"Consejeros vigilados" (El Universal, 13 de octubre de 2010)

A mi padre, Pablo Sandoval Ramírez, a diez años de su partida.

Ha terminado la época en que podíamos confiar en la responsabilidad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) para defender las causas ciudadanas y tutelar el interés público. Hoy, como nunca, es necesario someter a los funcionarios electorales a un estricto régimen de vigilancia y control ciudadano para asegurar que cumplan con la ley.

El actual proceso de renovación de tres integrantes del Consejo General del IFE constituye una excelente oportunidad para iniciar este proceso. Todo parece indicar que, una vez más, los diputados federales privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de la independencia o las capacidades de los candidatos. Pero habría que pasar de los lamentos a la acción.

Desde ahora tenemos que exigir a los candidatos que firmen una serie de compromisos muy concretos sobre cómo se comportarán, de llegar a dirigir el instituto electoral. Posteriormente, habría que incluir estas reglas directamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Primero, cada consejero debería presentar una declaración pública de todos sus intereses y relaciones. Una declaración de este tipo incluiría la declaración patrimonial, cuya publicidad hoy todavía no es obligatoria, así como la divulgación de otros tipos de relaciones personales, familiares o de negocios que puedan implicar conflictos de interés. Ya en funciones, el consejero tendría que estar impedido para participar en asuntos relacionados con alguna de estas relaciones.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50226.html

"La coartada de los datos personales" (El Universal, 8 de septiembre de 2010)

El tema de los datos personales es fácilmente maleable a conveniencia de la opacidad y la simulación gubernamental. No pocas veces el gobierno ha argüido que los documentos solicitados contienen "datos personales" o afectan la "vida privada" de alguien con el fin de justificar su negativa de acceso a los mismos. Así ocurrió cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) negó el acceso al acta de nacimiento de Juan Camilo Mouriño, a las propiedades de Margarita Zavala, a las fotografías de funcionarios de alto nivel, o a la identidad de altos mandos de la Secretaria de Seguridad Pública y la Policía Federal. De la misma forma, el Servicio de Administración Tributaria también utilizó la coartada de los datos personales para negar información sobre las millonarias exenciones fiscales otorgadas a las empresas más poderosas del país.

Hoy ya contamos con una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDP) y también se busca incluir un nuevo libro sobre datos personales en posesión del gobierno en la vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Pero, en el contexto de corrupción estructural que padece nuestro país, existe el riesgo de seguir abusando del problemático y todavía muy nebuloso concepto de “privacidad” con el evidente fin de limitar la rendición de cuentas. Igualmente, el hecho de que el IFAI sea el responsable de tutelar simultáneamente los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales puede llegar a generar una especie de esquizofrenia institucional muy poco saludable.

Para evitar mayores confusiones en la materia, haría falta recordar un par de puntos clave. Primero, únicamente las personas físicas, y nunca las personas morales, son quienes cuentan con "vida privada" y pueden gozar de las garantías del artículo sexto constitucional en la materia. El artículo segundo de la LFPDP claramente define al dato personal como aquella "información concerniente a una persona física identificada o identificable". Segundo, es muy común que en México y otras partes del mundo se proporcionen versiones públicas de documentos aun cuando ellos tienen datos personales sensibles. Así, no se vale usar la coartada de los datos personales para mantener la totalidad de los archivos o documentos públicos en la opacidad.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49792.html

"Todos somos Wall Street" (El Universal, 4 de agosto de 2010)

Ni la reforma financiera de Obama presentada con grandilocuencia como "la mayor desde la Gran Depresión", ni la calderonista, copia de mala calidad que el 28 de julio decretara la creación de un Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), constituyen esfuerzos reguladores verdaderos o afrentas auténticas a los poderes fácticos.

Los defensores de la reforma de EU, impulsada por los senadores Christopher Dodd y Barney Frank, aplauden que la ley obligue a los bancos a mantener más capital en sus reservas para reducir sus niveles de apalancamiento. Celebran también que centralice y limite la comercialización de los famosos derivados y que, a partir de ahora, permita al gobierno intervenir en las empresas financieras arruinadas, tal como ha ocurrido con los bancos. La reforma también crea dos nuevas oficinas gubernamentales: un consejo de reguladores federales y una agencia de protección a los usuarios de la banca.

