Priísmo opaco y "de lento aprendizaje" (SinEmbargo.Mx, 16 Marzo, 2015)

El régimen busca imponer su proyecto desnacionalizador y depredador a golpe de torpezas. Creyeron que una vez “lograda” la privatización del petróleo, la aprobación de la Ley General de Aguas sería un mero trámite y ya vieron que no resultó así. De hecho ha ocurrido exactamente lo contrario. Debido a que el agua es vista por todos los ciudadanos como el origen del derecho a la vida, para los movimientos sociales de lucha y de resistencia en el país, este vital elemento ha resultado ser un combustible más poderoso que el propio petróleo. El intento del régimen por arrebatarnos el agua levantará y unirá a la sociedad más rápidamente que las otras embestidas neoliberales. Constituye ya un gran triunfo para la sociedad y el pueblo de México el que a pesar de su inicial aprobación en las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados el pasado 4 de marzo, hoy la retrógrada Ley General de Aguas haya tenido que ser enviada a la congeladora.

Ello es lo que probablemente tenga tan enojado al diputado Manlio Fabio Beltrones quien ha descalificado como “de lento aprendizaje” a aquellos que han denunciado los objetivos privatizadores de la iniciativa. Y su enojo no es para menos, sin la aprobación de la Ley de Aguas, la reforma energética en su conjunto se encuentra en riesgo. Entre los objetivos centrales de la antipatriótica y anticonstitucional reforma energética destaca en primer lugar la legalización del ominoso “fracking” en nuestro territorio. Esta técnica depredadora de los ecosistemas, que por cierto ya se encuentra prohibida en vastas áreas de los Estados Unidos, no puede ejecutarse sin el derroche y contaminación extrema del agua. Así la reforma energética no cuenta con ningún viso de arranque sin la privatización del agua y la subordinación a las corporaciones internacionales de todos y cada uno de los procesos técnicos, financieros y de gestión para la exploración, distribución y almacenaje de las aguas nacionales.

Beltrones insiste en que la propuesta no es privatizadora, pero su iniciativa de Ley en sus artículos 80 y 81 señala que el llamado sector social y privado podrán participar a través de concesiones en los procesos de extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, almacenamiento, medición y facturación y cobro de tarifas de nuestro vital líquido. Aún más el artículo 129 permite la participación de particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal. En algo tiene razón sin embargo el señor Beltrones, esto no es una privatización clásica, es algo aún peor, es un verdadero oxímoron: una público-privatización que busca transferir los riesgos económicos desde el mercado al Estado, mientras que importa el conocimiento y la experiencia técnica desde el sector público al sector privado. Como sabemos es completamente falsa aquella idea de que las empresas con desempeños pobres salgan automáticamente del mercado. La teoría y práctica del demasiado grande para fallar, ha hecho evidente que las empresas y corporaciones con desempeños pobres y deshonestos pueden incluso recibir más dinero y apoyo para afrontar sus carencias técnicas y morales. Con la expansión del modelo representado por la público-privatización la tendencia a la intervención y el empleo de rescates estatales se institucionalizará en la vida social del país dejando tras de sí una gran estela de corrupción.

La Ley General de Aguas propuesta por el PRI es muy clara, se podrán otorgar concesiones totales o parciales por hasta 30 años o más, se eliminarán los subsidios a las familias y estados más empobrecidos y se favorecerán los intereses de los grupos de colusión empresarial. Esta Ley General de Aguas se inserta en la agenda política de la expropiación, la privatización y endeudamiento público espurio impulsada de forma significativa con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP) de Felipe Calderón. Hoy con las aguas nacionales se busca exactamente lo mismo: la absorción privada y el control total de la gran variedad de servicios públicos y procesos técnicos ya existentes alrededor de nuestro vital líquido para que las corporaciones privadas decidan, dispongan y establezcan nuevos proyectos de infraestructura en función de sus intereses privados y de lucro que paradójicamente se financiarán con dinero del sector público.

