Cápsula de Presentación del libro "Interés público, asociaciones público-privadas y poderes fácticos", 14 de octubre de 2015 Casa de las Humanidades de la UNAM.

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Galería Fotográfica de la Presentación del libro: PODERES FÁCTICOS y ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 14 de octubre 2015

 

PRESENTACIÓN DE LIBRO: Interés Público y Asociaciones Público-Privadas (Miércoles 14 de octubre, 17 hrs, Casa de las Humanidades)

El libro analiza la forma en la que las funciones "públicas" y de gobierno de la más alta importancia están siendo claramente absorbidas por corporaciones privadas, contratistas independientes o entidades cuasi-gubernamentales que han terminado por eclipsar al Estado sin mayor obligación por rendir cuentas. En nuestro libro se documentan la naturaleza opaca y de secretismo con la que se manejan los servicios “público-privados” en la nueva era de la información, lo que abre graves riesgos de abuso de poder e impunidad contra la sociedad.

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Jaque al Rey: Romepviento TV Mesa de debate: la economía después de las reformas septiembre 2015

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La doble moral de Lorenzo Córdova (Proceso, 20 de Mayo, 2015)

No nos confundamos: las conversaciones que un servidor público sostiene durante horarios de trabajo con otros funcionarios públicos en relación con sus labores institucionales no son "comunicaciones privadas" sino información absolutamente pública. El señor Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo un intercambio con el Secretario Ejecutivo del mismo Instituto público, Edmundo Jacobo, en el cual procesaron una reunión realizada entre el INE y líderes de comunidades indígenas. El diálogo se realizó a través de celulares que todos los mexicanos pagamos con nuestros impuestos.

Los endebles argumentos respecto a la invasión de la “privacidad” del señor Lorenzo Córdova son apenas una desesperada estrategia que revela un brutal desconocimiento de las leyes y los principios más elementales en materia de transparencia y rendición de cuentas. El problema central no es que todo mundo haya ya escuchado el “lenguaje jocoso” (Córdoba dixit) con el que se refiere a los indígenas de nuestro país, el problema es que hasta hoy ésta sea la única conversación que los ciudadanos hayamos podido conocer del grupo de consejeros que actualmente se encuentran en el INE al servicio de Los Pinos y que día a día lucran con las instituciones públicas del país. Urge transparentar de manera absoluta todas las deliberaciones y reuniones de absolutamente todos los funcionarios electorales del país.

El contenido del bochornoso intercambio es sin lugar a dudas de interés público. Es importante que los ciudadanos conozcan la forma de pensar, de expresarse y de actuar de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores. Ello fortalece la rendición de cuentas y facilita el mejor funcionamiento de las instituciones.

La divulgación de la grabación está protegida tanto por el artículo sexto de la Constitución como por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De acuerdo con el "principio de máxima publicidad", toda información sobre las actividades gubernamentales es pública a menos que ella figure de manera explícita en alguna causal de reserva. 

En el audio recientemente divulgado no hay nada que amerite estar reservado por la ley. Con él no se pone en riesgo la vida de ciudadano alguno, no se afecta la seguridad nacional, la estabilidad financiera o económica del país. Tampoco se revelan los datos confidenciales de nadie. Ninguno de los dos funcionarios hizo referencia en ningún momento a información delicada que tuviera que reservarse hasta después de la jornada electoral del próximo 7 de junio. Y por fortuna, encubrir las limitaciones morales o intelectuales de los funcionarios públicos, todavía hoy, a pesar de los graves retrocesos legales e institucionales, no es una causal de reserva en la Ley de Transparencia.

La conversación es motivo de vergüenza sí y de escándalo para su protagonista principal e incluso para la Máxima Casa de Estudios. A través de ella ha quedado al desnudo la limitación intelectual del señor Córdova, con sus evidentes problemas léxico-sintácticos, su lenguaje procaz, su mezquindad al burlarse de forma racista de los pueblos indígenas de México pero sobre todo su doble moral al proferir insultos y descalificaciones de representantes políticos indígenas con los que acababa de reunirse minutos atrás. 

La respuesta que el presidente de INE ha ofrecido a los medios se parece a la realizada por Angélica Rivero en otoño pasado frente al escándalo de corrupción y conflictos de interés con respecto a la “Casa Blanca”. El Consejero Presidente leyó frente a cámaras un escueto comunicado donde pidió “disculpas” de manera seca e hipócrita, para después negarse a aceptar pregunta alguna de parte de los medios de comunicación.  Eso sí, para desviar la atención, anunció que interpondrá una denuncia formal ante la PGR en su carácter de funcionario público y desde la institucionalidad del organismo supuestamente autónomo que preside.

