La ausencia de estrategias innovadoras y estructurales para combatir la corrupción ha sido uno de los elementos que han caracterizado la alternancia política del país. Ahora, de manera tardía y meramente simbólica en el ocaso de su sexenio, Felipe Calderón busca enmendar este gran fracaso histórico lanzando un par de propuestas nuevas en la materia.
En principio, habría que reconocer los avances de las iniciativas anunciadas el pasado miércoles. Éstas incluyen dos demandas históricas de los estudiosos del combate a la corrupción: por un lado, sanciones contundentes para los miembros del sector privado que se coludan en actos de corrupción y, por otro lado, estímulos económicos para quienes denuncien tales actos. Ambos temas son ampliamente tratados en mi libro más reciente, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI–IISUNAM, 2009). Allí se señala, por ejemplo, que como signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, México estaba obligado desde hace mucho a adoptar medidas de protección y estímulo a los whistleblowers o informantes y denunciantes internos. Sin embargo, tanto el contexto en que estas iniciativas fueron presentadas como la falta de un andamiaje institucional y legal apropiado para hacerlas funcionar, indican que terminarán siendo una nueva llamarada de petate.
Este anuncio se realizó en la víspera del encuentro de Calderón-Obama, lo que sugiere que la propuesta está más diseñada para congraciarse con el gobierno estadounidense, que para lograr la recuperación de la confianza de la ciudadanía mexicana. De la misma forma en que Carlos Salinas, en el marco de la aprobación del TLCAN en 1990, anunciara con bombo y platillo la creación de una CNDH subordinada al Ejecutivo, hoy Calderón también estaría respondiendo a las presiones del Norte...
En principio, habría que reconocer los avances de las iniciativas anunciadas el pasado miércoles. Éstas incluyen dos demandas históricas de los estudiosos del combate a la corrupción: por un lado, sanciones contundentes para los miembros del sector privado que se coludan en actos de corrupción y, por otro lado, estímulos económicos para quienes denuncien tales actos. Ambos temas son ampliamente tratados en mi libro más reciente, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI–IISUNAM, 2009). Allí se señala, por ejemplo, que como signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, México estaba obligado desde hace mucho a adoptar medidas de protección y estímulo a los whistleblowers o informantes y denunciantes internos. Sin embargo, tanto el contexto en que estas iniciativas fueron presentadas como la falta de un andamiaje institucional y legal apropiado para hacerlas funcionar, indican que terminarán siendo una nueva llamarada de petate.
Este anuncio se realizó en la víspera del encuentro de Calderón-Obama, lo que sugiere que la propuesta está más diseñada para congraciarse con el gobierno estadounidense, que para lograr la recuperación de la confianza de la ciudadanía mexicana. De la misma forma en que Carlos Salinas, en el marco de la aprobación del TLCAN en 1990, anunciara con bombo y platillo la creación de una CNDH subordinada al Ejecutivo, hoy Calderón también estaría respondiendo a las presiones del Norte...
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