Pero estas importantes innovaciones se quedan cortas a la hora de detener las prácticas especulativas que generaron el reciente desastre financiero y dejan incólume el verdadero poderío de los bancos: la estructura oligopólica que permite la existencia de vastos conglomerados financieros. Los cabilderos de Wall Street invirtieron 600 millones de dólares en una campaña de edulcoración de la propuesta inicial. Su triunfo principal se refleja en haber dejado intacta esta exagerada obesidad financiera y en la sujeción de las nuevas agencias reguladoras a los intereses del capital financiero. El consejo de reguladores federales lo encabezará el secretario del Tesoro y la oficina de protección a los usuarios de la banca dependerá de la Reserva Federal. Así, la nueva arquitectura institucional se nutrirá de los burócratas de siempre a quienes la reciente crisis bancaria pasó frente a ellos sin que hicieran nada.

Texto completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49311.html

"Gobernadores bajo la lupa" (El Universal, 29 de junio de 2010)

No nos confundamos, las conversaciones que un servidor público sostenga durante horarios de trabajo con otros funcionarios sobre el uso de recursos del estado no son "comunicaciones privadas", sino información pública. Los reclamos del PRI sobre la divulgación de las grabaciones de Fidel Herrera y Ulises Ruiz son una cortina de humo que revelan un desconocimiento de las leyes y los principios más elementales en materia de transparencia y rendición de cuentas. El problema central no es que todo mundo hubiera escuchado a los gobernadores en ejercicio de su "pinche poder", sino que hasta hoy éstas sean las únicas conversaciones a las cuales los ciudadanos hayan tenido acceso.

De acuerdo con el "principio de máxima publicidad" plasmado en el artículo 6 de la Constitución, toda información sobre las actividades gubernamentales es pública a menos que ella figure de manera explícita en alguna causal de reserva. En las conversaciones grabadas y divulgadas en días pasados no hay nada que amerite estar reservado por la ley. Aquí no se ha puesto en riesgo la vida de ciudadano alguno, ni se ha afectado la seguridad nacional, la estabilidad financiera o económica del país. Tampoco se han revelado datos confidenciales de nadie. Las conversaciones son motivo de vergüenza y escándalo para sus protagonistas al quedar desnudados como posibles autores de delitos electorales. Pero, por fortuna, el deseo de encubrir violaciones a la ley aún no es una causal de reserva.

A partir de la entrada en vigor de las diferentes leyes de transparencia los gobernantes han ido encontrando salidas de emergencia para incumplir la norma. Una de las más comunes ha sido la de reducir la "documentación" de sus decisiones públicas. En lugar de redactar memorándums o correos electrónicos, los políticos prefieren conversar por teléfono para no dejar rastros de sus acciones. En consecuencia, el índice de "inexistencia" de los documentos públicos ha aumentado año tras año.

Artículo completo disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48880.html

"Neoliberales trasnochados" (El Universal, 27 de mayo de 2010)

La rampante corrupción que caracterizó “la liberalización a la mexicana” de los años 90, ha demostrado que la privatización no es ni de cerca la solución para la crisis del sector público. La grave turbulencia financiera global de los últimos años también ha roto con el mito de la supremacía del mercado y sus recetas desreguladoras. Hoy, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos se atreve a proponer un retorno al modelo neoliberal. Justo el pasado 20 de mayo, el Senado norteamericano aprobó un importante paquete de reformas que elevan de manera significativa los controles sobre el sector financiero.

Lamentablemente en nuestro país todavía existen algunos trasnochados que siguen creyendo en el dios del mercado y el espíritu santo del sector privado. Destaca de forma conspicua el presidente Felipe Calderón quien el año pasado presentó una iniciativa para expedir la Ley de Asociaciones Púbico-Privadas (LAPP) cuyo objetivo central es liquidar la rectoría del Estado en áreas neurálgicas para el desarrollo como educación, salud, seguridad pública, comunicaciones, e infraestructura.

