jueves, 29 de diciembre de 2011

"Jalisco: regreso a la opacidad" (El Universal, 28 Diciembre 2011)



La aprobación unánime de una nueva Ley de Información Pública en Jalisco demuestra que cuando se trata de cerrar filas en torno a la opacidad no hay división ideológica ni partidista que valga. Fruto de un albazo legislativo en donde se tiran por la borda más de cinco años de ricos e intensos debates y discusiones con expertos nacionales e internacionales, la reforma también dejó fuera la opinión de los mismos comisionados del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad. 
La nueva legislación arremete contra el espíritu de rendición de cuentas presente en la anterior ley y en la Constitución Política del Estado de Jalisco. Entre el rosario de graves retrocesos destaca el hecho que podría desatar procesos persecutores en contra de periodistas, investigadores y ciudadanos. Estos se convierten en “delincuentes” cuando difunden, divulgan o publican “información pública reservada o clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente”. Así, de la noche a la mañana una ley supuestamente diseñada para facilitar el libre flujo de la información, se convierte en una arma más para que el gobierno pueda reprimir y limitar la libertad de expresión.
La nueva Ley también cierra la llave de acceso a documentos públicos con un amplio repertorio de nuevas "reservas" redactadas de manera capciosa para prohibir el acceso ciudadano a cualquier información que pudiera afectar los intereses de la clase política o el ....

viernes, 16 de diciembre de 2011

Testigos sociales: ¿Quiénes son, qué hacen? (Entrevista 14 de Diciembre 2011, para la Agencia Latinoamericana de Información)

Se encargan de verificar que las licitaciones y contrataciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se realicen con transparencia, honradez e imparcialidad cuando arrienden, realicen obra pública o servicios, ya sea por licitación pública, invitación o adjudicación directa. A su participación están sujetos, además, todas las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal.
 
Son acreditados por la Secretaría de la Función Pública, SFP, a través de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, quien regula también su participación.
 
Hoy día se encuentran registradas cinco organizaciones y 34 personas físicas, pero, a pesar de que nos representan, ni usted ni yo los conocemos, y la forma de seleccionarlos “no es nada transparente”, coincide la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en entrevista con el diario La Razón.
 
Los testigos sociales, según su ramo, son asignados por la SFP, y –establece la ley– su pago será por hora debiéndolo cubrir la entidad gubernamental que lo solicite. Aquí comienza la farsa, han señalado especialistas como John Ackerman y la propia Irma Eréndira Sandoval, porque si es Función Pública de quien dependen y el organismo supervisado es el que paga, difícilmente podrán dar una opinión en contra de quienes los contrata.
 
Casos se han documentado donde, pese a la participación de los testigos, los licitantes perdedores impugnan el proceso por vicios en los procesos de contratación; además de que en la mayoría de sus “testimonios públicos de participación” los testigos nunca han reportado o denunciado hechos de corrupción.
 
Para la doctora Sandoval Ballesteros “Estructuralmente no están dadas las condiciones para que el programa de testigos sociales funcione como debiera ser… depende mucho del testigo, de quien está cumpliendo con la función, si representa verdaderamente a la sociedad o si tiene la posibilidad o la capacidad  de denunciar ante las autoridades competentes los datos ilícitos o de corrupción que se pudieran encontrar, así como las tendencias al favoritismo…”          
 
¿Cuánto cuesta el trabajo de los testigos sociales? Un documento de Transparencia Mexicana en internet (Pactos de integridad) señala que ellos cobran 5 mil pesos la hora y el cálculo de su “donativo” se hace en función de la bitácora de actividades. El pago total –asegura– sirve para cubrir los honorarios del testigo social y los administrativos del mismo organismo.
 

