Priísmo opaco y "de lento aprendizaje" (SinEmbargo.Mx, 16 Marzo, 2015)

El régimen busca imponer su proyecto desnacionalizador y depredador a golpe de torpezas. Creyeron que una vez “lograda” la privatización del petróleo, la aprobación de la Ley General de Aguas sería un mero trámite y ya vieron que no resultó así. De hecho ha ocurrido exactamente lo contrario. Debido a que el agua es vista por todos los ciudadanos como el origen del derecho a la vida, para los movimientos sociales de lucha y de resistencia en el país, este vital elemento ha resultado ser un combustible más poderoso que el propio petróleo. El intento del régimen por arrebatarnos el agua levantará y unirá a la sociedad más rápidamente que las otras embestidas neoliberales. Constituye ya un gran triunfo para la sociedad y el pueblo de México el que a pesar de su inicial aprobación en las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados el pasado 4 de marzo, hoy la retrógrada Ley General de Aguas haya tenido que ser enviada a la congeladora.

Ello es lo que probablemente tenga tan enojado al diputado Manlio Fabio Beltrones quien ha descalificado como “de lento aprendizaje” a aquellos que han denunciado los objetivos privatizadores de la iniciativa. Y su enojo no es para menos, sin la aprobación de la Ley de Aguas, la reforma energética en su conjunto se encuentra en riesgo. Entre los objetivos centrales de la antipatriótica y anticonstitucional reforma energética destaca en primer lugar la legalización del ominoso “fracking” en nuestro territorio. Esta técnica depredadora de los ecosistemas, que por cierto ya se encuentra prohibida en vastas áreas de los Estados Unidos, no puede ejecutarse sin el derroche y contaminación extrema del agua. Así la reforma energética no cuenta con ningún viso de arranque sin la privatización del agua y la subordinación a las corporaciones internacionales de todos y cada uno de los procesos técnicos, financieros y de gestión para la exploración, distribución y almacenaje de las aguas nacionales.

Beltrones insiste en que la propuesta no es privatizadora, pero su iniciativa de Ley en sus artículos 80 y 81 señala que el llamado sector social y privado podrán participar a través de concesiones en los procesos de extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, almacenamiento, medición y facturación y cobro de tarifas de nuestro vital líquido. Aún más el artículo 129 permite la participación de particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal. En algo tiene razón sin embargo el señor Beltrones, esto no es una privatización clásica, es algo aún peor, es un verdadero oxímoron: una público-privatización que busca transferir los riesgos económicos desde el mercado al Estado, mientras que importa el conocimiento y la experiencia técnica desde el sector público al sector privado. Como sabemos es completamente falsa aquella idea de que las empresas con desempeños pobres salgan automáticamente del mercado. La teoría y práctica del demasiado grande para fallar, ha hecho evidente que las empresas y corporaciones con desempeños pobres y deshonestos pueden incluso recibir más dinero y apoyo para afrontar sus carencias técnicas y morales. Con la expansión del modelo representado por la público-privatización la tendencia a la intervención y el empleo de rescates estatales se institucionalizará en la vida social del país dejando tras de sí una gran estela de corrupción.

La Ley General de Aguas propuesta por el PRI es muy clara, se podrán otorgar concesiones totales o parciales por hasta 30 años o más, se eliminarán los subsidios a las familias y estados más empobrecidos y se favorecerán los intereses de los grupos de colusión empresarial. Esta Ley General de Aguas se inserta en la agenda política de la expropiación, la privatización y endeudamiento público espurio impulsada de forma significativa con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP) de Felipe Calderón. Hoy con las aguas nacionales se busca exactamente lo mismo: la absorción privada y el control total de la gran variedad de servicios públicos y procesos técnicos ya existentes alrededor de nuestro vital líquido para que las corporaciones privadas decidan, dispongan y establezcan nuevos proyectos de infraestructura en función de sus intereses privados y de lucro que paradójicamente se financiarán con dinero del sector público.

