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| Elba Esther Gordillo Foto: José Antonio López. jornada.com |
Felipe Calderón ha calificado deespectáculo lamentable el intercambio de acusaciones entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Pero lo verdaderamente lamentable es la total abdicación del gobierno federal para defender la institucionalidad democrática de cara a las presiones y chantajes de los poderes fácticos. Como buen yerno y alfil político de Gordillo, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, ha salido a defender a su suegra afirmando con enorme descaro que vivimos en un país de leyes, no de chismes. Sin embargo, el problema de fondo es precisamente la vulnerabilidad de un estado de derecho en el que personajes como Gordillo, Yunes, González, Guzmán Loera, Montemayor, Hank Rhon, Ruiz y Marín, todos los días demuestran con sus acciones que la ley misma se ha convertido en un chisme, cuyo continuo abuso siempre queda en la impunidad.
Ni Gordillo ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han respondido al emplazamiento directo de su ex aliado incómodo para que la presidenta vitalicia del sindicato permita que un auditor externo revise sus cuentas personales, bienes patrimoniales, ingresos, gastos de inversión, cuentas de cheques, sus tarjetas de crédito y los ingresos que sustentan su ritmo de vida, así como el manejo discrecional que se le ha dado al Fondo para el Retiro de los Trabajadores de la Educación. Eso sí, el Partido Nueva Alianza (Panal) celebra ya la decisión de la Comisión Permanente de solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación a fondo del manejo financiero del Issste durante el periodo de Yunes.
Sin embargo, de poco sirve que políticos, diputados y analistas exijan quelas instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes si como todos sabemos estas indagaciones suelen terminar en simulaciones y encubrimientos. Recordemos, por ejemplo, los estériles resultados de aquella rigurosa investigación que la SFP hiciera a los contratos de dudosa legalidad celebrados entre Pemex y la familia Mouriño...
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