Para continuar con esta nota: http://www.alainet.org/active/51568&lang=es

miércoles, 23 de noviembre de 2011

El cándido México y su malvada banca

AGENDA CIUDADANA
El cándido México y su malvada banca
Periodico Reforma
Lorenzo Meyer
13 Oct. 11

Un problema general

La desgracia nacional en que se convirtió la banca mexicana a partir de su transformación a raíz de la gran crisis de 1982 -su rescate es hoy una deuda pública y pesa como piedra de molino alrededor del cuello colectivo, el crédito no fluye como debiera, sus servicios son muy caros e ineficientes- no es un problema sólo de México. Pero un mal de muchos no es consuelo.

Paul Krugman, economista norteamericano, Premio Nobel y crítico agudo de las reglas que hoy gobiernan la economía de su país, al justificar y aplaudir las protestas callejeras de los "ocupas" de Wall Street, hace un resumen en tres actos del desastre económico que hoy afecta al mundo: "En el primer acto, los banqueros se aprovechan de la disminución de los controles gubernamentales para irse por la libre (además de darse compensaciones fabulosas) y crear grandes burbujas [especulativas] con préstamos irresponsables. En el segundo, esas burbujas estallan, pero los bancos son rescatados con dinero público y de manera casi incondicional en tanto que la masa trabajadora debe pagar por los pecados de los banqueros. En el tercer acto, los banqueros muestran su agradecimiento dándole apoyo -y los recursos que aún poseen gracias al rescate- a los políticos que prometen bajarles a ellos los impuestos y desmantelar la poca vigilancia creada a raíz de la crisis" (The New York Times, 6 de octubre). El drama financiero en tres actos elaborado por Krugman para Estados Unidos no es muy diferente del que registra Irma Eréndira Sandoval para México en: Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal en la banca: México (1982-1999), (México, 2011).



El corazón de las tinieblas

Adentrarnos en la historia reciente de la banca mexicana es, para usar a Joseph Conrad, explorar nuestro "Corazón de las tinieblas", ese enorme y oscuro río de corrupción que fluye amenazador flanqueado por una espesa e impenetrable selva de impunidad donde, hasta hoy, la política se traga toda traza de justicia, de sentido de la decencia y de esperanza.

La parte trágica de la historia reciente de la banca mexicana es producto de los últimos años del régimen autoritario priista: del desmoronamiento del gobierno de José López Portillo al de Ernesto Zedillo. Pero el cambio de partido en el poder en el 2000 no significó el remedio del mal, sino su arraigamiento. Así pues, los últimos tres decenios de la historia de la banca privada en México se resumen como un proceso que, motivado por una crisis económica y política de gran envergadura, llevó a que esa banca pasara de ser privada pero mexicana a ser estatal para luego volver a manos privadas mexicanas pero ya distintas de las originales, para finalmente caer en otra crisis y terminar siendo privada, básicamente extranjera y poco relevante para el desarrollo del país. Se trata de una transformación notable por su ineficacia, opacidad, corrupción e impunidad, que al final dejó una carga descomunal sobre los hombros del contribuyente mexicano a través del
Fobaproa. Para la autora de Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal en la banca, el caso de México es un ejemplo de lo que no debe hacerse en casos de crisis financieras (p. 294). Y si leemos a Krugman, resulta que el caso norteamericano, también lo es.



El hilo conductor

La hipótesis central que recorre todo el libro de Sandoval, que en su origen fue su tesis doctoral, se encuentra en el inicio y la prueba es el resto de la obra: "El neoliberalismo no debe entenderse como un proyecto económico con implicaciones políticas, sino como un proyecto político con consecuencias económicas" (p. 6).

Con ese punto de partida, la obra se puede ver como una clase de anatomía de las etapas de la crisis financiera mexicana que muestra cómo las decisiones políticas explican la parte sustantiva del desafortunado proceso económico de los últimos tres decenios de nuestro país. En suma, que Harold Lasswell, un politólogo clásico, estaba en lo correcto cuando señaló que "La política es el estudio de quién consigue qué, cómo y cuándo" (World Politics and Personal Insecurity, Nueva York, reedición de 1950, p. 3). Por ello, la historia reciente de la banca mexicana debe entenderse no como un proceso económico sino uno de política pura.



