack Obama en los casos de Cuba y la reforma migratoria, el señor Peña Nieto también quiere las suyas. Habría que recordarle al mandatario mexicano que de acuerdo a nuestro sistema político, aquí absolutamente todos los actos de la Administración Pública Federal son precisamente acciones “ejecutivas”.

Otra falsedad que el presidente declaró de forma irresponsable en su conferencia de recaudación de aplausos fue que “en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad posibles conflictos de interés”. Y Videgaray llegó definitivamente más lejos que su jefe con respecto al cinismo ensoberbecido de impunidad que encierra su declaración de que “si la ley dijera que tenemos que hacer declaraciones de conflicto de interés como en Gran Bretaña, yo hubiera declarado que tenía esta casa adquirida con un crédito con esta empresa Higa” (Milenio, 3 febrero 2015).

El problema no es una falta de precisión en las leyes mexicanas sino una falta de vergüenza de parte de los funcionarios públicos priistas. En México contamos con un sofisticado entramado de obligaciones legales y marcos normativos que regulan y sancionan los conflictos de interés. El Código Penal cuenta desde ya con una amplia gama de delitos para los empleados públicos, tales como “abuso de autoridad”, “tráfico de influencias”, “ejercicio abusivo de funciones”, “cohecho”, “peculado” y ..... para seguir leyendo oprima a aquí

Le Mexique est aux prises avec la narco-politique: Entretien avec Irma Eréndira Sandoval dans Le Monde, Paris, France (9, Decembre, 2014)

«Le Mexique est aux prises avec la narco-politique»

Pour Irma Eréndira Sandoval, qui étudie la corruption au Mexique, le récent massacre de 43 étudiants est révélateur d’un Etat désormais au service des narcotrafiquants contre la population et la contestation. Irma E. Sandoval est professeure à l’université nationale autonome du Mexique. Elle y dirige le Laboratoire de recherche sur la corruption et la transparence. Elle est actuellement professeure invitée à Sciences Po/Sorbonne Nouvelle.

Q. Dans quel contexte politique la disparition de ces 43 étudiants en septembre s’inscrit-elle ?

Cette tuerie est très significative car elle démontre que le pouvoir cherche à briser le cycle de manifestations en cours au Mexique. Les victimes fréquentaient l’école normale d’instituteurs d’Ayotzinapa, qui forme des enseignants ruraux. Elles étaient réunies pour lever des fonds afin de pouvoir se rendre à la commémoration d’une autre mobilisation estudiantine qui se termina, elle aussi, par une tuerie, bien plus grave celle-là, le massacre de Tlatelolco, le 2 octobre 1968.

À la demande du maire de la petite ville où se trouvaient les étudiants ce 26 septembre, la police est envoyée, accompagnée d’hommes non identifiés, pour réprimer les futurs instituteurs et les remettre au cartel local qui les assassine.

Le Mexique subit la violence des narcotrafiquant depuis 20 ans, mais l’Etat jusque-là se contentait de prendre parti pour l’un ou l’autre des barons de la drogue et de cibler ses rivaux. Aujourd’hui, l’Etat vise directement ceux qui contestent son autorité. Nous en sommes arrivés à un point où l’on peut comparer la situation du Mexique à celle du Chili sous Pinochet. La Colombie n’offre même pas un point de comparaison crédible, car au Mexique, les relations entre narcos et responsables politiques sont bien plus étroites. Les premiers interlocuteurs des narcos ne sont pas des organisations comme les FARC ou des milices, mais bien nos représentants élus.

Q. Selon vous, le président peut-il apaiser la situation ?

Le bilan d’Enrique Nieto en la matière ne le laisse pas croire. Lorsqu’il était gouverneur de l’Etat de Mexico, entre 2005 et 2011, il a également fait face à d’intenses mouvements de contestation, sans avoir engagé le dialogue avec les opposants. On a pu s’en rendre compte lorsque les habitants de San Salvador Atenco, une petite ville près de Mexico, se sont révoltés contre le projet d’aéroport international qu’il défendait. M. Nieto a préféré se braquer et employer la manière forte. La répression policière fit plusieurs morts. Aujourd’hui président, M. Nieto mène la même politique anti démocratique.