¿Es entonces éste un asunto público o privado, señor presidente? De forma llamativa la victimización del señor Córdova está construida no desde el fundamento ... Para seguir leyendo oprima aquí

Guerrero y la Regeneración Nacional (Desplegado 14 de Mayo, La Jornada P.11)

Guerrero y la Regeneración Nacional (Desplegado 14 de Mayo, La Jornada P.11)

Las condiciones están dadas para que el Estado de Guerrero sea una vez más el centro articulador para la transformación de la Nación, como lo fue durante 

la Independencia, la Reforma y la lucha por la democracia. El establecimiento hoy de un gobierno popular en el estado constituiría un paso clave hacia la refundación de la patria.

La enorme movilización nacional e internacional en respuesta a la desaparición, el pasado 26 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Superior “Isidro Burgos” en Ayotzinapa ratificó que el pueblo mexicano está despierto y reclama su papel en la transformación histórica del país.

El gran reto hoy es convertir nuestra indignación y consciencia en acción y organización.

En este camino los abajo firmantes estamos convencidos de que se debe luchar simultáneamente en múltiples frentes para poder alcanzar la justicia, la democracia, el desarrollo y la paz que todos anhelamos. Pensamos que no existe contradicción alguna entre apoyar sin titubeos la justa demanda de la presentación inmediata con vida de los normalistas desaparecidos y también respaldar a los candidatos a cargos de elección popular quienes están comprometidos con esta misma lucha.

Específicamente, en el Estado de Guerrero el Partido MORENA ha tenido la sensibilidad y la valentía de optar por un candidato ciudadano honesto y joven, PABLO SANDOVAL, con una amplia trayectoria en la sociedad civil y proveniente de una distinguida familia de luchadores sociales que ha batallado por generaciones en contra del mal gobierno en el Estado. 

Pablo Sandoval se ha comprometido a crear una comisión de la verdad para esclarecer el crimen de Estado cometido contra los normalistas de Ayotzinapa; liberar todos los presos políticos y poner fin al arraigo y a la prisión preventiva; combatir frontalmente la corrupción y los conflictos de interés; convocar a un nuevo proceso constituyente en Guerrero dirigido por la sociedad civil; universalizar y legalizar la figura de las policías comunitarias; asegurar el retiro del Ejército del Estado; garantizar universalmente la alimentación autosustentable, medicina preventiva y la educación gratuita; garantizar el ejercicio libre y plural del periodismo; así como recuperar el desarrollo económico y sustentable del Estado. 

Por todo lo aquí señalado llamamos a la sociedad guerrerense a votar por PABLO SANDOVAL como GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO

el próximo domingo, 7 de junio.

Lorenzo Meyer Rafael Barajas, El Fisgón Héctor Díaz Polanco Joaquín Cosío Florence Toussaint Pedro Salmerón Manuel Pérez Rocha Benjamin Arditi Alberto Betancourt Luis Sandoval  Luis Lemus René Jimenez Ornelas Eugenia Allier Irma Eréndira Sandoval	Elena Poniatowska John Ackerman Epigmenio Ibarra Pablo Sandoval Cruz Jorge Zárate Blanca Salces Jaime Áviles Isadora Hastings José Bautista Manu Dornbierer Eugenia Correa Gregorio Vidal Agustín Ávila José Gandarilla Guillermo Zamora Federico Campbell	Armando Bartra Damián Alcázar Pedro Miguel José Hernández Víctor Suárez Gabriela Rodríguez Alfredo Jalife Rahme Rocío Culebro Paola Ricaurte Rogelio Caballero Erika Poblano Dolores Heredia María Chávez Canales Dario Escobar  León Ávila	Paco Ignacio Taibo II Fernando Rivera Calderón Antonio Helguera Jesusa Rodríguez Virgilio Caballero Fabrizio Mejía Luciano Concheiro Manuel Fuentes  John Saxe Fernández Liliana Felipe Beatriz Barros Horcasitas Hugo José Suárez Responable de la publicación: Andrés Manuel López Beltrán

Priísmo opaco y "de lento aprendizaje" (SinEmbargo.Mx, 16 Marzo, 2015)

