Transparencia Edulcorada (El Norte, 9 de Enero, 2014)

Los recientes resultados del Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información de la Organización Artículo 19 muestran un patrón de mediocridad y fracaso de las instituciones supuestamente al servicio de la transparencia.

Más del 80 por ciento de los institutos del País funcionan subordinados políticamente a los Gobiernos estatales, y operan burocratizando, retrasando y, en muchos casos, ocultando de forma abierta la información pública.

Las muy pocas entidades que "aprueban" en este índice lo hacen mediocremente y entre ellas figuran estados tan controversiales como Nuevo León -con todo y su exponencial deuda pública, sobre la que hace una semana el Gobernador Rodrigo Medina vetó 10 reformas para transparentarla y regularla-, así como Puebla, Durango y otros más cuya probidad gubernamental ha sido puesta en duda.

Recientemente el SAT, que se encuentra en franco desacato de las disposiciones del IFAI para dar a conocer la identidad de los beneficiarios de los multimillonarios créditos fiscales que por regla general han sido brindados a poderosos monopolios y personas morales, en una tramposa aplicación "a contentillo" de su propio concepto de transparencia, ha hecho públicos nombres y apellidos de personas físicas supuestamente no localizables que constituyen contribuyentes morosos menores, violentando de forma directa su privacidad.

Una vez más es la lógica hipócrita del "justicia y gracia" -y ahora también "protección de datos"- para mis amigos y "para los enemigos todo el peso de la ley". Todo esto es el resultado lógico del triunfo de una visión simuladora de la transparencia: un proyecto burocratizante, edulcorado y orientado hacia las relaciones públicas de los Gobiernos.

La razón principal por la que México no ha podido dar cabal cumplimiento a las promesas modernizadoras que presagiaba la abortada transición democrática ha sido precisamente la prevalencia de tal concepción.

El retorno del PRI a la Presidencia exhibe de manera ejemplar esta visión simuladora. Después del fiasco del 15 de enero de 2013, cuando el Presidente Peña Nieto no sólo confunde el nombre del órgano garante de transparencia a nivel federal, sino que realiza el anuncio "histórico" de hacer pública una "declaración de bienes" -incompleta y escasa que contenía sólo su salario y una lista de casas, terrenos y otras posesiones declaradas como "donaciones"-, el Mandatario tenía que hacer algo más para mostrar su declarado "compromiso con la transparencia".

Sin embargo, las dos nuevas propuestas en materia de rendición de cuentas presentadas por Peña Nieto resultaron igual de fallidas.

La primera medida en materia de transparencia, hoy ya aprobada por el Congreso bajo el falso discurso de dotar de "autonomía" a la institución encargada de garantizar el derecho a la información, centralizará en los hechos el control político del IFAI en manos.... Para seguir leyendo el artículo oprima aquí

"Simulación certificada" (El Universal, 13 de noviembre 2011)

La escaramuza de Felipe Calderón con los gobernadores y el jefe de Gobierno respecto a la certificación policiaca sólo busca levantar polvo electoral para tapar el hecho de que ninguna de las partes está a la altura del gran reto del combate de la corrupción. La aplicación de evaluaciones de control de confianza no podrá por sí sola remediar la enorme debilidad estructural de la policía. Además, si esta política continúa falta de una verdadera estrategia integral de desarrollo profesional y control externo, la obstinación con la famosa “certificación” podría agravar la impunidad y simulación prevalecientes en las fuerzas del orden.

De acuerdo con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, absolutamente todos los elementos policiacos deben quedar certificados a más tardar el tres de enero de 2013, o de lo contrario, quedarán despedidos. Sin embargo, gobernadores y presidentes municipales han avanzado a paso de tortuga en este proceso. Del universo de 458 mil 816 policías estatales y municipales, solamente 71 mil 79 han sido evaluados. De éstos, sólo 35 mil 851 han aprobado, así que hoy únicamente 7.81% del total de los policías en activo se encuentra certificado.

Este atraso caracteriza por igual a estados gobernados por el PRI, el PAN o el PRD. Guerrero, Veracruz, Estado de México, DF, Nuevo León y Jalisco, todos cuentan con un avance menor a 25%. Los gobernadores están perfectamente conscientes de la corrupción que corroe a sus instituciones de seguridad y no quieren correr el peligro de quedarse sin policías en enero de 2013. Pero en lugar de buscar estrategias alternativas para resolver la situación...

ARTICULO COMPLETO DISPONIBLE EN EL UNIVERSAL

"Consejeros vigilados" (El Universal, 13 de octubre de 2010)

A mi padre, Pablo Sandoval Ramírez, a diez años de su partida.

Ha terminado la época en que podíamos confiar en la responsabilidad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) para defender las causas ciudadanas y tutelar el interés público. Hoy, como nunca, es necesario someter a los funcionarios electorales a un estricto régimen de vigilancia y control ciudadano para asegurar que cumplan con la ley.

El actual proceso de renovación de tres integrantes del Consejo General del IFE constituye una excelente oportunidad para iniciar este proceso. Todo parece indicar que, una vez más, los diputados federales privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de la independencia o las capacidades de los candidatos. Pero habría que pasar de los lamentos a la acción.

Desde ahora tenemos que exigir a los candidatos que firmen una serie de compromisos muy concretos sobre cómo se comportarán, de llegar a dirigir el instituto electoral. Posteriormente, habría que incluir estas reglas directamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Primero, cada consejero debería presentar una declaración pública de todos sus intereses y relaciones. Una declaración de este tipo incluiría la declaración patrimonial, cuya publicidad hoy todavía no es obligatoria, así como la divulgación de otros tipos de relaciones personales, familiares o de negocios que puedan implicar conflictos de interés. Ya en funciones, el consejero tendría que estar impedido para participar en asuntos relacionados con alguna de estas relaciones.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50226.html

"La refundación del IFAI" (El Universal, 25 de febrero de 2010)

El proyecto de Fernando Gómez Mont para que las resoluciones del IFAI puedan ser revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha reactivado a la comunidad pro-transparencia para defender los avances logrados. Pero más que contentarnos con detener este nuevo ataque a nuestro derecho a saber, se plantea con urgencia la necesidad de que el IFAI alcance una nueva etapa de desarrollo institucional.

El diseño más adecuado para un órgano garante en materia de transparencia es que cuente con autonomía jurídica y financiera. Asimismo, debe tener competencia sobre los poderes Judicial, Legislativo y los organismos autónomos. Tal diseño sería barato y eficiente porque eliminaría la necesidad de órganos garantes para cada rama del gobierno. También sería más justo pues homologaría la tutela del derecho a la información entre las partes del Estado. Y finalmente sería más efectivo pues desarticularía los conflictos de interés cuando el órgano garante se encuentra subordinado a las instituciones que regula.

Lamentablemente, al redactar la fracción cuarta del artículo sexto constitucional, los legisladores dejaron abierta la caracterización de los órganos garantes. El texto exige órganos “especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”, pero no obliga a que sean plenamente autónomos, tengan competencia amplia y sus fallos sean inatacables. A pesar de ello, entidades como Chihuahua, DF, Tabasco y Michoacán, rebasaron los “mínimos” y establecieron organismos autónomos.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47487.html