Cette stratégie s’est retournée contre le gouvernement car elle ne fait qu’accélérer la prise de conscience en cours. Les gens continuent à manifester en dépit du sentiment de peur que le gouvernement cherche à diffuser. Les électeurs sont désabusés et ne voient plus l’utilité des différents scrutins. Et c’est très malheureux. Mais c’est une conséquence naturelle de la situation. Il faut changer les choses.

Q. Laurent Fabius affirmait récemment que « le Mexique reste un Etat démocratique », vous êtes donc en désaccord avec lui ?

Oui et non. Car si l’on ne considère que les institutions et leur fonctionnement, le Mexique n’est pas une démocratie. Mais si notre regard se porte plutôt sur la société civile, oui, le Mexique est bien une démocratie.

Il est du reste très significatif que le ministre français des affaires étrangères emploie ce verbe, rester. Il ne nous dit pas que le Mexique “est” une démocratie, mais qu’il demeure, malgré tout, une démocratie. En reconnaissant de manière implicite ce hiatus, Laurent Fabius semble nous rappeler la nécessité de reconstruire notre démocratie.

Certains estiment que le Mexique est un Etat failli (failed state), je ne crois pas que ce soit le cas. En plus d’une société civile vigilante, le Mexique dispose d’une grande force économique, notamment grâce au pétrole.

Q. Partagez vous l’idée selon lequel le Mexique est il aux prises avec la « narco-politique » ?

Il y a une industrie de la guerre, de la drogue, une autre qui s’occupe de blanchir l’argent. Ces secteurs d’activité sont très prospères et ont cannibalisé le pays. Ce massacre en donne la preuve. L’armée est gagnée par ce mal. Depuis une dizaine d’années, elle est devenue un acteur politique important en s’appuyant sur la guerre contre la drogue. Alors qu’ils avaient pour tradition de faire profil bas, les généraux se présentent maintenant comme des figures d’autorité dans notre démocratie et cherchent à se faire connaître du public, ce qui est très inquiétant.

Q. Les États-Unis sont-ils en partie responsables la situation ?

Oui, à bien des égards. Le dictateur Porfirio Díaz, au pouvoir de 1884 à 1911, et mort ici à Paris, disait ainsi « pauvre Mexique, si loin de Dieu, si près des États-Unis ». Cela reste toujours vrai. L’accord de libre-échange nord-américain, entré en vigueur en 1994, a déstabilisé notre pays, ruinant l’agriculture locale. En vingt ans, nous avons vu disparaître les petits paysans au profit d’un modèle industriel de production qui a provoqué de vastes mouvements de population. L’initiative de Mérida a également déraillé. Lancée en 2007, elle devait aider le Mexique à lutter contre les narcotrafiquants, en finançant l’achat de matériels militaires. Or, cet équipement sert aujourd’hui dans une guerre contre l’ensemble de la société.

Par ailleurs, la militarisation de la frontière mexicano-américaine a transformé le Mexique en zone tampon où se trouvent tous les migrants d’Amérique latine qui souhaitent aller aux États-Unis sans y parvenir. Cela vient aussi fragiliser le Mexique. Sans parler de l’import illégal d’armes venant des États-Unis, où elles sont en vente libre, et qui viennent alimenter la violence dans notre pays. On sait aussi grâce au Wall Street Journal que des agents américains conduisent des opérations spéciales au Mexique en se faisant passer pour des agents mexicains, sans l’autorisation de nos autorités. C’est un scandale et un profond manque de respect pour nos institutions.

Q. Vous provenez vous-même de l’Etat de Guerrero où ces 43 étudiants ont disparu. Que pouvez-vous nous dire de cette région ?

1. Cet Etat porte le nom de Vicente Guerrero (1782-1831), qui fut l’un des leaders de la guerre d’indépendance (1810-1821) et président du Mexique. Sous son autorité, notre pays fut l’un des premiers en Amérique Latine à abolir l’esclavage en 1829. L’Etat du Guerrero fut l’un des centres de la mobilisation étudiante dans les années 1960 et la guérilla d’inspiration communiste y est née dans les années 1970.