Bajo el neoliberalismo depredador actual, funciones y responsabilidades “públicas” de la máxima importancia para el desarrollo económico y social han sido transferidas a corporaciones privadas, contratistas independientes y entidades “reguladoras” que con gran velocidad buscan sustituir al Estado con el argumento de la sinergia público-privada. Ello sin embargo representa riesgos enormes para la transparencia y la rendición de cuentas. La falsa idea de la supuesta colaboración entre el sector “público” y “privado” tradicionalmente ha creado un nicho de impunidad y opacidad en beneficio de las corporaciones quienes se niegan a transparentar sus negociaciones, revelar detalles de sus operaciones o incluso dar a conocer los contratos sobre los cuales se desarrollan dichas tareas públicas.

No olvidemos que ya por ejemplo, el nuevo dictamen de la Ley de Transparencia propuesto por el gobierno de Peña Nieto contraviene en el artículo 113 el principio de “máxima publicidad” que además está constitucionalizado. Asimismo en su artículo 83 la propuesta de Peña proponía la reserva o confidencialidad de todos los contratos de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo, y asimismo anulaba la obligación de publicitar las bases, reglas, ingresos, costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos de estos mismos contratos y otros que pudieran ser “comercialmente sensibles”.

El motivo real de la opacidad que se regala al sector privado particularmente a partir del diseño normativo de la “reforma energética” y hoy a través de la “Ley General de Aguas”, que como ya hemos señalado no sería sino un utensilio para avanzar la primera... Para continuar leyendo oprima aquí

Corrupción estructural y el Vuelco de Ayotzinapa (Revista Memoria, Nueva Época No. 1, Febrero 2015)

En México la corrupción es un problema endémico inherente a todos los partidos políticos e instituciones gubernamentales. La supuesta “alternancia democrática” resultó ser un total fracaso en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción en el país. La competencia electoral entre opciones políticas diferentes no ha podido verse traducida en un progreso sustancial de la fiscalización gubernamental o en un mayor equilibrio de “pesos y contrapesos” entre los intereses de la sociedad y los gobiernos. Por el contrario, el deterioro político y la corrupción abarcan hoy a la totalidad de los gobiernos “democráticamente electos” sin importar el partido político que los hubiera llevado al poder y sin distingo de las ideologías que cada uno de esas organizaciones políticas representan. La consecuencia directa de esta situación ha sido la generalización de una apatía política y la acelerada expansión de un sentimiento de “decepción de

mocrática” entre la población mexicana, lo cual deja abiertos nuevos y mayores riesgos. Si las incipientes democracias resultan ser igualmente inefectivas en su capacidad para rendir cuentas que los sistemas autoritarios que las precedieron, el propio ideal democrático se encuentra en riesgo. Un vistazo rápido a los reportes más recientes desalienta hasta al demócrata más optimista.

Todo ello se explica, desde luego, por la incapacidad de los gobiernos elegidos democráticamente por atender y resolver los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Pero en países como México y algunos otros de América Latina, estos problemas estructurales se acentúan con la profunda y arraigada corrupción que ha caracterizado su vida política y social por décadas. La corrupción se convierte así en el problema social más grave y agobiante de estas sociedades y el fracaso para combatirla no expresaría sino la palmaria incapacidad de los gobiernos y los actores políticos por transformar de fondo las relaciones que ellos han establecido con sus representados.

