A Pablo Sandoval Ramírez (1944-2000), tenaz constructor de la democracia mexicana
La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y la actual confrontación del Sindicato Mexicano Electricistas (SME) con el gobierno mexicano han demostrado una vez más que el neoliberalismo no es un proyecto económico con repercusiones políticas, sino fundamentalmente un proyecto político de consecuencias económicas. Así mismo, una vez más se comprueba que las políticas neoliberales de ninguna manera implican el retiro del Estado, sino que cada día precisan de mayor respaldo gubernamental.
Hoy, nadie puede seguir sosteniendo aquellas tesis de las reformas “liberalizadoras” como el automático repliegue del Estado y su sustitución por un idílico mercado de competencia perfecta. Otra falsedad era que el proceso se acompañaba del reemplazo de funcionarios “populistas” del Estado de matriz keynesiana por jóvenes tecnócratas autónomos e independientes que en sus torres de marfil interpretaban el oráculo del mercado con ecuaciones de pizarrón. La dinámica política ha hecho que los tecnócratas de ayer y hoy se revelen como lo que siempre han sido, ávidas camarillas articuladas a renovados compromisos políticos.
Uno de los casos más paradigmáticos del constante intervencionismo político inherente al neoliberalismo es el desarrollo histórico del sector bancario en nuestro país. Bajo el concepto de liberalización, el gobierno mexicano nacionalizó la banca en 1982, la privatizó en 1992 y eclécticamente operó una “nacionalización-privatizante” entre 1994 y 1996 con el famoso rescate bancario. ¿Cuáles serían las variables que explican los distintos tipos de intervención estatal y los diferentes niveles de corrupción en estos tres momentos de la “liberalización” financiera? Aquí podemos adelantar tres hipótesis. Primero, la forma concreta que ha adoptado el intervencionismo estatal ha dependido principalmente de las bases sociales de apoyo del régimen político. Segundo, la existencia en mayor o menor medida de fenómenos de corrupción y rentismo se pueden explicar más en función del nivel de incertidumbre política que por el tipo de régimen político. Tercero, un incremento en los niveles de democratización y transparencia gubernamental favorece la implementación de políticas públicas definitivas e irreversibles.
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