Los más recientes datos de Transparencia Mexicana demuestran que la alternancia en el poder no ha tenido ningún impacto positivo en el combate a la corrupción. Mientras en 2001 los mexicanos tuvimos que pagar mordidas en 10.6 de cada 100 trámites gubernamentales, en 2005 este indicador se ubicó en 10.1 y para 2007 la cifra se quedó en 10.0. Es decir, durante estos ocho años no ha cambiado absolutamente nada. Durante 2007 las familias mexicanas gastaron 27 millones de pesos en mordidas y sobornos, lo cual en promedio equivale a 8 por ciento de sus ingresos (y para las familias más pobres, 18 por ciento). Estas cifras demuestran el rotundo fracaso de las políticas de combate a la corrupción por parte de los gobernantes, tanto al nivel federal como en las distintas entidades federativas.
Si los ciudadanos en general gastan tanto dinero en mordidas para agilizar la conexión de la luz, sacar su coche del corralón o inscribir a sus hijos en la escuela, la cantidad de recursos que los empresarios están dispuestos a ofrecer para lograr los jugosos contratos con el gobierno debe ser infinitamente superior. Desafortunadamente, Transparencia Mexicana no se ha atrevido a incursionar en la medición de este ámbito. Su timidez seguramente se relaciona con el hecho de que sus principales patrocinadores son algunas de las empresas más poderosas del país, entre otras: Televisa, Tv Azteca, FEMSA, Banamex, BBVA-Bancomer, Cemex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Modelo.
Las investigaciones auspiciadas desde el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM han demostrado que hay un gran desaseo en materia de compras gubernamentales en México. La mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones públicas, y dan la preferencia a las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas, donde tienen mayor margen de maniobra y discrecionalidad. Asimismo, cuando se realizan licitaciones públicas las empresas proveedoras frecuentemente buscan influir de manera ilegal en los funcionarios a cargo de los concursos o coludirse entre sí para inflar los precios. Esta situación ha llegado a extremos sumamente peligrosos en instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex).
Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2008/04/26/index.php?section=opinion&article=021a1pol