Aquella idea de que la celebración de elecciones para elegir gobiernos garantiza de forma automática el establecimiento de “un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo” ha resultado ser tan rotundamente falsa, como aquella otra que sostiene que la corrupción es esencialmente un “fenómeno cultural”. Más aún los gobernantes que como Enrique Peña Nieto señalan sus supuestas raíces “culturales” y que aseveran la inmoralidad intrínseca de lo humano, no hacen sino justificar las conductas deshonestas, empezando quizás de forma interesada por las propias, con objeto de evadir la confrontación política de un problema no metafísico sino social. Asimismo, hoy ni los abordajes de “la teoría de la modernización” que enfocan la corrupción como un mero asunto de retraso o subdesarrollo económico, ni las concepciones legalistas que mistifican la norma como solución automática, o los enfoques tecnócratas que sugieren “fallas de Estado” factibles de ser solucionadas con ajustes de ‘fontanería para la transparencia’ pueden seguir siendo sostenidos pues todos ellos han mostrado su profundas limitaciones.

Desde hace ya varias décadas el concepto de corrupción se ha trivializado y con frecuencia se define de forma reduccionista como un mero sinónimo de soborno o extorsión. Pero este complejo fenómeno no puede seguir siendo circunscrito a la documentación de discretos episodios protagonizados por servidores públicos de bajo nivel recibiendo pagos aislados en oscuras ventanillas burocráticas. El objetivo final de la corrupción no siempre radica en obtener un beneficio pecuniario, sino también y cada vez de forma más creciente, en acumular poder y privilegios de forma ilegítima. Aquí definiremos la corrupción estructural como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos necesarios para el bienestar social y el desarrollo de los derechos fundamentales. Las prácticas concretas de la corrupción estructural adquieren una gran variedad de modalidades; algunas incluyen conductas ilícitas y delincuenciales mientras que otras pueden ser de perfecta legalidad pero de cuestionable moralidad. Y todas en su conjunto emergen con más claridad en aquellos periodos en los cuales las relaciones Estado-sociedad operan deficientemente y en contra de los más elementales principios de justicia y legitimidad que tendrían que caracterizar esta interacción. La corrupción es un problema social, estructural, institucional y político que exige soluciones igualmente estructurales.

Recientemente uno de los más terribles ejemplos de tal corrupción estructural ha sido la desaparición forzada y la ejecución violenta de los jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Este episodio constituye el terrorífico pináculo de una oleada de violencia institucional contra la población mexicana iniciada desde el gobierno de Felipe Calderón y profundizada a extremos de oprobio inimaginable con la restauración en el poder del régimen de partido de Estado. La masacre de Ayotzinapa ilumina de cuerpo entero la dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad, la expropiación del bienestar social y la cancelación de los derechos fundamentales. El doloroso episodio constituye uno de los más claros indicadores de la profunda ineficacia de las instituciones públicas en nuestro país y la insostenible tasa de impunidad que impera en él.

El caso de Ayotzinapa ha querido ser presentado por el régimen priísta como un asunto meramente local y circunscrito a temas del narcotráfico, pero la mayor parte de la opinión pública nacional e internacional tiene claro que estas injustas muertes y desapariciones forzadas se deben de forma directa a la corrupción estructural que hoy tiene postrada la nación. La criminalización de la protesta, la insostenible tasa de impunidad, la colusión del gobierno con el crimen organizado y el cotidiano abuso de los derechos humanos, son tan solo algunos de los rasgos que convierten el caso de Ayotzinapa en un crimen de lesa humanidad cometido directamente por instituciones del Estado mexicano.

Durante los últimos dos años, y en una aterradora y simbólica continuación de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto ha expandido y profundizado la espiral de violencia ocurrida en nuestro país a partir de criminalizar y reprimir directamente la protesta social y los anhelos libertarios de la juventud mexicana. Simplemente en los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto, se registraron más de 4,000 muertes violentas. Más tarde durante 2013 el primer año completo del restaurado gobierno del Partido Revolucionario Institucional, 33.1 millones de mexicanos fueron víctimas de crímenes sobre su patrimonio, sus vidas y sus derechos fundamentales. El incremento constante y desenfrenado de estos indicadores ha sido el siguiente: en 2011 la cifra ascendía a 21.6 millones de crímenes, en 2012 ella se ubicó en 22.4 millones y en 2013 el incremento fue de 50 por ciento respecto al último año de Felipe Calderón. La ciudadanía continuamente expresa que con EPN se sienten más inseguros que con FCH. De acuerdo a la más reciente encuesta ENVIPE del INEGI, el 73,3 por ciento de los mexicanos reconoció “haberse sentido inseguro” durante 2013, ello significa el segundo aumento consecutivo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, luego de que el último año del mandato de Felipe Calderón, esta pregunta alcanzara la cifra de 66,6 por ciento entre la población consultada.

