jueves, 29 de diciembre de 2011

"Jalisco: regreso a la opacidad" (El Universal, 28 Diciembre 2011)



La aprobación unánime de una nueva Ley de Información Pública en Jalisco demuestra que cuando se trata de cerrar filas en torno a la opacidad no hay división ideológica ni partidista que valga. Fruto de un albazo legislativo en donde se tiran por la borda más de cinco años de ricos e intensos debates y discusiones con expertos nacionales e internacionales, la reforma también dejó fuera la opinión de los mismos comisionados del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad. 
La nueva legislación arremete contra el espíritu de rendición de cuentas presente en la anterior ley y en la Constitución Política del Estado de Jalisco. Entre el rosario de graves retrocesos destaca el hecho que podría desatar procesos persecutores en contra de periodistas, investigadores y ciudadanos. Estos se convierten en “delincuentes” cuando difunden, divulgan o publican “información pública reservada o clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente”. Así, de la noche a la mañana una ley supuestamente diseñada para facilitar el libre flujo de la información, se convierte en una arma más para que el gobierno pueda reprimir y limitar la libertad de expresión.
La nueva Ley también cierra la llave de acceso a documentos públicos con un amplio repertorio de nuevas "reservas" redactadas de manera capciosa para prohibir el acceso ciudadano a cualquier información que pudiera afectar los intereses de la clase política o el ....

viernes, 16 de diciembre de 2011

Testigos sociales: ¿Quiénes son, qué hacen? (Entrevista 14 de Diciembre 2011, para la Agencia Latinoamericana de Información)

Se encargan de verificar que las licitaciones y contrataciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se realicen con transparencia, honradez e imparcialidad cuando arrienden, realicen obra pública o servicios, ya sea por licitación pública, invitación o adjudicación directa. A su participación están sujetos, además, todas las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal.
 
Son acreditados por la Secretaría de la Función Pública, SFP, a través de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, quien regula también su participación.
 
Hoy día se encuentran registradas cinco organizaciones y 34 personas físicas, pero, a pesar de que nos representan, ni usted ni yo los conocemos, y la forma de seleccionarlos “no es nada transparente”, coincide la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en entrevista con el diario La Razón.
 
Los testigos sociales, según su ramo, son asignados por la SFP, y –establece la ley– su pago será por hora debiéndolo cubrir la entidad gubernamental que lo solicite. Aquí comienza la farsa, han señalado especialistas como John Ackerman y la propia Irma Eréndira Sandoval, porque si es Función Pública de quien dependen y el organismo supervisado es el que paga, difícilmente podrán dar una opinión en contra de quienes los contrata.
 
Casos se han documentado donde, pese a la participación de los testigos, los licitantes perdedores impugnan el proceso por vicios en los procesos de contratación; además de que en la mayoría de sus “testimonios públicos de participación” los testigos nunca han reportado o denunciado hechos de corrupción.
 
Para la doctora Sandoval Ballesteros “Estructuralmente no están dadas las condiciones para que el programa de testigos sociales funcione como debiera ser… depende mucho del testigo, de quien está cumpliendo con la función, si representa verdaderamente a la sociedad o si tiene la posibilidad o la capacidad  de denunciar ante las autoridades competentes los datos ilícitos o de corrupción que se pudieran encontrar, así como las tendencias al favoritismo…”          
 
¿Cuánto cuesta el trabajo de los testigos sociales? Un documento de Transparencia Mexicana en internet (Pactos de integridad) señala que ellos cobran 5 mil pesos la hora y el cálculo de su “donativo” se hace en función de la bitácora de actividades. El pago total –asegura– sirve para cubrir los honorarios del testigo social y los administrativos del mismo organismo.
 

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