El régimen busca imponer su proyecto desnacionalizador y depredador a golpe de torpezas. Creyeron que una vez “lograda” la privatización del petróleo, la aprobación de la Ley General de Aguas sería un mero trámite y ya vieron que no resultó así. De hecho ha ocurrido exactamente lo contrario. Debido a que el agua es vista por todos los ciudadanos como el origen del derecho a la vida, para los movimientos sociales de lucha y de resistencia en el país, este vital elemento ha resultado ser un combustible más poderoso que el propio petróleo. El intento del régimen por arrebatarnos el agua levantará y unirá a la sociedad más rápidamente que las otras embestidas neoliberales. Constituye ya un gran triunfo para la sociedad y el pueblo de México el que a pesar de su inicial aprobación en las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados el pasado 4 de marzo, hoy la retrógrada Ley General de Aguas haya tenido que ser enviada a la congeladora.

Ello es lo que probablemente tenga tan enojado al diputado Manlio Fabio Beltrones quien ha descalificado como “de lento aprendizaje” a aquellos que han denunciado los objetivos privatizadores de la iniciativa. Y su enojo no es para menos, sin la aprobación de la Ley de Aguas, la reforma energética en su conjunto se encuentra en riesgo. Entre los objetivos centrales de la antipatriótica y anticonstitucional reforma energética destaca en primer lugar la legalización del ominoso “fracking” en nuestro territorio. Esta técnica depredadora de los ecosistemas, que por cierto ya se encuentra prohibida en vastas áreas de los Estados Unidos, no puede ejecutarse sin el derroche y contaminación extrema del agua. Así la reforma energética no cuenta con ningún viso de arranque sin la privatización del agua y la subordinación a las corporaciones internacionales de todos y cada uno de los procesos técnicos, financieros y de gestión para la exploración, distribución y almacenaje de las aguas nacionales.

Beltrones insiste en que la propuesta no es privatizadora, pero su iniciativa de Ley en sus artículos 80 y 81 señala que el llamado sector social y privado podrán participar a través de concesiones en los procesos de extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, almacenamiento, medición y facturación y cobro de tarifas de nuestro vital líquido. Aún más el artículo 129 permite la participación de particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal. En algo tiene razón sin embargo el señor Beltrones, esto no es una privatización clásica, es algo aún peor, es un verdadero oxímoron: una público-privatización que busca transferir los riesgos económicos desde el mercado al Estado, mientras que importa el conocimiento y la experiencia técnica desde el sector público al sector privado. Como sabemos es completamente falsa aquella idea de que las empresas con desempeños pobres salgan automáticamente del mercado. La teoría y práctica del demasiado grande para fallar, ha hecho evidente que las empresas y corporaciones con desempeños pobres y deshonestos pueden incluso recibir más dinero y apoyo para afrontar sus carencias técnicas y morales. Con la expansión del modelo representado por la público-privatización la tendencia a la intervención y el empleo de rescates estatales se institucionalizará en la vida social del país dejando tras de sí una gran estela de corrupción.

La Ley General de Aguas propuesta por el PRI es muy clara, se podrán otorgar concesiones totales o parciales por hasta 30 años o más, se eliminarán los subsidios a las familias y estados más empobrecidos y se favorecerán los intereses de los grupos de colusión empresarial. Esta Ley General de Aguas se inserta en la agenda política de la expropiación, la privatización y endeudamiento público espurio impulsada de forma significativa con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP) de Felipe Calderón. Hoy con las aguas nacionales se busca exactamente lo mismo: la absorción privada y el control total de la gran variedad de servicios públicos y procesos técnicos ya existentes alrededor de nuestro vital líquido para que las corporaciones privadas decidan, dispongan y establezcan nuevos proyectos de infraestructura en función de sus intereses privados y de lucro que paradójicamente se financiarán con dinero del sector público.

Bajo el neoliberalismo depredador actual, funciones y responsabilidades “públicas” de la máxima importancia para el desarrollo económico y social han sido transferidas a corporaciones privadas, contratistas independientes y entidades “reguladoras” que con gran velocidad buscan sustituir al Estado con el argumento de la sinergia público-privada. Ello sin embargo representa riesgos enormes para la transparencia y la rendición de cuentas. La falsa idea de la supuesta colaboración entre el sector “público” y “privado” tradicionalmente ha creado un nicho de impunidad y opacidad en beneficio de las corporaciones quienes se niegan a transparentar sus negociaciones, revelar detalles de sus operaciones o incluso dar a conocer los contratos sobre los cuales se desarrollan dichas tareas públicas.