Esta crisis humanitaria que atraviesa el país no sólo se explica por una política de seguridad y de procuración de justicia “ineficaz” o “ineficiente” en nuestro país, sino en primer lugar por una falla estructural en la rendición de cuentas del Estado mexicano, por un claro predominio de los abusos de poder y de un absoluto imperio de la impunidad a todos los niveles. Es urgente e impostergable resolver el tema de la decadencia institucional de México reflejada en la corrupción estructural para frenar ... para seguir leyendo click aquí...

Mexico on the verge of political meltdown: Obama and other leaders should withdraw support for Peña Nieto, not court him (Al Jaljazeera America, January 9, 2015)

This week’s White House meeting between President Barack Obama and Mexico’s President Enrique Peña Nieto had much symbolism but little substance. The empty speeches, handshakes and promises of mutual support served two embattled leaders eager to use the meeting as a publicity stunt but left nothing in terms of concrete outcomes. Obama highlighted his halfhearted efforts to fix, as he put it, “our broken immigration system” and Peña Nieto desperately tried to appear statesmanlike amid the storm that has arisen from the Sept. 26 student massacre in the state of Guerrero and the accusations of conflicts of interest against him, his wife and his finance minister over homes purchased from a government contractor.

In fact, perhaps the only noteworthy part about the meeting was that it sparked dozens of protests throughout the United States against Washington’s blind support for Peña Nieto and the bloody drug war in Mexico. “USA puts the guns and consumes the drugs, Mexico puts the dead!” one protest sign read, summing up a growing sentiment on both sides of the border.

But as with so many issues, the U.S. government’s understanding is far behind that of the American people. The Obama administration has not budged on its strategy toward Mexico, despite its clear failure. During his meeting with Peña Nieto, Obama proclaimed that “our commitment is to be a friend and supporter of Mexico in its efforts to eliminate the scourge of violence and the drug cartels that are responsible for so much tragedy inside of Mexico.”

But Obama confuses Mexico with Peña Nieto and his government. The real allies in the struggle for peace and justice in Mexico are the families and colleagues of the students from the Raúl Isidro Burgos Rural teachers’ college of Ayotzinapa in Guerrero who were abducted and massacred. The school embodies both the utopian, democratic, liberationist ideals of the Mexican Revolution and the political commitment of the people of Guerrero. In fact, the bold, grass-roots leadership of the parents and classmates of the missing students is precisely what has enabled Mexico’s popular movement for peace and justice to grow so strong. Their demands should be supported by the U.S. and other nations.

The true voice of Mexico

Some analysts have suggested that Guerrero is somehow essentially chaotic and unruly. In a recent piece in The New York Times, for example, Enrique Krauze argues that the state “has been a violent, ungovernable place since colonial times” and that its residents are “full of lingering resentment over the dirty war of the 1970s.”

I was born in Guerrero. My father, Pablo Sandoval Ramírez, was one of the most important leaders of the state’s movements for democracy and against corruption during the 1970s and 1980s. He was a political prisoner and risked his life on numerous occasions during his untiring and peaceful struggle to put a stop to repression and the abuse of power.

Those of us who strive to continue the legacy of my father and the Ayotzinapa students are not motivated by resentment. On the contrary, we are simply sick and tired of living in a country where speaking out against abuse of power is criminalized and demands for accountability can land you in jail or a shallow grave.