Il faut cependant être attentif à une chose, la mobilisation est aujourd’hui en train de se radicaliser. La violence s’installe, bien que de manière encore limitée. Des manifestations sont organisées aux abords des bureaux du PRI et le lobby est incendié, idem à la législature locale. Il n’y a pas d’émeutes, les objectifs sont définis à l’avance. Mais il faut s’inquiéter de ces développements. La tension ne fera que monter à mesure que l’on approchera des élections locales en juillet 2015.

Propos recueillis par Marc-Olivier Bherer

Para leer nota original de click aquí

Irma Eréndira Sandoval: The root of Mexico’s violence is corruption (The Dallas Morning News, 4 December 2014)

Mexican President Enrique Peña Nieto has reacted in all of the wrong ways to the enormous social protests in Mexico, the U.S. and over 100 cities abroad calling for justice for the 43 missing students from the Ayotzinapa teachers college. Instead of responding to protesters’ demands for increased democracy and accountability, he has politicized the violence and stubbornly hung on to old, authoritarian ways.

If Peña Nieto were serious about addressing the root causes of the public security crisis, he would assume his responsibility, rearrange his cabinet, investigate probable complicity of the armed forces and work closely with community police in the states of Guerrero and Michoacán to clean up local governments.

Instead, he has tried to divert the blame to opposition political parties, centralized power and stepped up arbitrary arrests of student activists. He has also made superficial bureaucratic reforms, such as changing the emergency hotline number from 066 to 911, and modifying the national citizen identification system. And his top military commanders have threatened the population with increased repression.

The key problem is that Mexico’s “democratic transition” has failed to empower society or settle accounts with the past. Instead, like the Russian and many African and Eastern European transitions, liberalization has meant only the diversification of the power bases for the same old moguls and oligarchs.

Mexico is one of the most corrupt countries in the world. It received a failing score of 35 out of 100, tied with Bolivia, Moldova and Niger, in the 2014 Transparency International Corruption Perceptions Index. Mexico is also one of the most unequal countries. It is home to the second-richest man in the world, Carlos Slim, as well as to more than 65 million poor.

Mexico has also suffered the consequences of the drug and arms trades. The U.S. spends more than $109 billion a year on illegal drugs, of which a large proportion ends up in the hands of the drug cartels south of the Rio Grande. Meanwhile, an average 252,000 U.S.-made guns cross the border south each year, yielding approximately $127 million in revenue for gun manufacturers.

The return of the old, authoritarian Party of the Institutional Revolution (PRI) to power with Peña Nieto has turned back the clock on politics. For instance, the new president’s “Pact for Mexico” has canceled the power of Congress and transferred decision making to opaque, informal political bargaining behind closed doors. Simultaneously, attacks on journalists, students and human rights activists have skyrocketed. As a result, just 21 percent of the Mexican population is “satisfied with the functioning of democracy,” according to the most recent Latinobarometer study. This is the second-lowest number in all of Latin America, after Honduras. Mexico also has the highest level of citizen rejection of existing political parties (45 percent) in the entire region. Peña Nieto’s public approval ratings have fallen to a record low.

To help explain these numbers, consider that only 6.2 percent of all crimes committed in Mexico are even investigated by the authorities. Most Mexicans distrust the authorities so much that they are too afraid or think it is not worth it to report crimes. The root of the present crisis is therefore not bureaucratic failure but a systemic lack of confidence in the political system as a whole. This explains why the central demand of para seguir leyendo oprima aquí

"Neoliberalismo" y enfoques estructurales de la corrupción. El caso del rescate bancario de México (DERECOM, Revista Online Especializada en Derecho de la Comunicación, No 10, Junio-Agosto 2012)

Introduccion

La economía y la política no pueden ser entendidas como esferas separadas o autónomas. A lo largo de la historia, los sistemas de poder y dominación han estado íntimamente entrelazados con los sistemas de producción y explotación. Esta interpenetración de esferas es lo que está en el corazón del concepto original de economía política. Un gran número de estudios sobre el Estado tratan desafortunadamente a la economía y la política como esferas relacionadas entre sí, pero diferentes. De hecho, esta tendencia emerge de una división metodológica aún más pronunciada entre las disciplinas de la ciencia política y la economía, que las lleva a competir para ver cual  de ellas empuja con mayor fuerza el estudio de las temáticas de la economía política sobre el terreno de la otra, lo que de manera desafortunada deja atrapadas entre estas dos espadas disciplinarias las respuestas a las importantes cuestiones de la economía política. A diferencia de esto, aquí reivindicaremos el campo de estudio de la economía política, al trazar los diversos y constantes vínculos entre lo que erróneamente se ha considerado ‘aspectos puramente políticos’ y ‘fenómenos puramente económicos’ de las dinámicas sociales.