No olvidemos que ya por ejemplo, el nuevo dictamen de la Ley de Transparencia propuesto por el gobierno de Peña Nieto contraviene en el artículo 113 el principio de “máxima publicidad” que además está constitucionalizado. Asimismo en su artículo 83 la propuesta de Peña proponía la reserva o confidencialidad de todos los contratos de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo, y asimismo anulaba la obligación de publicitar las bases, reglas, ingresos, costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos de estos mismos contratos y otros que pudieran ser “comercialmente sensibles”.

El motivo real de la opacidad que se regala al sector privado particularmente a partir del diseño normativo de la “reforma energética” y hoy a través de la “Ley General de Aguas”, que como ya hemos señalado no sería sino un utensilio para avanzar la primera... Para continuar leyendo oprima aquí

Corrupción estructural y el Vuelco de Ayotzinapa (Revista Memoria, Nueva Época No. 1, Febrero 2015)

En México la corrupción es un problema endémico inherente a todos los partidos políticos e instituciones gubernamentales. La supuesta “alternancia democrática” resultó ser un total fracaso en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción en el país. La competencia electoral entre opciones políticas diferentes no ha podido verse traducida en un progreso sustancial de la fiscalización gubernamental o en un mayor equilibrio de “pesos y contrapesos” entre los intereses de la sociedad y los gobiernos. Por el contrario, el deterioro político y la corrupción abarcan hoy a la totalidad de los gobiernos “democráticamente electos” sin importar el partido político que los hubiera llevado al poder y sin distingo de las ideologías que cada uno de esas organizaciones políticas representan. La consecuencia directa de esta situación ha sido la generalización de una apatía política y la acelerada expansión de un sentimiento de “decepción de

mocrática” entre la población mexicana, lo cual deja abiertos nuevos y mayores riesgos. Si las incipientes democracias resultan ser igualmente inefectivas en su capacidad para rendir cuentas que los sistemas autoritarios que las precedieron, el propio ideal democrático se encuentra en riesgo. Un vistazo rápido a los reportes más recientes desalienta hasta al demócrata más optimista.

Todo ello se explica, desde luego, por la incapacidad de los gobiernos elegidos democráticamente por atender y resolver los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Pero en países como México y algunos otros de América Latina, estos problemas estructurales se acentúan con la profunda y arraigada corrupción que ha caracterizado su vida política y social por décadas. La corrupción se convierte así en el problema social más grave y agobiante de estas sociedades y el fracaso para combatirla no expresaría sino la palmaria incapacidad de los gobiernos y los actores políticos por transformar de fondo las relaciones que ellos han establecido con sus representados.

Aquella idea de que la celebración de elecciones para elegir gobiernos garantiza de forma automática el establecimiento de “un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo” ha resultado ser tan rotundamente falsa, como aquella otra que sostiene que la corrupción es esencialmente un “fenómeno cultural”. Más aún los gobernantes que como Enrique Peña Nieto señalan sus supuestas raíces “culturales” y que aseveran la inmoralidad intrínseca de lo humano, no hacen sino justificar las conductas deshonestas, empezando quizás de forma interesada por las propias, con objeto de evadir la confrontación política de un problema no metafísico sino social. Asimismo, hoy ni los abordajes de “la teoría de la modernización” que enfocan la corrupción como un mero asunto de retraso o subdesarrollo económico, ni las concepciones legalistas que mistifican la norma como solución automática, o los enfoques tecnócratas que sugieren “fallas de Estado” factibles de ser solucionadas con ajustes de ‘fontanería para la transparencia’ pueden seguir siendo sostenidos pues todos ellos han mostrado su profundas limitaciones.

Desde hace ya varias décadas el concepto de corrupción se ha trivializado y con frecuencia se define de forma reduccionista como un mero sinónimo de soborno o extorsión. Pero este complejo fenómeno no puede seguir siendo circunscrito a la documentación de discretos episodios protagonizados por servidores públicos de bajo nivel recibiendo pagos aislados en oscuras ventanillas burocráticas. El objetivo final de la corrupción no siempre radica en obtener un beneficio pecuniario, sino también y cada vez de forma más creciente, en acumular poder y privilegios de forma ilegítima. Aquí definiremos la corrupción estructural como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos necesarios para el bienestar social y el desarrollo de los derechos fundamentales. Las prácticas concretas de la corrupción estructural adquieren una gran variedad de modalidades; algunas incluyen conductas ilícitas y delincuenciales mientras que otras pueden ser de perfecta legalidad pero de cuestionable moralidad. Y todas en su conjunto emergen con más claridad en aquellos periodos en los cuales las relaciones Estado-sociedad operan deficientemente y en contra de los más elementales principios de justicia y legitimidad que tendrían que caracterizar esta interacción. La corrupción es un problema social, estructural, institucional y político que exige soluciones igualmente estructurales.