The missing students were abducted by the police of Iguala, reportedly on direct orders from Mayor José Luis Abarca. The federal military has a base close by but did nothing to stop the kidnapping or the incineration of the students’ bodies. And the federal government waited a full 10 days before even initiating an investigation of the crime. The remains of only one student have been found and identified. And new information has put in question the government’s information about where and even whether the bodies were burned.

On Nov. 27, Peña Nieto held a press conference to announce technical fixes that would supposedly solve the problems highlighted by the student abductions. He proposed changing the emergency hotline number from 066 to 911, centralizing control over local police and modifying the country’s criminal codes. The notion that such changes would solve anything is farcical.

Such ineptitude captured Mexico’s current political malaise. The Ayotzinapa uprising is not simply a result of Peña Nieto’s disregard for public security and human rights. It is also a direct response to his misguided economic reforms and profound lack of popular legitimacy. Mexico needs wholesale structural overhaul, not cosmetic fixes and photo ops.

A failed transition

Mexico’s so-called democratic transition has failed to empower Mexican society and end impunity for the abuses of Mexican politicians. Instead, as with political transitions in Russia and many African and Eastern European nations, liberalization has meant nothing more than the diversification of power bases for the same old moguls and oligarchs.

Mexico is one of the most corrupt countries in the world. It ranked 34 out of 100 countries — tied with Bolivia, Gabon and Niger — in Transparency International’s 2013 corruption perceptions index. And Mexico is one of the most unequal countries. It is home to Carlos Slim, one of the richest men in the world, as well as to more than 65 million poor. Despite being the world’s 14th-largest economy and part of the Organization for Economic Co-operation and Development, Mexico has a shockingly high level of inequality; the country’s Gini index score, which measures the distribution of income or consumption among individuals or households in an economy, is comparable to Bolivia’s and Paraguay’s.

Mexico also suffers, of course, from the drug and arms trades and militarized strategies used to combat them. U.S. residents spend more than $109 billion a year on illegal drugs, a large proportion of which ends up in the hands of the drug cartels south of the Rio Grande. Meanwhile, on average 252,000 U.S.-made guns cross the border into Mexico each year, yielding approximately $127 million in revenue for gun manufacturers. Since President Felipe Calderón began his militarized drug war in 2006, 100,000 people have been killed, 22,000 disappeared, and more than 250,000 have been displaced.

Meanwhile, the return of Peña Nieto's Institutional Revolutionary Party (PRI) to power in 2012 has turned back the clock on politics. One of the first actions the newly elected Peña Nieto took was to reduce Congress’ influence. From 1997 to 2012, Congress increasingly became a powerful center of accountability and public debate leading the charge toward democratization. But Peña Nieto's Pact for Mexico, an agreement among the leaders of Mexico’s three main political parties, has transferred relevant decision

-making from Congress to the executive branch. As during the years of the “perfect dictatorship,” today political bargaining is once again opaque and informal, taking place behind closed doors at offices of the secretary of the interior.

Attacks on journalists, students and human rights activists have skyrocketed since Peña Nieto came to power. Despite such alarming violence and insecurity, authorities investigate only a minuscule 6.2 percent of crimes committed in Mexico. Most Mexicans simply are too afraid or think it is not worth reporting crime to the police. In addition, the police and prosecutors at the local and federal levels are frequently infiltrated and controlled by narcotraffickers or organized crime. Hence the root of the current crisis is not simply bureaucratic failure but the public’s lack of confidence in the political system as a whole.

Confidence in government institutions has fallen drastically over the years. Recent polls by the newspaper Reforma and by the polling firm GEA-ISA reveal that confidence in the police, the military and politicians in general has reached historic lows. Approval ratings for Peña Nieto are also the lowest they have been for a Mexican president in decades.

