Alejandro Martí, como Andrés Manuel López Obrador, tienen razón. La causa principal de la grave situación por la que hoy atravesamos todos los mexicanos en materias de seguridad pública y política energética se sintetiza en una sola palabra: corrupción.
Lamentablemente, en lugar de lanzar propuestas para combatir de raíz este mal en la administración pública, tanto el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en Palacio Nacional este jueves, como la iniciativa en materia energética del PRI caen en la simulación.
El acuerdo nacional propone de manera general la realización de procesos de “evaluación permanente” y “control de confianza” de las instituciones de seguridad pública, así como la participación de la sociedad civil en estas tareas. Sin embargo, no se presenta un solo diagnóstico claro sobre el fenómeno ni se ofrecen estrategias concretas para su combate. Parece que las autoridades gubernamentales se limitarán a aplicar exámenes sicológicos y toxicológicos en busca de las “manzanas podridas” escondidas en las corporaciones policiacas, en lugar de elaborar una estrategia estructural y de largo plazo.
La iniciativa del PRI en materia petrolera también aborda el tema de la corrupción de manera deficiente. Las principales innovaciones son la creación de un comité de transparencia y auditoría, y la publicación de los contratos en Internet. Sin embargo, el nuevo comité no tendrá ninguna independencia del consejo de administración de Pemex y la publicación de los contratos ya ocurre en la actualidad, de acuerdo con la ley federal de transparencia. Asimismo, la iniciativa no toca al sindicato ni con el pétalo de una rosa, y confirma el régimen de excepción para las adquisiciones de la paraestatal incluido en la iniciativa de Calderón.
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