Recientemente uno de los más terribles ejemplos de tal corrupción estructural ha sido la desaparición forzada y la ejecución violenta de los jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Este episodio constituye el terrorífico pináculo de una oleada de violencia institucional contra la población mexicana iniciada desde el gobierno de Felipe Calderón y profundizada a extremos de oprobio inimaginable con la restauración en el poder del régimen de partido de Estado. La masacre de Ayotzinapa ilumina de cuerpo entero la dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad, la expropiación del bienestar social y la cancelación de los derechos fundamentales. El doloroso episodio constituye uno de los más claros indicadores de la profunda ineficacia de las instituciones públicas en nuestro país y la insostenible tasa de impunidad que impera en él.

El caso de Ayotzinapa ha querido ser presentado por el régimen priísta como un asunto meramente local y circunscrito a temas del narcotráfico, pero la mayor parte de la opinión pública nacional e internacional tiene claro que estas injustas muertes y desapariciones forzadas se deben de forma directa a la corrupción estructural que hoy tiene postrada la nación. La criminalización de la protesta, la insostenible tasa de impunidad, la colusión del gobierno con el crimen organizado y el cotidiano abuso de los derechos humanos, son tan solo algunos de los rasgos que convierten el caso de Ayotzinapa en un crimen de lesa humanidad cometido directamente por instituciones del Estado mexicano.

Durante los últimos dos años, y en una aterradora y simbólica continuación de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto ha expandido y profundizado la espiral de violencia ocurrida en nuestro país a partir de criminalizar y reprimir directamente la protesta social y los anhelos libertarios de la juventud mexicana. Simplemente en los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto, se registraron más de 4,000 muertes violentas. Más tarde durante 2013 el primer año completo del restaurado gobierno del Partido Revolucionario Institucional, 33.1 millones de mexicanos fueron víctimas de crímenes sobre su patrimonio, sus vidas y sus derechos fundamentales. El incremento constante y desenfrenado de estos indicadores ha sido el siguiente: en 2011 la cifra ascendía a 21.6 millones de crímenes, en 2012 ella se ubicó en 22.4 millones y en 2013 el incremento fue de 50 por ciento respecto al último año de Felipe Calderón. La ciudadanía continuamente expresa que con EPN se sienten más inseguros que con FCH. De acuerdo a la más reciente encuesta ENVIPE del INEGI, el 73,3 por ciento de los mexicanos reconoció “haberse sentido inseguro” durante 2013, ello significa el segundo aumento consecutivo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, luego de que el último año del mandato de Felipe Calderón, esta pregunta alcanzara la cifra de 66,6 por ciento entre la población consultada.

Esta crisis humanitaria que atraviesa el país no sólo se explica por una política de seguridad y de procuración de justicia “ineficaz” o “ineficiente” en nuestro país, sino en primer lugar por una falla estructural en la rendición de cuentas del Estado mexicano, por un claro predominio de los abusos de poder y de un absoluto imperio de la impunidad a todos los niveles. Es urgente e impostergable resolver el tema de la decadencia institucional de México reflejada en la corrupción estructural para frenar ... para seguir leyendo click aquí...

Elucubraciones Tecnocráticas (Sin Embargo.Mx, 6 de Febrero 2015)

El despropósito simulador de las ocho medidas anticorrupción que Enrique Peña Nieto anunciara el pasado martes 3 de febrero es otro ejemplo de las “elucubraciones tecnocráticas” que han caracterizado a los políticos corruptos enquistados en el poder durante las últimas décadas. Esas propuestas no son técnicas, democráticas, ni genuinas. Con ellas simplemente busca ganar tiempo, intentando tapar el hoyo negro de las desapariciones forzadas en que el país se sumerge día a día, al tiempo que busca jalar reflectores con una nueva treta mediática para seguir en su estrategia de represión y olvido a los verdaderos problemas de impunidad, criminalidad y narco-colusión que caracterizan hoy a su gobierno.