Political meltdown

It should come as no surprise, then, that the central demand of the street protesters is Peña Nieto’s resignation, not legislation or specific reforms. The PRI ruled Mexico for 71 years without interruption from 1929 to 2000. It represents the worst of the old, corrupt and informal way of running the business of government. The call for his resignation is a demand to break his party’s iron grip of violence, corruption and impunity and radically transform the relationship between the state and society.

If Mexico had a parliamentary system, Peña Nieto's government would have already been subjected to a... Full available article at AJAMMexico on the verge of political meltdown: Obama and other leaders should withdraw support for Peña Nieto, not court him (Continue reading at  Al Jaljazeera America, January 9, 2015)

Irma Eréndira Sandoval: The root of Mexico’s violence is corruption (The Dallas Morning News, 4 December 2014)

Mexican President Enrique Peña Nieto has reacted in all of the wrong ways to the enormous social protests in Mexico, the U.S. and over 100 cities abroad calling for justice for the 43 missing students from the Ayotzinapa teachers college. Instead of responding to protesters’ demands for increased democracy and accountability, he has politicized the violence and stubbornly hung on to old, authoritarian ways.

If Peña Nieto were serious about addressing the root causes of the public security crisis, he would assume his responsibility, rearrange his cabinet, investigate probable complicity of the armed forces and work closely with community police in the states of Guerrero and Michoacán to clean up local governments.

Instead, he has tried to divert the blame to opposition political parties, centralized power and stepped up arbitrary arrests of student activists. He has also made superficial bureaucratic reforms, such as changing the emergency hotline number from 066 to 911, and modifying the national citizen identification system. And his top military commanders have threatened the population with increased repression.

The key problem is that Mexico’s “democratic transition” has failed to empower society or settle accounts with the past. Instead, like the Russian and many African and Eastern European transitions, liberalization has meant only the diversification of the power bases for the same old moguls and oligarchs.

Mexico is one of the most corrupt countries in the world. It received a failing score of 35 out of 100, tied with Bolivia, Moldova and Niger, in the 2014 Transparency International Corruption Perceptions Index. Mexico is also one of the most unequal countries. It is home to the second-richest man in the world, Carlos Slim, as well as to more than 65 million poor.

Mexico has also suffered the consequences of the drug and arms trades. The U.S. spends more than $109 billion a year on illegal drugs, of which a large proportion ends up in the hands of the drug cartels south of the Rio Grande. Meanwhile, an average 252,000 U.S.-made guns cross the border south each year, yielding approximately $127 million in revenue for gun manufacturers.

The return of the old, authoritarian Party of the Institutional Revolution (PRI) to power with Peña Nieto has turned back the clock on politics. For instance, the new president’s “Pact for Mexico” has canceled the power of Congress and transferred decision making to opaque, informal political bargaining behind closed doors. Simultaneously, attacks on journalists, students and human rights activists have skyrocketed. As a result, just 21 percent of the Mexican population is “satisfied with the functioning of democracy,” according to the most recent Latinobarometer study. This is the second-lowest number in all of Latin America, after Honduras. Mexico also has the highest level of citizen rejection of existing political parties (45 percent) in the entire region. Peña Nieto’s public approval ratings have fallen to a record low.

To help explain these numbers, consider that only 6.2 percent of all crimes committed in Mexico are even investigated by the authorities. Most Mexicans distrust the authorities so much that they are too afraid or think it is not worth it to report crimes. The root of the present crisis is therefore not bureaucratic failure but a systemic lack of confidence in the political system as a whole. This explains why the central demand of para seguir leyendo oprima aquí

Transparencia Edulcorada (El Norte, 9 de Enero, 2014)

Los recientes resultados del Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información de la Organización Artículo 19 muestran un patrón de mediocridad y fracaso de las instituciones supuestamente al servicio de la transparencia.

Más del 80 por ciento de los institutos del País funcionan subordinados políticamente a los Gobiernos estatales, y operan burocratizando, retrasando y, en muchos casos, ocultando de forma abierta la información pública.