La privatización en contextos autoritarios

El principio del fin del modelo económico mexicano, que en 1982 condujo a la nacionalización de la banca, es para Sandoval "una respuesta política tardía" o "desesperada" a un desastre provocado por la irresponsabilidad de José López Portillo. La nacionalización buscó cargar la culpa de la insolvencia internacional de México no en el espejismo petrolero creado por el gobierno sino "en los tiburones financieros" (pp. 57-60, 94). Ahora bien, según Sandoval, en este dramático e imprevisto inicio del neoliberalismo mexicano, ni la corrupción ni el rentismo jugaron un papel importante, ese correspondió a la improvisación política de un presidencialismo sin contrapesos. En 1982 la banca fue culpada pero salvada de una quiebra inevitablemente como resultado de la crisis económica general (p. 100).

Con De la Madrid ya se puso en marcha el neoliberalismo teniendo plena conciencia de ello. Hubo entonces una reprivatización parcial a través de la Bolsa de tal manera que el Estado controló a los bancos, pero esos bancos ya no controlaron el dinero (p. 105). La especulación se instaló en la cabina de mando del nuevo sistema financiero y nació la nefasta clase de los "casabolseros".

De la Madrid fue el arranque, pero fue en el sexenio salinista cuando la acción política explica plenamente la naturaleza de las medidas económicas. Ahí una Presidencia apremiada por su ilegitimidad original -el fraude de 1988- decidió la construcción de una nueva coalición política. Ese proceso de reconstrucción de las bases de apoyo de la Presidencia y del régimen explica que la banca reprivatizada ya no volviera a los viejos banqueros sino a otros nuevos, a los "casabolseros" -Roberto Hernández es el ejemplo más conspicuo- y firmes aliados a Carlos Salinas: 18 grupos de neobanqueros adquirieron la banca por 38 mil millones de dólares sin que hasta hoy se sepa con certeza de dónde sacaron los fondos (p. 129).

La nueva banca privada no jugó con las reglas del mercado como dictaba el canon neoliberal sino que fue protegida de la competencia auspiciada por el TLCAN por un cascarón que le construyó Salinas y fue regulada de manera muy laxa, por lo que pudo lanzarse a un auténtico frenesí especulativo -entre 1988 y 1992 el crédito bancario al sector privado creció a un ritmo 10 veces superior al del PIB-, lo que desembocaría en una nueva crisis, pero no antes de que sus dueños acumularan ganancias espectaculares. En Estados Unidos el margen de intermediación bancaria oscilaba entonces entre el 1.76 y el 2.87% pero en México llegó al 17.13%, (p. 167). La banca protegida mexicana ganaba más de siete veces que la norteamericana por el mismo servicio. La contraparte de ese festín quedó retratada en la cena del 23 de febrero de 1993 en que Salinas -un virtuoso de la corrupción política- pidió 25 millones de dólares a cada uno de sus 30 invitados (750 millones en conjunto) para apoyar la campaña presidencial del PRI en puerta (pp. 162-163).



El error de diciembre

Con Zedillo llegó la fuga del capital internacional especulativo que había propiciado Salinas, la economía se cayó y la burbuja de los neobanqueros estalló. De nueva cuenta, en vez de actuar según los principios neoliberales, el régimen moribundo rescató a sus aliados financieros. El Fobaproa absorbió una cartera que no iba a ser pagada por los deudores de la banca, incluyendo créditos mal dados a los propios neobanqueros. Aquí Sandoval muestra puntualmente la manera ilegal, absolutamente falta de transparencia en que los errores y corrupción del ala bancaria de la coalición salinista se convirtió en una deuda pública que para 2005 ascendía a 125 mil millones de dólares (p. 198).