Después de 26 meses de ignorar por completo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y transcurridos ya casi tres meses del estallido de los mansión-escándalos suyos, de su mujer y de su secretario de Hacienda, Peña Nieto recuerda que la función principal de los organismos de control presupuestal en la época del neoliberalismo ha sido fungir como encubridores y lavadores de fraudes.

Aunque en realidad el señor Peña no precisa de un “zar anticorrupción” que lo exoneré de forma expedita como evidentemente será el rol político a desempeñar por el señor Virgilio Andrade. No lo necesita, porque en el mismo discurso, acartonado y poco fluido –como quien repite palabras que no entiende- con el que anunció sus medidas, Peña Nieto se auto-exoneró de un plumazo: “el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones… y no obstante lo anteriorsoy consciente de que los señalamientos realizados (sic) generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad nunca ocurrió”. De la manufactura de la “verdad histórica” de Ayotzinapa asistimos a la “verdad histórica” de la probidad gubernamental.

De lo que no es “consciente” el señor presidente es que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, él está a la cabeza de Administración Pública Centralizada. Por ello para el ejercicio legal de sus atribuciones todos los funcionarios públicos que participan en esos “contratos otorgados”, esas “compras y obras adjudicadas”, y todo tipo de “comités de adquisiciones” son sus subordinados directos en tanto que miembros del Poder Ejecutivo que él supuestamente encabeza. Así que tanto el titular del ejecutivo como sus subordinados se encuentran igualmente sujetos al régimen de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y deben responder por sus faltas, violaciones y abusos.

De forma chusca se permitió darnos “cátedra” sobre los tres tipos de “conflictos de interés” que “la doctrina” reconoce y que en una burda y ramplona simplificación Peña Nieto divide en “reales”, “potenciales” y “aparentes”; bien pudo haber dicho también “malos”, “buenos” y “feos”. Peña Nieto fue concluyente en que el principal objetivo de sus falaces y burocráticas medidas no será limpiar el gobierno sino solamente combatir los feos conflictos de interés “aparentes”. Ello es quizás el único elemento de congruencia de su fallida política anticorrupción, ser fiel a la estrategia que le ha resultado ser altamente lucrativa: la manufactura de apariencias y percepciones.

Peña Nieto anunció con bombo y platillo que “a partir de mayo de 2015, será obligación de los servidores públicos federales presentar una Declaración de Posibles Conflictos de Interés”. Ello evidentemente no resolverá absolutamente nada. Si realmente quisieran resolver de raíz el problema lo se debe hacer es prohibir de manera explícita y tajante en la ley que cualquier funcionario público, legislador o juez tenga relación personal, profesional o de negocios con cualquier interés que pueda ser afectado por sus decisiones. Es decir, un verdadero marco jurídico en materia de conflicto de intereses imposibilitaría que un dueño de gasolineras fuera Secretario de Energía, como ocurre hoy, que un compadre de empresarios constructores ocupe la Secretaria de Hacienda, como ocurre hoy, o que el esposo de una millonaria actriz de Televisa sea Presidente de la República, como ocurre hoy.

México merece un gobierno encabezado por ciudadanos limpios cuyo único interés sea el bienestar de la patria, no seguir siendo regidos por vividores cuyo único propósito es lucrar con el poder. De nada nos sirve solamente conocer los conflictos de interés con el fin de reducir la “percepción” de la corrupción en el gobierno. Los tiempos modernos exigen acabar de raíz con la entrega de nuestras instituciones públicas a los peores intereses anti-nacionales.

La ocurrencia de llamar “acciones ejecutivas” a sus elucubraciones tecnocráticas y puntadas burocráticas surge de un reprobable complejo de inferioridad con respecto a Estados Unidos así como de un total desconocimiento del sistema jurídico mexicano. Intentando imitar las “acciones ejecutivas” de Barack Obama en los casos de Cuba y la reforma migratoria, el señor Peña Nieto también quiere las suyas. Habría que recordarle al mandatario mexicano que de acuerdo a nuestro sistema político, aquí absolutamente todos los actos de la Administración Pública Federal son precisamente acciones “ejecutivas”.

Otra falsedad que el presidente declaró de forma irresponsable en su conferencia de recaudación de aplausos fue que “en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad posibles conflictos de interés”. Y Videgaray llegó definitivamente más lejos que su jefe con respecto al cinismo ensoberbecido de impunidad que encierra su declaración de que “si la ley dijera que tenemos que hacer declaraciones de conflicto de interés como en Gran Bretaña, yo hubiera declarado que tenía esta casa adquirida con un crédito con esta empresa Higa” (Milenio, 3 febrero 2015).