Las muy pocas entidades que "aprueban" en este índice lo hacen mediocremente y entre ellas figuran estados tan controversiales como Nuevo León -con todo y su exponencial deuda pública, sobre la que hace una semana el Gobernador Rodrigo Medina vetó 10 reformas para transparentarla y regularla-, así como Puebla, Durango y otros más cuya probidad gubernamental ha sido puesta en duda.

Recientemente el SAT, que se encuentra en franco desacato de las disposiciones del IFAI para dar a conocer la identidad de los beneficiarios de los multimillonarios créditos fiscales que por regla general han sido brindados a poderosos monopolios y personas morales, en una tramposa aplicación "a contentillo" de su propio concepto de transparencia, ha hecho públicos nombres y apellidos de personas físicas supuestamente no localizables que constituyen contribuyentes morosos menores, violentando de forma directa su privacidad.

Una vez más es la lógica hipócrita del "justicia y gracia" -y ahora también "protección de datos"- para mis amigos y "para los enemigos todo el peso de la ley". Todo esto es el resultado lógico del triunfo de una visión simuladora de la transparencia: un proyecto burocratizante, edulcorado y orientado hacia las relaciones públicas de los Gobiernos.

La razón principal por la que México no ha podido dar cabal cumplimiento a las promesas modernizadoras que presagiaba la abortada transición democrática ha sido precisamente la prevalencia de tal concepción.

El retorno del PRI a la Presidencia exhibe de manera ejemplar esta visión simuladora. Después del fiasco del 15 de enero de 2013, cuando el Presidente Peña Nieto no sólo confunde el nombre del órgano garante de transparencia a nivel federal, sino que realiza el anuncio "histórico" de hacer pública una "declaración de bienes" -incompleta y escasa que contenía sólo su salario y una lista de casas, terrenos y otras posesiones declaradas como "donaciones"-, el Mandatario tenía que hacer algo más para mostrar su declarado "compromiso con la transparencia".

Sin embargo, las dos nuevas propuestas en materia de rendición de cuentas presentadas por Peña Nieto resultaron igual de fallidas.

La primera medida en materia de transparencia, hoy ya aprobada por el Congreso bajo el falso discurso de dotar de "autonomía" a la institución encargada de garantizar el derecho a la información, centralizará en los hechos el control político del IFAI en manos.... Para seguir leyendo el artículo oprima aquí

Futbol y corrupción (La Jornada, 17 de noviembre 2013)

La fotografía de falsa euforia de Enrique Peña Nieto, su esposa y sus cercanos ante el triunfo de la selección nacional contra Nueva Zelanda tiene un tufo de los típicos arreglos corruptos que suelen caracterizar al futbol. Si algo se celebra en esa imagen ensayada, no sería la victoriade una selección mediocre, sino el alivio de Televisa que tanto invirtió en los derechos de transmisión de la Copa Mundial.

El engañoso y perverso enaltecimiento del consumismo del Buen Fin constituye la perfecta metáfora para la coyuntura nacional actual. Si Peña Nieto compró la elección que lo llevó a la Presidencia, si la Secretaría de Hacienda compró su Presupuesto de Egresos para 2014 con precios que oscilan entre 10 y 24 millones de pesos por diputado, y los cabilderos de las grandes petroleras compran al precio que sea plumas y conciencias con el fin de aprobar sureforma energética, ¿por qué no Televisa habría de comprar un partido de futbol que para la selección de Nueva Zelanda no significaba absolutamente nada?

Abundan las historias de corrupción, fraudes y engaños en el futbol. La comisión de ética interna de la FIFA ha tenido que reconocer la constante realización de millonarios sobornos a los más altos funcionarios de la federación internacional. Este mismo año estos escándalos le costaron el cargo de presidente honorario al propio Joao Havelange y a su yerno Ricardo Teixeira.... Para continuar leyendo oprima aquí