Bajo el neoliberalismo depredador actual, funciones y responsabilidades “públicas” de la máxima importancia para el desarrollo económico y social han sido transferidas a corporaciones privadas, contratistas independientes y entidades “reguladoras” que con gran velocidad buscan sustituir al Estado con el argumento de la sinergia público-privada. Ello sin embargo representa riesgos enormes para la transparencia y la rendición de cuentas. La falsa idea de la supuesta colaboración entre el sector “público” y “privado” tradicionalmente ha creado un nicho de impunidad y opacidad en beneficio de las corporaciones quienes se niegan a transparentar sus negociaciones, revelar detalles de sus operaciones o incluso dar a conocer los contratos sobre los cuales se desarrollan dichas tareas públicas.

No olvidemos que ya por ejemplo, el nuevo dictamen de la Ley de Transparencia propuesto por el gobierno de Peña Nieto contraviene en el artículo 113 el principio de “máxima publicidad” que además está constitucionalizado. Asimismo en su artículo 83 la propuesta de Peña proponía la reserva o confidencialidad de todos los contratos de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo, y asimismo anulaba la obligación de publicitar las bases, reglas, ingresos, costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos de estos mismos contratos y otros que pudieran ser “comercialmente sensibles”.

El motivo real de la opacidad que se regala al sector privado particularmente a partir del diseño normativo de la “reforma energética” y hoy a través de la “Ley General de Aguas”, que como ya hemos señalado no sería sino un utensilio para avanzar la primera... Para continuar leyendo oprima aquí

Corrupción estructural y el Vuelco de Ayotzinapa (Revista Memoria, Nueva Época No. 1, Febrero 2015)

En México la corrupción es un problema endémico inherente a todos los partidos políticos e instituciones gubernamentales. La supuesta “alternancia democrática” resultó ser un total fracaso en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción en el país. La competencia electoral entre opciones políticas diferentes no ha podido verse traducida en un progreso sustancial de la fiscalización gubernamental o en un mayor equilibrio de “pesos y contrapesos” entre los intereses de la sociedad y los gobiernos. Por el contrario, el deterioro político y la corrupción abarcan hoy a la totalidad de los gobiernos “democráticamente electos” sin importar el partido político que los hubiera llevado al poder y sin distingo de las ideologías que cada uno de esas organizaciones políticas representan. La consecuencia directa de esta situación ha sido la generalización de una apatía política y la acelerada expansión de un sentimiento de “decepción de

mocrática” entre la población mexicana, lo cual deja abiertos nuevos y mayores riesgos. Si las incipientes democracias resultan ser igualmente inefectivas en su capacidad para rendir cuentas que los sistemas autoritarios que las precedieron, el propio ideal democrático se encuentra en riesgo. Un vistazo rápido a los reportes más recientes desalienta hasta al demócrata más optimista.

Todo ello se explica, desde luego, por la incapacidad de los gobiernos elegidos democráticamente por atender y resolver los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Pero en países como México y algunos otros de América Latina, estos problemas estructurales se acentúan con la profunda y arraigada corrupción que ha caracterizado su vida política y social por décadas. La corrupción se convierte así en el problema social más grave y agobiante de estas sociedades y el fracaso para combatirla no expresaría sino la palmaria incapacidad de los gobiernos y los actores políticos por transformar de fondo las relaciones que ellos han establecido con sus representados.

Aquella idea de que la celebración de elecciones para elegir gobiernos garantiza de forma automática el establecimiento de “un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo” ha resultado ser tan rotundamente falsa, como aquella otra que sostiene que la corrupción es esencialmente un “fenómeno cultural”. Más aún los gobernantes que como Enrique Peña Nieto señalan sus supuestas raíces “culturales” y que aseveran la inmoralidad intrínseca de lo humano, no hacen sino justificar las conductas deshonestas, empezando quizás de forma interesada por las propias, con objeto de evadir la confrontación política de un problema no metafísico sino social. Asimismo, hoy ni los abordajes de “la teoría de la modernización” que enfocan la corrupción como un mero asunto de retraso o subdesarrollo económico, ni las concepciones legalistas que mistifican la norma como solución automática, o los enfoques tecnócratas que sugieren “fallas de Estado” factibles de ser solucionadas con ajustes de ‘fontanería para la transparencia’ pueden seguir siendo sostenidos pues todos ellos han mostrado su profundas limitaciones.