Sin cambio

Supuestamente en 2000 el régimen político cambió, pero en realidad la coalición salinista se mantiene en control del poder político institucional. Y prueba de ello es que sigue sin hacerse una verdadera auditoría al Fobaproa, pues la encomendada a Michael Mackey, canadiense, nunca dispuso de la documentación necesaria para llevar a buen fin su tarea. El cambio político hubiera llegado a México si supiéramos, siguiendo a Lasswell, quién exactamente se benefició y cómo, de las decisiones de política bancaria que tomaron Salinas y Zedillo. Si aún no lo sabemos es porque seguimos sin superar al pasado.

   

domingo, 13 de noviembre de 2011

"Simulación certificada" (El Universal, 13 de noviembre 2011)

La escaramuza de Felipe Calderón con los gobernadores y el jefe de Gobierno respecto a la certificación policiaca sólo busca levantar polvo electoral para tapar el hecho de que ninguna de las partes está a la altura del gran reto del combate de la corrupción. La aplicación de evaluaciones de control de confianza no podrá por sí sola remediar la enorme debilidad estructural de la policía. Además, si esta política continúa falta de una verdadera estrategia integral de desarrollo profesional y control externo, la obstinación con la famosa “certificación” podría agravar la impunidad y simulación prevalecientes en las fuerzas del orden.

De acuerdo con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, absolutamente todos los elementos policiacos deben quedar certificados a más tardar el tres de enero de 2013, o de lo contrario, quedarán despedidos. Sin embargo, gobernadores y presidentes municipales han avanzado a paso de tortuga en este proceso. Del universo de 458 mil 816 policías estatales y municipales, solamente 71 mil 79 han sido evaluados. De éstos, sólo 35 mil 851 han aprobado, así que hoy únicamente 7.81% del total de los policías en activo se encuentra certificado.


Este atraso caracteriza por igual a estados gobernados por el PRI, el PAN o el PRD. Guerrero, Veracruz, Estado de México, DF, Nuevo León y Jalisco, todos cuentan con un avance menor a 25%. Los gobernadores están perfectamente conscientes de la corrupción que corroe a sus instituciones de seguridad y no quieren correr el peligro de quedarse sin policías en enero de 2013. Pero en lugar de buscar estrategias alternativas para resolver la situación...

ARTICULO COMPLETO DISPONIBLE EN EL UNIVERSAL

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Seminario: Información Pública y Poderes Fácticos



Programa
Miércoles 23 de Noviembre 2011
10:00 hrs.
Inauguración
Dra. Rosalba Casas, Directora Instituto Investigaciones Sociales-UNAM
10:15 hrs.
Mesa I: Poderes Fácticos, Lavado de Dinero y Transparencia

Dra. Irma Eréndira Sandoval, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM
Sen. Pablo Gómez, Senador de la Ciudad de México
Dra. Perla Gómez Gallardo, Univ. Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa
Dip. Mario di Costanzo, Diputado Federal LXI Legislatura
Modera: Dra. Silvia Inclán, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

12:00 hrs.
Mesa II: Opacidad Financiera y Empresarial

Dr. Edgardo Buscaglia, Instituto Tecnológico Autónomo de México
Dra. Eugenia Correa, Posgrado Facultad de Economía, UNAM
Dr. Wesley Marshall, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
Mtro. Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana
Modera: Dr. Marcos Cueva Perus, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM


Jueves 24 de Noviembre 2011
10:00 hrs.
Mesa III: Ley de Asociaciones Público-Privadas

Dip. Laura Itzel Castillo, Diputada Federal, LXI Legislatura
Dra. Asa Cristina Laurell, Centro d Análisis y Estudios de la Seg. Social
Mtro. Joel Herrera, Univesidad Autónoma de la Ciudad de México 
Dr. Jorge Witker, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM
Modera: Dr. Ricardo Pozas Horcasitas, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM



12:00 hrs.
Mesa IV: Interés y Dinero Público vs. Rentas Privadas

Mtra. Purificación Carpinteyro, Ex Subsecretaria de Comunicaciones
Dra. Florence Toussaint, Fac. Ciencias Polìticas y Sociales-UNAM
Mtro. Miguel Pulido, Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Dr. Francisco Ibarra Palafox, Instituto Investigaciones Jurídicas-UNAM
Modera: Dra. Irma Eréndira Sandoval, Instituto Investigaciones Sociales-UNAM

Informes e inscripciones:
Gregorio González 5622 7400 Ext. 326
Se entregará constancia con valor curricular. Entrada Libre

viernes, 30 de septiembre de 2011

ENTREVISTA EN MVS NOTICIAS

Entrevista con Carmen Aristegui 
sobre libro "Crisis, Rentismo e Intervencionismo Neoliberal" 
(29 septiembre 2011)

ENTREVISTA EN RADIO FÓRMULA, 104.1 FM

Entrevista con Ricardo Rocha sobre el libro 
"Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal"
Radio Fórmula-Detrás de la Noticia (28 septiembre 2011)

viernes, 2 de septiembre de 2011

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias tiene el honor de invitarlo a la presentación del libro: Crisis, rentismo, e intervencionismo neoliberal en la banca: México (1982-1999)
de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros


Jueves, 29 de septiembre 2011, 18:00 hrs.
Casa Lamm, Álvaro Obregón 99, Col. Roma

Presentan:
Dr. Leonardo Curzio
Min. Genaro Góngora Pimentel
Dr. Rogelio Ramírez de la O
Dr. Lorenzo Meyer Cosío

Modera:
Enrique Cárdenas Sánchez

Brindis de honor. Entrada libre

sábado, 16 de julio de 2011

"Espectáculo lamentable" (La Jornada, 13 de julio de 2011)

Elba Esther Gordillo
Foto: José Antonio López. jornada.com
Felipe Calderón ha calificado deespectáculo lamentable el intercambio de acusaciones entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Pero lo verdaderamente lamentable es la total abdicación del gobierno federal para defender la institucionalidad democrática de cara a las presiones y chantajes de los poderes fácticos. Como buen yerno y alfil político de Gordillo, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, ha salido a defender a su suegra afirmando con enorme descaro que vivimos en un país de leyes, no de chismes. Sin embargo, el problema de fondo es precisamente la vulnerabilidad de un estado de derecho en el que personajes como Gordillo, Yunes, González, Guzmán Loera, Montemayor, Hank Rhon, Ruiz y Marín, todos los días demuestran con sus acciones que la ley misma se ha convertido en un chisme, cuyo continuo abuso siempre queda en la impunidad.

Ni Gordillo ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han respondido al emplazamiento directo de su ex aliado incómodo para que la presidenta vitalicia del sindicato permita que un auditor externo revise sus cuentas personales, bienes patrimoniales, ingresos, gastos de inversión, cuentas de cheques, sus tarjetas de crédito y los ingresos que sustentan su ritmo de vida, así como el manejo discrecional que se le ha dado al Fondo para el Retiro de los Trabajadores de la Educación. Eso sí, el Partido Nueva Alianza (Panal) celebra ya la decisión de la Comisión Permanente de solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación a fondo del manejo financiero del Issste durante el periodo de Yunes.

Sin embargo, de poco sirve que políticos, diputados y analistas exijan quelas instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes si como todos sabemos estas indagaciones suelen terminar en simulaciones y encubrimientos. Recordemos, por ejemplo, los estériles resultados de aquella rigurosa investigación que la SFP hiciera a los contratos de dudosa legalidad celebrados entre Pemex y la familia Mouriño...

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sábado, 18 de junio de 2011

"Impunidad democrática" (El Universal, 12 de junio, 2011)

Sabemos bien que Jorge Hank Rhon y Pablo Salazar Mediguchía no son los únicos políticos “con cola que les pisen”. En el México de la impunidad democrática, el abuso de autoridad para acumular recursos y poder no es la excepción sino la regla y se manifiesta por igual entre todos los partidos. Lo excepcional de los políticos detenidos no son sus delitos sino que sean llamados a cuentas.

