A mi padre, Pablo Sandoval Ramírez, a diez años de su partida.
Ha terminado la época en que podíamos confiar en la responsabilidad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) para defender las causas ciudadanas y tutelar el interés público. Hoy, como nunca, es necesario someter a los funcionarios electorales a un estricto régimen de vigilancia y control ciudadano para asegurar que cumplan con la ley.
El actual proceso de renovación de tres integrantes del Consejo General del IFE constituye una excelente oportunidad para iniciar este proceso. Todo parece indicar que, una vez más, los diputados federales privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de la independencia o las capacidades de los candidatos. Pero habría que pasar de los lamentos a la acción.
Desde ahora tenemos que exigir a los candidatos que firmen una serie de compromisos muy concretos sobre cómo se comportarán, de llegar a dirigir el instituto electoral. Posteriormente, habría que incluir estas reglas directamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
El actual proceso de renovación de tres integrantes del Consejo General del IFE constituye una excelente oportunidad para iniciar este proceso. Todo parece indicar que, una vez más, los diputados federales privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de la independencia o las capacidades de los candidatos. Pero habría que pasar de los lamentos a la acción.
Desde ahora tenemos que exigir a los candidatos que firmen una serie de compromisos muy concretos sobre cómo se comportarán, de llegar a dirigir el instituto electoral. Posteriormente, habría que incluir estas reglas directamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Primero, cada consejero debería presentar una declaración pública de todos sus intereses y relaciones. Una declaración de este tipo incluiría la declaración patrimonial, cuya publicidad hoy todavía no es obligatoria, así como la divulgación de otros tipos de relaciones personales, familiares o de negocios que puedan implicar conflictos de interés. Ya en funciones, el consejero tendría que estar impedido para participar en asuntos relacionados con alguna de estas relaciones.
Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50226.html