Desde hace ya varias décadas el concepto de corrupción se ha trivializado y con frecuencia se define de forma reduccionista como un mero sinónimo de soborno o extorsión. Pero este complejo fenómeno no puede seguir siendo circunscrito a la documentación de discretos episodios protagonizados por servidores públicos de bajo nivel recibiendo pagos aislados en oscuras ventanillas burocráticas. El objetivo final de la corrupción no siempre radica en obtener un beneficio pecuniario, sino también y cada vez de forma más creciente, en acumular poder y privilegios de forma ilegítima. Aquí definiremos la corrupción estructural como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos necesarios para el bienestar social y el desarrollo de los derechos fundamentales. Las prácticas concretas de la corrupción estructural adquieren una gran variedad de modalidades; algunas incluyen conductas ilícitas y delincuenciales mientras que otras pueden ser de perfecta legalidad pero de cuestionable moralidad. Y todas en su conjunto emergen con más claridad en aquellos periodos en los cuales las relaciones Estado-sociedad operan deficientemente y en contra de los más elementales principios de justicia y legitimidad que tendrían que caracterizar esta interacción. La corrupción es un problema social, estructural, institucional y político que exige soluciones igualmente estructurales.

Recientemente uno de los más terribles ejemplos de tal corrupción estructural ha sido la desaparición forzada y la ejecución violenta de los jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Este episodio constituye el terrorífico pináculo de una oleada de violencia institucional contra la población mexicana iniciada desde el gobierno de Felipe Calderón y profundizada a extremos de oprobio inimaginable con la restauración en el poder del régimen de partido de Estado. La masacre de Ayotzinapa ilumina de cuerpo entero la dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad, la expropiación del bienestar social y la cancelación de los derechos fundamentales. El doloroso episodio constituye uno de los más claros indicadores de la profunda ineficacia de las instituciones públicas en nuestro país y la insostenible tasa de impunidad que impera en él.

El caso de Ayotzinapa ha querido ser presentado por el régimen priísta como un asunto meramente local y circunscrito a temas del narcotráfico, pero la mayor parte de la opinión pública nacional e internacional tiene claro que estas injustas muertes y desapariciones forzadas se deben de forma directa a la corrupción estructural que hoy tiene postrada la nación. La criminalización de la protesta, la insostenible tasa de impunidad, la colusión del gobierno con el crimen organizado y el cotidiano abuso de los derechos humanos, son tan solo algunos de los rasgos que convierten el caso de Ayotzinapa en un crimen de lesa humanidad cometido directamente por instituciones del Estado mexicano.

Durante los últimos dos años, y en una aterradora y simbólica continuación de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto ha expandido y profundizado la espiral de violencia ocurrida en nuestro país a partir de criminalizar y reprimir directamente la protesta social y los anhelos libertarios de la juventud mexicana. Simplemente en los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto, se registraron más de 4,000 muertes violentas. Más tarde durante 2013 el primer año completo del restaurado gobierno del Partido Revolucionario Institucional, 33.1 millones de mexicanos fueron víctimas de crímenes sobre su patrimonio, sus vidas y sus derechos fundamentales. El incremento constante y desenfrenado de estos indicadores ha sido el siguiente: en 2011 la cifra ascendía a 21.6 millones de crímenes, en 2012 ella se ubicó en 22.4 millones y en 2013 el incremento fue de 50 por ciento respecto al último año de Felipe Calderón. La ciudadanía continuamente expresa que con EPN se sienten más inseguros que con FCH. De acuerdo a la más reciente encuesta ENVIPE del INEGI, el 73,3 por ciento de los mexicanos reconoció “haberse sentido inseguro” durante 2013, ello significa el segundo aumento consecutivo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, luego de que el último año del mandato de Felipe Calderón, esta pregunta alcanzara la cifra de 66,6 por ciento entre la población consultada.

Esta crisis humanitaria que atraviesa el país no sólo se explica por una política de seguridad y de procuración de justicia “ineficaz” o “ineficiente” en nuestro país, sino en primer lugar por una falla estructural en la rendición de cuentas del Estado mexicano, por un claro predominio de los abusos de poder y de un absoluto imperio de la impunidad a todos los niveles. Es urgente e impostergable resolver el tema de la decadencia institucional de México reflejada en la corrupción estructural para frenar ... para seguir leyendo click aquí...