El problema no es una falta de precisión en las leyes mexicanas sino una falta de vergüenza de parte de los funcionarios públicos priistas. En México contamos con un sofisticado entramado de obligaciones legales y marcos normativos que regulan y sancionan los conflictos de interés. El Código Penal cuenta desde ya con una amplia gama de delitos para los empleados públicos, tales como “abuso de autoridad”, “tráfico de influencias”, “ejercicio abusivo de funciones”, “cohecho”, “peculado” y ..... para seguir leyendo oprima a aquí

L’Institut de relations internationales et stratégiques IRIS

a l’honneur de vous inviter à une réunion restreinte autour de

Mme Irma Eréndira SANDOVAL BALLESTEROS,

Professeure à l’Institut pour la Recherche Sociale et 

Directrice du Laboratoire sur la Corruption et la Transparence 

de l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM)

et aussi professeure invitée 

Institute des Hautes Études de L’Amérique Latine (IHEAL), et 

Sciences Po - Paris School of International Affairs

sur le thème

« Mexique : les réponses de la société civile 

face à l’existence d’un narco-Etat »

La réunion sera animée par

M. Christophe VENTURA,

chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de l’Amérique latine

MARDI 27 JANVIER 2015 - de 18h00 à 20h00

à l'Institut de relations internationales et stratégiques

Espace de conférences

salle rez-de-chaussée

2 bis, rue Mercœur - 75011 PARIS

http://www.iris-france.org/evenements/

Mexico on the verge of political meltdown: Obama and other leaders should withdraw support for Peña Nieto, not court him (Al Jaljazeera America, January 9, 2015)

This week’s White House meeting between President Barack Obama and Mexico’s President Enrique Peña Nieto had much symbolism but little substance. The empty speeches, handshakes and promises of mutual support served two embattled leaders eager to use the meeting as a publicity stunt but left nothing in terms of concrete outcomes. Obama highlighted his halfhearted efforts to fix, as he put it, “our broken immigration system” and Peña Nieto desperately tried to appear statesmanlike amid the storm that has arisen from the Sept. 26 student massacre in the state of Guerrero and the accusations of conflicts of interest against him, his wife and his finance minister over homes purchased from a government contractor.

In fact, perhaps the only noteworthy part about the meeting was that it sparked dozens of protests throughout the United States against Washington’s blind support for Peña Nieto and the bloody drug war in Mexico. “USA puts the guns and consumes the drugs, Mexico puts the dead!” one protest sign read, summing up a growing sentiment on both sides of the border.

But as with so many issues, the U.S. government’s understanding is far behind that of the American people. The Obama administration has not budged on its strategy toward Mexico, despite its clear failure. During his meeting with Peña Nieto, Obama proclaimed that “our commitment is to be a friend and supporter of Mexico in its efforts to eliminate the scourge of violence and the drug cartels that are responsible for so much tragedy inside of Mexico.”

But Obama confuses Mexico with Peña Nieto and his government. The real allies in the struggle for peace and justice in Mexico are the families and colleagues of the students from the Raúl Isidro Burgos Rural teachers’ college of Ayotzinapa in Guerrero who were abducted and massacred. The school embodies both the utopian, democratic, liberationist ideals of the Mexican Revolution and the political commitment of the people of Guerrero. In fact, the bold, grass-roots leadership of the parents and classmates of the missing students is precisely what has enabled Mexico’s popular movement for peace and justice to grow so strong. Their demands should be supported by the U.S. and other nations.

The true voice of Mexico

Some analysts have suggested that Guerrero is somehow essentially chaotic and unruly. In a recent piece in The New York Times, for example, Enrique Krauze argues that the state “has been a violent, ungovernable place since colonial times” and that its residents are “full of lingering resentment over the dirty war of the 1970s.”

I was born in Guerrero. My father, Pablo Sandoval Ramírez, was one of the most important leaders of the state’s movements for democracy and against corruption during the 1970s and 1980s. He was a political prisoner and risked his life on numerous occasions during his untiring and peaceful struggle to put a stop to repression and the abuse of power.

Those of us who strive to continue the legacy of my father and the Ayotzinapa students are not motivated by resentment. On the contrary, we are simply sick and tired of living in a country where speaking out against abuse of power is criminalized and demands for accountability can land you in jail or a shallow grave.