El pasado 29 de abril, la Ley de Asociaciones Púbico-Privadas se aprobó en lo general en el Senado de la República con el respaldo del PAN, el PRI y algunos senadores del PRD. Por fortuna, una falta de quórum en el recinto de Xicoténcatl forzó un aplazamiento de las votaciones sobre las reservas particulares y el proceso de aprobación en su conjunto. Sin embargo, la amenaza sigue latente y el gobierno federal aprovechará cualquier oportunidad, incluso durante un eventual periodo extraordinario, para consumar esta ley que viene acompañada de regresivas reformas a las leyes de Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Expropiación, la General de Bienes Nacionales; y, el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48495.html

"Contrarreforma transparente" (La Jornada, 24 de abril de 2010)

La iniciativa en materia de transparencia que está por aprobarse en el Senado de la República es una bonita manzana envenenada. Las reformas propuestas por los senadores del PRI Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell se visten con las mejores sedas del discurso de la apertura gubernamental y la protección de los datos personales. Sin embargo, la médula de la iniciativa se compone de una serie de contrarreformas que podrían cancelar nuestro derecho de acceso a la información pública.

En primer lugar, el texto abre un boquete en el seno de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el que las autoridades podrían arrojar casi cualquier petición incómoda. La nueva redacción del artículo 48 de la ley permitirá que el gobierno deseche cualquier solicitud de información cuando, a juicio de las mismas autoridades, su respuesta “cause un entorpecimiento extremo que suponga una disrupción sustancial o irracional en las actividades del sujeto obligado”. Asimismo, de acuerdo con la redacción propuesta al artículo 57, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) podrá simplemente descartar cualquier recurso de revisión que a su parecer sea “ofensivo, frívolo o irracional”.

Pero quizás el elemento más preocupante de la iniciativa se encuentra en el nuevo artículo 58 bis, que liberará al IFAI de la obligación de resolver todos los recursos de revisión interpuestos. El nuevo texto señala que el IFAI podrá “en cualquier momento del procedimiento conciliar entre el recurrente y el sujeto obligado”. Un “acuerdo de conciliación” de este tipo auspiciaría la simple y llana negociación de la ley. Asimismo, debido a los desequilibrios de poder entre autoridades y ciudadanos, esta cláusula abriría la puerta para que los sujetos obligados presionen a los solicitantes para que desistan de sus recursos de revisión. Ello también implicaría un ataque al corazón de la transparencia, dado que eliminaría la garantía de anonimato que hoy tienen los solicitantes.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/24/index.php?section=opinion&article=019a1pol

"Transparencia sindical y reforma laboral" (El Universal, 15 de abril de 2010)

Llegó la hora de superar la lógica que circunscribe el derecho de acceso a la información sólo a las instituciones gubernamentales. Este derecho también tendría que aplicarse a las organizaciones que se financian a través de recursos públicos o desempeñan funciones públicas. Por ejemplo, los partidos políticos; los sindicatos; los hospitales y escuelas privadas; las iglesias e instituciones de beneficencia; los medios de comunicación de diverso signo; las aseguradoras y casas de bolsa; los fondos y fideicomisos; y toda la gama de asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han llegado a poblar la nueva arquitectura de lo público en nuestros días.

Pero el remedo de “transparencia sindical” en la reforma laboral de Calderón y Lozano no es más que una zanahoria marchita de un intercambio en donde los verdaderos palos son inusitadamente agresivos. Entre otros destacan: legalización de las prácticas de subcontratación; eliminación de los escalafones e imposición de nuevos criterios empresariales de productividad para los ascensos; burocratización de huelga y de libre sindicalización; cancelación de la obligación por reinstalar a trabajadores con una antigüedad menor a tres años que hubieran ganado juicios laborales; y reducción de pago de salarios caídos a un plazo menor. La eliminación de estas últimas obligaciones es muy grave ya que funcionará como incentivo para desgastar los movimientos de huelga haciéndolos durar años sin costo alguno para la parte patronal.

La modernización de las relaciones laborales pasa por el fortalecimiento de los sindicatos, no por su desmantelamiento. Es cierto que la corrupción y el “charrismo” han dañado el desarrollo nacional, pero ello no implica que debamos “tirar al niño con el agua sucia”. Habría que auspiciar un nuevo sindicalismo independiente y democrático en tono con la pluralidad y competencia política imperante.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47991.html