Las reflexiones que aquí ofreceremos apuntan hacia una mejor comprensión de las dinámicas políticas subyacentes al proceso de toma de decisiones financieras en las democracias emergentes. Para ello desarrollamos una comparación configuracional de tres coyunturas decisivas de la historia financiera del México contemporáneo: la nacionalización, la reprivatización y el rescate bancario. Ello nos llevará a desmitificar el concepto del “neoliberalismo” y cuestionar seriamente aquella posición que lo presenta como la férrea aplicación de una estricta ortodoxia económica que exige el retiro del Estado y que blinda el manejo de los asuntos económicos de los intereses políticos en juego.

Si analizamos la nacionalización, la privatización, el rescate o la extranjerización bancaria, veremos que el hilo conductor de las políticas establecidas en materia financiera en México desde principios de los años ochenta, jamás ha implicado fidelidades a ortodoxias económicas de ningún tipo. El proceso de toma de decisiones en nuestro país ha reflejado sobre todo, la emergencia de una alianza política de burócratas y funcionarios de alto nivel con una nueva élite financiera vinculada a los mercados internacionales. Por ello sostenemos que el Estado nunca se ha retirado, sino únicamente reconfigurado, y el rentismo y la corrupción que se asociaba a etapas previas al “neoliberalismo” no se han reducido sino antes bien expandido y profundizado.

Para demostrar lo anterior propopnemos tres hipótesis.  Primero, que en el diseño de la política financiera los “intereses” han sido siempre más importantes que las “ideas” o las “instituciones”. Segundo, que la variable más importante para explicar los niveles de corrupción y rentismo de los sistemas políticos siempre será la incertidumbre política por la que atraviese un régimen antes que el tipo de régimen en sí mismo. Y tercero, que el pluralismo y la transparencia trabajan a favor de soluciones definitivas y duraderas para enfrentar las crisis económicas y políticas.

En este capítulo se divide en tres appartados. En prmier término resumimos las distintas coyunturas financieras analizadas estudiadas engarzadas a nuestras tres hipótesis específicas sobre la relación de los binomios  intereses vs. ideas, incertidumbre política vs. tipo de régimen, y pluralismo vs. permanencia para concluir con una disquisición sobre nuestro concepto de intervencionismo neoliberal en su relación con la política o el accionar de las  coaliciones distributivas.

En un segundo momento señalamos las contribuciones que nuestras tres hipótesis específicas podrían ofrecer al debate más general acerca del rol del Estado en el mundo “globalizado”. Y en la tercera parte del capítulo, ofrecemos algunas reflexiones finales sobre la formulación y diseño de las políticas públicas en materia financiera.

Para leer artículo completo click aquí

¨Walmart, corrupción y un nuevo Estado democrático¨ (sinembargo.mx, 9 de mayo, 2012)

El gran tema que rondó todas y cada una de las intervenciones de los candidatos presidenciales en el debate fue el de la corrupción, ya fuera como diagnóstico, como denuesto, como denuncia, o como promesa para combatirla. Ya sabemos que Walmart desembolsó 24 millones de dólares en sobornos y corruptelas para agilizar permisos de construcción en áreas no pocas veces reservadas a hospitales, escuelas, reservas ecológicas y hasta zonas arqueológicas.

Pero más que saber lo que Walmart pagó, hoy lo urgente es saber lo que esta empresa, y otras similares, no pagan. El tema de fondo son los miles de millones de pesos que esta trasnacional y muchos otros poderosos grupos, continuamente dejan de ingresar al fisco vía la evasión de impuestos, los regímenes preferenciales y la multiplicación de los llamados créditos fiscales. Es ahí donde junto a los fraudes y las tropelías de los actores privados, se anida la gran corrupción que tiene al país al borde del colapso. Durante el sexenio de Calderón, Walmart recibió más de 2 mil contrataciones gubernamentales, 200 nuevas concesiones, y tan sólo en 2011, 365 permisos para abrir nuevas sucursales, (abriendo una sucursal diaria: 365) ello demuestra que hoy por hoy el sistema económico en nuestro país funciona a partir de un continuo tráfico prácticas ilícitas, intereses empresariales y lobbies políticos que claramente anulan la competencia y el crecimiento. Los cálculos recientes han estimado que la corrupción involucrada en las licitaciones y ...

