La aprobación unánime de una nueva Ley de Información Pública en Jalisco demuestra que cuando se trata de cerrar filas en torno a la opacidad no hay división ideológica ni partidista que valga. Fruto de un albazo legislativo en donde se tiran por la borda más de cinco años de ricos e intensos debates y discusiones con expertos nacionales e internacionales, la reforma también dejó fuera la opinión de los mismos comisionados del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad.
La nueva legislación arremete contra el espíritu de rendición de cuentas presente en la anterior ley y en la Constitución Política del Estado de Jalisco. Entre el rosario de graves retrocesos destaca el hecho que podría desatar procesos persecutores en contra de periodistas, investigadores y ciudadanos. Estos se convierten en “delincuentes” cuando difunden, divulgan o publican “información pública reservada o clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente”. Así, de la noche a la mañana una ley supuestamente diseñada para facilitar el libre flujo de la información, se convierte en una arma más para que el gobierno pueda reprimir y limitar la libertad de expresión.
La nueva Ley también cierra la llave de acceso a documentos públicos con un amplio repertorio de nuevas "reservas" redactadas de manera capciosa para prohibir el acceso ciudadano a cualquier información que pudiera afectar los intereses de la clase política o el ....
