La llegada a Petróleos Mexicanos de Juan José Suárez Coppel, quien hasta hace poco fue vicepresidente de finanzas del Grupo Modelo, tesorero corporativo de Televisa, y director de derivados de Banamex, instala una situación de franca captura” en nuestra paraestatal. La “captura del Estado” es una manifestación estructural de la corrupción que implica la institucionalización de los conflictos de interés y la determinación de normas y políticas de gestión estatal por parte de poderosos grupos económicos. Esto muchas veces se reviste de legalidad procedimental pero, como en todo caso de corrupción, auspicia la desviación de recursos públicos para servir intereses privados.
Hace menos de un año, Suárez Coppel fue rechazado por todas las fuerzas políticas como consejero profesional en el consejo de administración debido a su cercanía con Francisco Gil Díaz y las graves acusaciones de corrupción que existen en su contra. Desde sus tiempos como director de finanzas de Pemex, el nuevo director general destacó por haber asignado sin que mediara proceso de licitación alguno más de una treintena de contratos millonarios que beneficiaron a consultores vinculados al poder y a empresas trasnacionales como Oceanografía, Blue Marine, Pricewaterhouse Coopers y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, entre otras.
Tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Secretaría de la Función Pública han señalado que Suárez Coppel está implicado en una poderosa red de tráfico de influencias operando en el interior de Pemex, que incluye entre otros al actual director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, quien destacó por haber defendido la “legalidad” de los contratos celebrados con la empresa Ivancar, de la familia Mouriño.
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