The missing students were abducted by the police of Iguala, reportedly on direct orders from Mayor José Luis Abarca. The federal military has a base close by but did nothing to stop the kidnapping or the incineration of the students’ bodies. And the federal government waited a full 10 days before even initiating an investigation of the crime. The remains of only one student have been found and identified. And new information has put in question the government’s information about where and even whether the bodies were burned.

On Nov. 27, Peña Nieto held a press conference to announce technical fixes that would supposedly solve the problems highlighted by the student abductions. He proposed changing the emergency hotline number from 066 to 911, centralizing control over local police and modifying the country’s criminal codes. The notion that such changes would solve anything is farcical.

Such ineptitude captured Mexico’s current political malaise. The Ayotzinapa uprising is not simply a result of Peña Nieto’s disregard for public security and human rights. It is also a direct response to his misguided economic reforms and profound lack of popular legitimacy. Mexico needs wholesale structural overhaul, not cosmetic fixes and photo ops.

A failed transition

Mexico’s so-called democratic transition has failed to empower Mexican society and end impunity for the abuses of Mexican politicians. Instead, as with political transitions in Russia and many African and Eastern European nations, liberalization has meant nothing more than the diversification of power bases for the same old moguls and oligarchs.

Mexico is one of the most corrupt countries in the world. It ranked 34 out of 100 countries — tied with Bolivia, Gabon and Niger — in Transparency International’s 2013 corruption perceptions index. And Mexico is one of the most unequal countries. It is home to Carlos Slim, one of the richest men in the world, as well as to more than 65 million poor. Despite being the world’s 14th-largest economy and part of the Organization for Economic Co-operation and Development, Mexico has a shockingly high level of inequality; the country’s Gini index score, which measures the distribution of income or consumption among individuals or households in an economy, is comparable to Bolivia’s and Paraguay’s.

Mexico also suffers, of course, from the drug and arms trades and militarized strategies used to combat them. U.S. residents spend more than $109 billion a year on illegal drugs, a large proportion of which ends up in the hands of the drug cartels south of the Rio Grande. Meanwhile, on average 252,000 U.S.-made guns cross the border into Mexico each year, yielding approximately $127 million in revenue for gun manufacturers. Since President Felipe Calderón began his militarized drug war in 2006, 100,000 people have been killed, 22,000 disappeared, and more than 250,000 have been displaced.

Meanwhile, the return of Peña Nieto's Institutional Revolutionary Party (PRI) to power in 2012 has turned back the clock on politics. One of the first actions the newly elected Peña Nieto took was to reduce Congress’ influence. From 1997 to 2012, Congress increasingly became a powerful center of accountability and public debate leading the charge toward democratization. But Peña Nieto's Pact for Mexico, an agreement among the leaders of Mexico’s three main political parties, has transferred relevant decision

-making from Congress to the executive branch. As during the years of the “perfect dictatorship,” today political bargaining is once again opaque and informal, taking place behind closed doors at offices of the secretary of the interior.

Attacks on journalists, students and human rights activists have skyrocketed since Peña Nieto came to power. Despite such alarming violence and insecurity, authorities investigate only a minuscule 6.2 percent of crimes committed in Mexico. Most Mexicans simply are too afraid or think it is not worth reporting crime to the police. In addition, the police and prosecutors at the local and federal levels are frequently infiltrated and controlled by narcotraffickers or organized crime. Hence the root of the current crisis is not simply bureaucratic failure but the public’s lack of confidence in the political system as a whole.

Confidence in government institutions has fallen drastically over the years. Recent polls by the newspaper Reforma and by the polling firm GEA-ISA reveal that confidence in the police, the military and politicians in general has reached historic lows. Approval ratings for Peña Nieto are also the lowest they have been for a Mexican president in decades.

Political meltdown

It should come as no surprise, then, that the central demand of the street protesters is Peña Nieto’s resignation, not legislation or specific reforms. The PRI ruled Mexico for 71 years without interruption from 1929 to 2000. It represents the worst of the old, corrupt and informal way of running the business of government. The call for his resignation is a demand to break his party’s iron grip of violence, corruption and impunity and radically transform the relationship between the state and society.

If Mexico had a parliamentary system, Peña Nieto's government would have already been subjected to a... Full available article at AJAMMexico on the verge of political meltdown: Obama and other leaders should withdraw support for Peña Nieto, not court him (Continue reading at  Al Jaljazeera America, January 9, 2015)