El despropósito simulador de las ocho medidas anticorrupción que Enrique Peña Nieto anunciara el pasado martes 3 de febrero es otro ejemplo de las “elucubraciones tecnocráticas” que han caracterizado a los políticos corruptos enquistados en el poder durante las últimas décadas. Esas propuestas no son técnicas, democráticas, ni genuinas. Con ellas simplemente busca ganar tiempo, intentando tapar el hoyo negro de las desapariciones forzadas en que el país se sumerge día a día, al tiempo que busca jalar reflectores con una nueva treta mediática para seguir en su estrategia de represión y olvido a los verdaderos problemas de impunidad, criminalidad y narco-colusión que caracterizan hoy a su gobierno.
Después de 26 meses de ignorar por completo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y transcurridos ya casi tres meses del estallido de los mansión-escándalos suyos, de su mujer y de su secretario de Hacienda, Peña Nieto recuerda que la función principal de los organismos de control presupuestal en la época del neoliberalismo ha sido fungir como encubridores y lavadores de fraudes.
Aunque en realidad el señor Peña no precisa de un “zar anticorrupción” que lo exoneré de forma expedita como evidentemente será el rol político a desempeñar por el señor Virgilio Andrade. No lo necesita, porque en el mismo discurso, acartonado y poco fluido –como quien repite palabras que no entiende- con el que anunció sus medidas, Peña Nieto se auto-exoneró de un plumazo: “el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones… y no obstante lo anteriorsoy consciente de que los señalamientos realizados (sic) generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad nunca ocurrió”. De la manufactura de la “verdad histórica” de Ayotzinapa asistimos a la “verdad histórica” de la probidad gubernamental.
De lo que no es “consciente” el señor presidente es que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, él está a la cabeza de Administración Pública Centralizada. Por ello para el ejercicio legal de sus atribuciones todos los funcionarios públicos que participan en esos “contratos otorgados”, esas “compras y obras adjudicadas”, y todo tipo de “comités de adquisiciones” son sus subordinados directos en tanto que miembros del Poder Ejecutivo que él supuestamente encabeza. Así que tanto el titular del ejecutivo como sus subordinados se encuentran igualmente sujetos al régimen de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y deben responder por sus faltas, violaciones y abusos.
De forma chusca se permitió darnos “cátedra” sobre los tres tipos de “conflictos de interés” que “la doctrina” reconoce y que en una burda y ramplona simplificación Peña Nieto divide en “reales”, “potenciales” y “aparentes”; bien pudo haber dicho también “malos”, “buenos” y “feos”. Peña Nieto fue concluyente en que el principal objetivo de sus falaces y burocráticas medidas no será limpiar el gobierno sino solamente combatir los feos conflictos de interés “aparentes”. Ello es quizás el único elemento de congruencia de su fallida política anticorrupción, ser fiel a la estrategia que le ha resultado ser altamente lucrativa: la manufactura de apariencias y percepciones.
Peña Nieto anunció con bombo y platillo que “a partir de mayo de 2015, será obligación de los servidores públicos federales presentar una Declaración de Posibles Conflictos de Interés”. Ello evidentemente no resolverá absolutamente nada. Si realmente quisieran resolver de raíz el problema lo se debe hacer es prohibir de manera explícita y tajante en la ley que cualquier funcionario público, legislador o juez tenga relación personal, profesional o de negocios con cualquier interés que pueda ser afectado por sus decisiones. Es decir, un verdadero marco jurídico en materia de conflicto de intereses imposibilitaría que un dueño de gasolineras fuera Secretario de Energía, como ocurre hoy, que un compadre de empresarios constructores ocupe la Secretaria de Hacienda, como ocurre hoy, o que el esposo de una millonaria actriz de Televisa sea Presidente de la República, como ocurre hoy.
México merece un gobierno encabezado por ciudadanos limpios cuyo único interés sea el bienestar de la patria, no seguir siendo regidos por vividores cuyo único propósito es lucrar con el poder. De nada nos sirve solamente conocer los conflictos de interés con el fin de reducir la “percepción” de la corrupción en el gobierno. Los tiempos modernos exigen acabar de raíz con la entrega de nuestras instituciones públicas a los peores intereses anti-nacionales.
La ocurrencia de llamar “acciones ejecutivas” a sus elucubraciones tecnocráticas y puntadas burocráticas surge de un reprobable complejo de inferioridad con respecto a Estados Unidos así como de un total desconocimiento del sistema jurídico mexicano. Intentando imitar las “acciones ejecutivas” de Barack Obama en los casos de Cuba y la reforma migratoria, el señor Peña Nieto también quiere las suyas. Habría que recordarle al mandatario mexicano que de acuerdo a nuestro sistema político, aquí absolutamente todos los actos de la Administración Pública Federal son precisamente acciones “ejecutivas”.
Otra falsedad que el presidente declaró de forma irresponsable en su conferencia de recaudación de aplausos fue que “en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad posibles conflictos de interés”. Y Videgaray llegó definitivamente más lejos que su jefe con respecto al cinismo ensoberbecido de impunidad que encierra su declaración de que “si la ley dijera que tenemos que hacer declaraciones de conflicto de interés como en Gran Bretaña, yo hubiera declarado que tenía esta casa adquirida con un crédito con esta empresa Higa” (Milenio, 3 febrero 2015).
El problema no es una falta de precisión en las leyes mexicanas sino una falta de vergüenza de parte de los funcionarios públicos priistas. En México contamos con un sofisticado entramado de obligaciones legales y marcos normativos que regulan y sancionan los conflictos de interés. El Código Penal cuenta desde ya con una amplia gama de delitos para los empleados públicos, tales como “abuso de autoridad”, “tráfico de influencias”, “ejercicio abusivo de funciones”, “cohecho”, “peculado” y ..... para seguir leyendo oprima a aquí
