La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es producto directo de la pluralidad política de la histórica 57 Legislatura (1997-2000) en la que por vez primera el viejo partido de Estado perdiera la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Ello marcó el desarrollo político del país e incorporó a nuestra vida pública exigencias como la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
Hoy, casi al término del primer periodo de Arturo González de Aragón al frente de la ASF es un buen momento para reflexionar sobre el trayecto recorrido y las tareas aún pendientes. Frente a la crisis institucional que acosa por igual a los tres poderes, así como a los diversos organismos autónomos del país, la ASF se ha convertido sin duda en una de las instituciones más efectivas del Estado mexicano al destacarse por su activismo y profesionalización en el análisis de la cuenta pública.
Gracias a la acción fiscalizadora de la ASF, hoy tenemos pruebas concretas de los grandes desfalcos al erario cometidos por las administraciones tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Algunas pruebas documentadas son: la sobrevaluación de los pasivos del Fobaproa, los abusos de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la ineficiencia y parcialidad de la Secretaría de Hacienda en la recaudación de impuestos, las extensas irregularidades en el manejo financiero de Petróleos Mexicanos, el abuso de los fideicomisos que manejan fondos públicos, el desaseo de las aduanas del país y la preocupante opacidad del fondo de transición presidencial del cual participó César Nava, entre muchos otros casos que indican la gran corrupción estructural que todavía padece el país.