Pero seguramente ni el ex alcalde de Tijuana, ni el ex gobernador de Chiapas serán sentenciados por los endebles delitos que se les imputan. Más temprano que tarde los hallaremos paseando junto con otros políticos impunes como Raúl Salinas, Oscar Espinosa, Mario Marín, Ulises Ruiz, Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Zeferino Torreblanca, Amalia García, Sergio Estrada, Martha Sahagún y Fidel Herrera, por mencionar algunos casos emblemáticos.

La rendición de cuentas es una deuda del sistema de procuración de justicia. Hoy por hoy, lo que determina la suerte de una investigación criminal no es el profesionalismo o independencia de los MP, sino las órdenes de “sus superiores”, que deciden si el caso se resuelve o se archiva según las necesidades políticas del momento.

La total opacidad de la PGR y de las 32 procuradurías estatales, impiden cualquier escrutinio público, lo que permite el uso faccioso de la ley. El inconstitucional Art. 16 de Código Federal de Procedimientos Penales ha cerrado el acceso a las averiguaciones previas. Asimismo, las denuncias en contra de los funcionarios de procuración de justicia se archivan tan rápido como se reciben. Por ejemplo, la Visitaduría General de la PGR, área responsable de investigar la corrupción dentro de la institución, tendría que contar con un robusto apoyo financiero así como una fuerte protección política para poder fungir como punta de lanza para una limpia general. Pero en los hechos esta oficina ha quedado totalmente relegada durante los cuatro años de la “guerra” de Felipe Calderón. Una situación similar ocurre con las oficinas correspondientes en las 32 entidades federativas. Simplemente no existe un sistema de control interno, externo o ciudadano en la procuración de justicia del país...

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martes, 31 de mayo de 2011

"La primavera de Mayo en Madrid" (El Universal, 25 de Mayo 2011)

La valentía, imaginación política y fraternidad de los miles de participantes en el movimiento del 15 de Mayo surgido en Madrid y otras capitales españolas, constituyen el más bello homenaje que pudo haberse organizado al 80 Aniversario de la República Española. Todos los discursos huecos preparados para la ocasión por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los partidos y actores políticos tradicionales fueron rebasados por el entusiasmo y clarividencia de una juventud que sabe que “un mundo mejor es imperativo”.

Una tendencia similar ocurre en nuestro país. Más allá de la indiferencia, desgano y posibles irregularidades que marcaron la organización por el gobierno federal de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, cuyo costo ascendió a más de 45 millones de dólares, el verdadero homenaje a estas gestas históricas está siendo desplegado por el emergente movimiento por la paz con justicia y de repudio a la criminal guerra de exterminio del pueblo mexicano. Como en los tiempos de la Revolución mexicana, el norte del país se vuelve epicentro hoy de la transformación social y la consigna de “Todos somos Ciudad Juárez” adquiere una resonancia fundamental.

Así como en Madrid los jóvenes rechazan un bipartidismo que simula una aparente confrontación ideológica para esconder la total coincidencia en las decisiones fundamentales de sometimiento al poder del capital financiero, en México estamos ante la emergencia de un movimiento de nuevo signo y que rechaza a las tres principales fuerzas electorales...

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domingo, 6 de marzo de 2011

"Calderón y la corrupción" (El Universal, 6 de marzo de 2011)

La ausencia de estrategias innovadoras y estructurales para combatir la corrupción ha sido uno de los elementos que han caracterizado la alternancia política del país. Ahora, de manera tardía y meramente simbólica en el ocaso de su sexenio, Felipe Calderón busca enmendar este gran fracaso histórico lanzando un par de propuestas nuevas en la materia.

