Todo mundo recuerda el conspicuo conflicto de interés en que incurriera el extinto Secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, cuando siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y más tarde como alto asesor de la Secretaría de Energía, gestionara millonarios contratos para beneficiar a su empresa familiar Ivancar en Campeche. Pedro Joaquín Coldwell es hoy para Enrique Peña Nieto lo que Juan Camilo Mouriño fue ayer para Calderón.
No tiene límites la impudicia del actual Secretario de Energía al continuar siendo dueño de empresas, gasolineras y franquicias de PEMEX en Cozumel y otras ciudades, cuyos principales accionistas reportan ser sus hijos: Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delboui; su padre: Fausto Joaquín Ibarra; su sobrino: Ignacio Ruiz Joaquín y desde luego él mismo. Y seríamos muy ingenuos si creyéramos que estas empresas fueran los únicos “intereses” a reportar que tuviera el actual Secretario de Energía. Estas empresas muy probablemente son apenas la punta del iceberg de una red de complicidades que involucran “tráfico de influencias”, “ejercicio abusivos de funciones”, “abusos de autoridad” y otros delitos tipificados en nuestro Código Penal.
Lo que ya está comprobado es que Coldwell todos los días viola flagrantemente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que en su artículo 8 numeral XI explícitamente señala que todo servidor público está obligado a: “Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.”
Este artículo no se limita al otorgamiento de “contratos” o “concesiones” sino que se refiere a “cualquier asunto” que “pueda resultar algún beneficio” para el servidor público o su familia. Es decir, no importa que las gasolineras hayan sido adjudicadas antes del 1 de diciembre de 2012, aunque también valdría la pena investigar aquella asignación a la familia de un prominente ex Gobernador del Estado de Quintana Roo. Lo relevante es que hoy cada una de sus decisiones como Secretario de Energía afecta con beneficios directos a su propio bolsillo y a las finanzas de su familia lo cual genera una situación de intereses en conflicto claramente tipificado en la ley. Yerran entonces quienes, como Diego Fernández de Cevallos y Emilio Gamboa Patrón, justifican esta oprobiosa situación como un conflicto más “moral” que “legal” ya que supuestamente “el secretario no está de ninguna manera violando una ley”. Desde este punto de vista el hecho que Coldwell “no le dedica ni 10 minutos” a sus negocios petroleros lo liberaría de toda responsabilidad. Fox ofreció solucionar el conflicto de Chiapas en 5 minutos, Gamboa hoy de un plumazo quiere resolver la corrupción en 10.
Existe una sola salida a la situación actual. Si Coldwell quiere mantenerse en su cargo, él y su familia tendrían que vender inmediatamente sus acciones para evitar violar la ley. De lo contrario, el Secretario tendrá que renunciar su cargo. Los sistemas democráticos siempre establecen una clara distinción entre el sector público y el sector privado. Solamente un país que ha perdido totalmente la brújula permitiría abusos como los de Coldwell. Después del grito de “no te preocupes, Rosario” ahora sigue el “no te preocupes, Pedro”. Y así continuará con todos los conspicuos miembros del círculo de amigos, familiares y socios que lucran con las riquezas públicas y que sólo podrán ser derrocados desde la indignación popular. Llama la atención que la información sobre el conflicto de interés de Coldwell salga a la luz hasta ahora a partir de una filtración difundida por la Senadora Dolores Padierna.
Recordemos que el 15 de enero de 2013 Peña Nieto junto con su gabinete organizó una vistosa conferencia de prensa para de forma “histórica” ofrecer versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales. El problema fue que... Para leer artículo completo click aquí
