El proyecto de Fernando Gómez Mont para que las resoluciones del IFAI puedan ser revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha reactivado a la comunidad pro-transparencia para defender los avances logrados. Pero más que contentarnos con detener este nuevo ataque a nuestro derecho a saber, se plantea con urgencia la necesidad de que el IFAI alcance una nueva etapa de desarrollo institucional.
El diseño más adecuado para un órgano garante en materia de transparencia es que cuente con autonomía jurídica y financiera. Asimismo, debe tener competencia sobre los poderes Judicial, Legislativo y los organismos autónomos. Tal diseño sería barato y eficiente porque eliminaría la necesidad de órganos garantes para cada rama del gobierno. También sería más justo pues homologaría la tutela del derecho a la información entre las partes del Estado. Y finalmente sería más efectivo pues desarticularía los conflictos de interés cuando el órgano garante se encuentra subordinado a las instituciones que regula.
Lamentablemente, al redactar la fracción cuarta del artículo sexto constitucional, los legisladores dejaron abierta la caracterización de los órganos garantes. El texto exige órganos “especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”, pero no obliga a que sean plenamente autónomos, tengan competencia amplia y sus fallos sean inatacables. A pesar de ello, entidades como Chihuahua, DF, Tabasco y Michoacán, rebasaron los “mínimos” y establecieron organismos autónomos.
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