"Para combatir la corrupción en serio" (La Jornada, 24 de agosto de 2008)

Alejandro Martí, como Andrés Manuel López Obrador, tienen razón. La causa principal de la grave situación por la que hoy atravesamos todos los mexicanos en materias de seguridad pública y política energética se sintetiza en una sola palabra: corrupción.

Lamentablemente, en lugar de lanzar propuestas para combatir de raíz este mal en la administración pública, tanto el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en Palacio Nacional este jueves, como la iniciativa en materia energética del PRI caen en la simulación.

El acuerdo nacional propone de manera general la realización de procesos de “evaluación permanente” y “control de confianza” de las instituciones de seguridad pública, así como la participación de la sociedad civil en estas tareas. Sin embargo, no se presenta un solo diagnóstico claro sobre el fenómeno ni se ofrecen estrategias concretas para su combate. Parece que las autoridades gubernamentales se limitarán a aplicar exámenes sicológicos y toxicológicos en busca de las “manzanas podridas” escondidas en las corporaciones policiacas, en lugar de elaborar una estrategia estructural y de largo plazo.

La iniciativa del PRI en materia petrolera también aborda el tema de la corrupción de manera deficiente. Las principales innovaciones son la creación de un comité de transparencia y auditoría, y la publicación de los contratos en Internet. Sin embargo, el nuevo comité no tendrá ninguna independencia del consejo de administración de Pemex y la publicación de los contratos ya ocurre en la actualidad, de acuerdo con la ley federal de transparencia. Asimismo, la iniciativa no toca al sindicato ni con el pétalo de una rosa, y confirma el régimen de excepción para las adquisiciones de la paraestatal incluido en la iniciativa de Calderón.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2008/08/24/index.php?section=opinion&article=010a1pol

"Corrupción y pétróleo" (La Jornada, 26 de abril de 2008)

Los más recientes datos de Transparencia Mexicana demuestran que la alternancia en el poder no ha tenido ningún impacto positivo en el combate a la corrupción. Mientras en 2001 los mexicanos tuvimos que pagar mordidas en 10.6 de cada 100 trámites gubernamentales, en 2005 este indicador se ubicó en 10.1 y para 2007 la cifra se quedó en 10.0. Es decir, durante estos ocho años no ha cambiado absolutamente nada. Durante 2007 las familias mexicanas gastaron 27 millones de pesos en mordidas y sobornos, lo cual en promedio equivale a 8 por ciento de sus ingresos (y para las familias más pobres, 18 por ciento). Estas cifras demuestran el rotundo fracaso de las políticas de combate a la corrupción por parte de los gobernantes, tanto al nivel federal como en las distintas entidades federativas.

Si los ciudadanos en general gastan tanto dinero en mordidas para agilizar la conexión de la luz, sacar su coche del corralón o inscribir a sus hijos en la escuela, la cantidad de recursos que los empresarios están dispuestos a ofrecer para lograr los jugosos contratos con el gobierno debe ser infinitamente superior. Desafortunadamente, Transparencia Mexicana no se ha atrevido a incursionar en la medición de este ámbito. Su timidez seguramente se relaciona con el hecho de que sus principales patrocinadores son algunas de las empresas más poderosas del país, entre otras: Televisa, Tv Azteca, FEMSA, Banamex, BBVA-Bancomer, Cemex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Modelo.

Las investigaciones auspiciadas desde el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM han demostrado que hay un gran desaseo en materia de compras gubernamentales en México. La mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones públicas, y dan la preferencia a las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas, donde tienen mayor margen de maniobra y discrecionalidad. Asimismo, cuando se realizan licitaciones públicas las empresas proveedoras frecuentemente buscan influir de manera ilegal en los funcionarios a cargo de los concursos o coludirse entre sí para inflar los precios. Esta situación ha llegado a extremos sumamente peligrosos en instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex).

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2008/04/26/index.php?section=opinion&article=021a1pol

"Las lecciones del caso Iván" (La Jornada, 9 de marzo de 2008)

No hay duda de que Juan Camilo Mouriño violó las leyes de nuestro país. Incurrió en un franco conflicto de intereses al firmar los contratos de Ivancar mientras era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y asesor de la Secretaría de Energía. Tanto el Código Penal como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señalan claramente que los funcionarios públicos tienen prohibido participar en decisiones gubernamentales donde tengan un “interés personal, familiar o de negocios”.

Sin embargo, el pésimo diseño institucional para la rendición de cuentas le garantiza al joven secretario de Gobernación total impunidad. Las instancias facultadas para castigar a los servidores públicos, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, no cuentan con ninguna independencia del Presidente de la República. Asimismo, las instancias independientes, como la Auditoría Superior de la Federación o el Congreso de la Unión, se encuentran sumamente limitadas en sus facultades de investigación y de sanción.

El caso de Iván ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de transformar el sistema para el combate a la corrupción y los conflictos de interés. El Código Penal incluye una gama de delitos para los empleados públicos, tales como “abuso de autoridad”, “tráfico de influencias”, “ejercicio abusivo de funciones”, “cohecho”, “peculado” y “enriquecimiento ilícito”, entre otros. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades impide a los funcionarios intervenir en asuntos donde tengan intereses particulares y les prohíbe la admisión de obsequios o gratificaciones de cualquier persona “cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas” por el servidor público.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2008/03/09/index.php?section=opinion&article=020a1pol