Artículo completo disponible en SINEMBARGO.MX http://www.sinembargo.mx/opinion/09-05-2012/6806

Seminario: Información Pública y Poderes Fácticos

Programa

Miércoles 23 de Noviembre 2011

10:00 hrs.

Inauguración

Dra. Rosalba Casas, Directora Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

10:15 hrs.

Mesa I: Poderes Fácticos, Lavado de Dinero y Transparencia

Dra. Irma Eréndira Sandoval, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Sen. Pablo Gómez, Senador de la Ciudad de México

Dra. Perla Gómez Gallardo, Univ. Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa

Dip. Mario di Costanzo, Diputado Federal LXI Legislatura

Modera: Dra. Silvia Inclán, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

12:00 hrs.

Mesa II: Opacidad Financiera y Empresarial

Dr. Edgardo Buscaglia, Instituto Tecnológico Autónomo de México

Dra. Eugenia Correa, Posgrado Facultad de Economía, UNAM

Dr. Wesley Marshall, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

Mtro. Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana

Modera: Dr. Marcos Cueva Perus, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Jueves 24 de Noviembre 2011

10:00 hrs.

Mesa III: Ley de Asociaciones Público-Privadas

Dip. Laura Itzel Castillo, Diputada Federal, LXI Legislatura

Dra. Asa Cristina Laurell, Centro d Análisis y Estudios de la Seg. Social

Mtro. Joel Herrera, Univesidad Autónoma de la Ciudad de México 

Dr. Jorge Witker, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM

Modera: Dr. Ricardo Pozas Horcasitas, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

12:00 hrs.

Mesa IV: Interés y Dinero Público vs. Rentas Privadas

Mtra. Purificación Carpinteyro, Ex Subsecretaria de Comunicaciones
Dra. Florence Toussaint, Fac. Ciencias Polìticas y Sociales-UNAM

Mtro. Miguel Pulido, Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Dr. Francisco Ibarra Palafox, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM

Modera: Dra. Irma Eréndira Sandoval, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Informes e inscripciones:

Gregorio González 5622 7400 Ext. 326
Se entregará constancia con valor curricular. Entrada Libre

"Neoliberales trasnochados" (El Universal, 27 de mayo de 2010)

La rampante corrupción que caracterizó “la liberalización a la mexicana” de los años 90, ha demostrado que la privatización no es ni de cerca la solución para la crisis del sector público. La grave turbulencia financiera global de los últimos años también ha roto con el mito de la supremacía del mercado y sus recetas desreguladoras. Hoy, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos se atreve a proponer un retorno al modelo neoliberal. Justo el pasado 20 de mayo, el Senado norteamericano aprobó un importante paquete de reformas que elevan de manera significativa los controles sobre el sector financiero.

Lamentablemente en nuestro país todavía existen algunos trasnochados que siguen creyendo en el dios del mercado y el espíritu santo del sector privado. Destaca de forma conspicua el presidente Felipe Calderón quien el año pasado presentó una iniciativa para expedir la Ley de Asociaciones Púbico-Privadas (LAPP) cuyo objetivo central es liquidar la rectoría del Estado en áreas neurálgicas para el desarrollo como educación, salud, seguridad pública, comunicaciones, e infraestructura.

El pasado 29 de abril, la Ley de Asociaciones Púbico-Privadas se aprobó en lo general en el Senado de la República con el respaldo del PAN, el PRI y algunos senadores del PRD. Por fortuna, una falta de quórum en el recinto de Xicoténcatl forzó un aplazamiento de las votaciones sobre las reservas particulares y el proceso de aprobación en su conjunto. Sin embargo, la amenaza sigue latente y el gobierno federal aprovechará cualquier oportunidad, incluso durante un eventual periodo extraordinario, para consumar esta ley que viene acompañada de regresivas reformas a las leyes de Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Expropiación, la General de Bienes Nacionales; y, el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48495.html