En principio, habría que reconocer los avances de las iniciativas anunciadas el pasado miércoles. Éstas incluyen dos demandas históricas de los estudiosos del combate a la corrupción: por un lado, sanciones contundentes para los miembros del sector privado que se coludan en actos de corrupción y, por otro lado, estímulos económicos para quienes denuncien tales actos. Ambos temas son ampliamente tratados en mi libro más reciente, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI–IISUNAM, 2009). Allí se señala, por ejemplo, que como signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, México estaba obligado desde hace mucho a adoptar medidas de protección y estímulo a los whistleblowers o informantes y denunciantes internos. Sin embargo, tanto el contexto en que estas iniciativas fueron presentadas como la falta de un andamiaje institucional y legal apropiado para hacerlas funcionar, indican que terminarán siendo una nueva llamarada de petate.

Este anuncio se realizó en la víspera del encuentro de Calderón-Obama, lo que sugiere que la propuesta está más diseñada para congraciarse con el gobierno estadounidense, que para lograr la recuperación de la confianza de la ciudadanía mexicana. De la misma forma en que Carlos Salinas, en el marco de la aprobación del TLCAN en 1990, anunciara con bombo y platillo la creación de una CNDH subordinada al Ejecutivo, hoy Calderón también estaría respondiendo a las presiones del Norte...

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domingo, 20 de febrero de 2011

"Transparencia a juicio" (El Universal, 20 de febrero, 2011)

¿Nuestro derecho de acceso a la información pública sigue vigente o está condenado a correr la misma suerte de otras garantías constitucionales que en la práctica han quedado en letra muerta? En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que pronunciarse sobre una serie de casos históricos que determinarán nada menos que el futuro de la transparencia en el país.

Entre ellos destacan: 1) la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH en contra de las reformas al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que cancela el acceso ciudadano a las averiguaciones previas; 2) la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Transparencia del Estado de Campeche que permiten apelar las decisiones de la Comisión de Transparencia local ante el Tribunal Judicial estatal; 3) el amparo presentado por dos ONG en contra de la negativa de la PGR a entregar una versión pública de la averiguación previa de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en relación con la desaparición de Rosendo Radilla en los años 70; y 4) el amparo presentado por Fundar en contra del desacato del SAT a una resolución del IFAI que le ordenaba entregar información sobre montos, motivos y recipiendarios de créditos fiscales de 2007.

Lo que está en juego en todos y cada uno de estos casos es nuestro derecho a saber. Si la SCJN rechaza las “acciones de inconstitucionalidad” no solamente estaría cooperando con la tradicional opacidad de la PGR, y obstaculizando el acceso a información pública en el estado de Campeche, sino que propinaría una estocada de muerte al sexto constitucional. Asimismo, si la Corte niega los amparos ciudadanos, ello abonaría no únicamente a la ignorancia e impunidad de uno de los pasajes de mayor oprobio de nuestra historia: la guerra sucia, y a la típica colusión del poder y el dinero, sino que también convertiría las “resoluciones” de los institutos de transparencia del país en meras “recomendaciones” sin mayor robustez legal o poder vinculatorio...

ARTICULO COMPLETO DISPONIBLE EN EL UNIVERSAL

lunes, 24 de enero de 2011

"Embate al periodismo" (El Universal, 23 de enero 2011)

La libre expresión, regla de oro de toda sociedad democrática, está en peligro. Así lo demuestra la reciente sentencia judicial en contra de la revista Contralínea por la publicación de reportajes que documentan actos de corrupción y conflictos de interés en el otorgamiento de los contratos de Pemex. Con esta decisión, los tribunales del país se colocan por encima de las mesas de redacción de periódicos y revistas para decidir lo que puede ser considerado información publicable.

Nos encontramos en un nuevo estadio de la tradicional intimidación al periodismo de investigación. México es, vergonzosamente, la nación récord en cuanto al número de periodistas ultimados en sus tareas profesionales. Recordemos las recientes agresiones a El Sur,  la revista Proceso y otros medios críticos del poder.

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