El régimen busca imponer su proyecto desnacionalizador y depredador a golpe de torpezas. Creyeron que una vez “lograda” la privatización del petróleo, la aprobación de la Ley General de Aguas sería un mero trámite y ya vieron que no resultó así. De hecho ha ocurrido exactamente lo contrario. Debido a que el agua es vista por todos los ciudadanos como el origen del derecho a la vida, para los movimientos sociales de lucha y de resistencia en el país, este vital elemento ha resultado ser un combustible más poderoso que el propio petróleo. El intento del régimen por arrebatarnos el agua levantará y unirá a la sociedad más rápidamente que las otras embestidas neoliberales. Constituye ya un gran triunfo para la sociedad y el pueblo de México el que a pesar de su inicial aprobación en las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados el pasado 4 de marzo, hoy la retrógrada Ley General de Aguas haya tenido que ser enviada a la congeladora.
Ello es lo que probablemente tenga tan enojado al diputado Manlio Fabio Beltrones quien ha descalificado como “de lento aprendizaje” a aquellos que han denunciado los objetivos privatizadores de la iniciativa. Y su enojo no es para menos, sin la aprobación de la Ley de Aguas, la reforma energética en su conjunto se encuentra en riesgo. Entre los objetivos centrales de la antipatriótica y anticonstitucional reforma energética destaca en primer lugar la legalización del ominoso “fracking” en nuestro territorio. Esta técnica depredadora de los ecosistemas, que por cierto ya se encuentra prohibida en vastas áreas de los Estados Unidos, no puede ejecutarse sin el derroche y contaminación extrema del agua. Así la reforma energética no cuenta con ningún viso de arranque sin la privatización del agua y la subordinación a las corporaciones internacionales de todos y cada uno de los procesos técnicos, financieros y de gestión para la exploración, distribución y almacenaje de las aguas nacionales.
Beltrones insiste en que la propuesta no es privatizadora, pero su iniciativa de Ley en sus artículos 80 y 81 señala que el llamado sector social y privado podrán participar a través de concesiones en los procesos de extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, almacenamiento, medición y facturación y cobro de tarifas de nuestro vital líquido. Aún más el artículo 129 permite la participación de particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal. En algo tiene razón sin embargo el señor Beltrones, esto no es una privatización clásica, es algo aún peor, es un verdadero oxímoron: una público-privatización que busca transferir los riesgos económicos desde el mercado al Estado, mientras que importa el conocimiento y la experiencia técnica desde el sector público al sector privado. Como sabemos es completamente falsa aquella idea de que las empresas con desempeños pobres salgan automáticamente del mercado. La teoría y práctica del demasiado grande para fallar, ha hecho evidente que las empresas y corporaciones con desempeños pobres y deshonestos pueden incluso recibir más dinero y apoyo para afrontar sus carencias técnicas y morales. Con la expansión del modelo representado por la público-privatización la tendencia a la intervención y el empleo de rescates estatales se institucionalizará en la vida social del país dejando tras de sí una gran estela de corrupción.
La Ley General de Aguas propuesta por el PRI es muy clara, se podrán otorgar concesiones totales o parciales por hasta 30 años o más, se eliminarán los subsidios a las familias y estados más empobrecidos y se favorecerán los intereses de los grupos de colusión empresarial. Esta Ley General de Aguas se inserta en la agenda política de la expropiación, la privatización y endeudamiento público espurio impulsada de forma significativa con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP) de Felipe Calderón. Hoy con las aguas nacionales se busca exactamente lo mismo: la absorción privada y el control total de la gran variedad de servicios públicos y procesos técnicos ya existentes alrededor de nuestro vital líquido para que las corporaciones privadas decidan, dispongan y establezcan nuevos proyectos de infraestructura en función de sus intereses privados y de lucro que paradójicamente se financiarán con dinero del sector público.
Bajo el neoliberalismo depredador actual, funciones y responsabilidades “públicas” de la máxima importancia para el desarrollo económico y social han sido transferidas a corporaciones privadas, contratistas independientes y entidades “reguladoras” que con gran velocidad buscan sustituir al Estado con el argumento de la sinergia público-privada. Ello sin embargo representa riesgos enormes para la transparencia y la rendición de cuentas. La falsa idea de la supuesta colaboración entre el sector “público” y “privado” tradicionalmente ha creado un nicho de impunidad y opacidad en beneficio de las corporaciones quienes se niegan a transparentar sus negociaciones, revelar detalles de sus operaciones o incluso dar a conocer los contratos sobre los cuales se desarrollan dichas tareas públicas.
No olvidemos que ya por ejemplo, el nuevo dictamen de la Ley de Transparencia propuesto por el gobierno de Peña Nieto contraviene en el artículo 113 el principio de “máxima publicidad” que además está constitucionalizado. Asimismo en su artículo 83 la propuesta de Peña proponía la reserva o confidencialidad de todos los contratos de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo, y asimismo anulaba la obligación de publicitar las bases, reglas, ingresos, costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos de estos mismos contratos y otros que pudieran ser “comercialmente sensibles”.
El motivo real de la opacidad que se regala al sector privado particularmente a partir del diseño normativo de la “reforma energética” y hoy a través de la “Ley General de Aguas”, que como ya hemos señalado no sería sino un utensilio para avanzar la primera... Para continuar leyendo
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