Irma E. Sandoval es una de las mayores expertas en análisis
del fenómeno de la corrupción en México
El 10 de septiembre, el Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) promulgó la ley que pone en marcha la más ambiciosa reforma educativa de las últimas décadas. Los sindicatos de maestros disidentes rechazan la medida porque consideran que, en realidad, se trata de una reforma laboral que apunta a despedir a miles de docentes. La antigua ley educativa mexicana data de 1963 y establecía que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, o SNTE, elegía el 50 por ciento de los docentes del país, mientras el 50 por ciento restante era designado por el Estado. La nueva ley terminó con ese sistema y estableció evaluaciones obligatorias para los docentes que quieran acceder a un ítem en una escuela y tres exámenes para los que quieran mantenerlo. Sobre esta reforma que armó un revuelo social en México, EL DEBER habló con la investigadora mexicana Irma Eréndira Sandoval, una de las más reconocidas cientistas sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto divide aguas en México. Los sindicatos resisten el fin de su monopolio sobre la selección de maestros, dicen unos, o se abren las puertas a la privatización del sector de la educación y la desigualdad, señalan los otros. ¿Cómo lo ve Ud. como investigadora social?
El problema principal con la supuesta "reforma educativa" de Enrique Peña Nieto es que no aborda los desafíos educativos que enfrenta el país, sino que se trata simple y llanamente de una contra reforma laboral en materia de docencia educativa que busca despedir de un plumazo a cientos de miles de maestros normalistas de carrera para ser sustituidos por jóvenes tecnócratas subcontratados y sin amor al proyecto de enseñanza surgido de la Revolución Mexicana. Así que esta contra reforma laboral ciertamente está siendo impulsada dentro del proyecto neoliberal que no ha dejado de ser implementado en nuestro país desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y, en ese sentido, claramente abre la puertas a la privatización del sector de la educación y la desigualdad, pero aún con todo esto el asunto es básicamente uno de carácter laboral, o mejor dicho anti laboral, no un tema de proyecto educativo.
¿En qué medida el antiguo sistema no permitía altos niveles de corrupción teniendo en cuenta el reparto de cargos entre los sindicatos? La corrupción y los sindicatos son temas endémicos en nuestra cultura política y evidentemente habría que afrontarlo tomando el toro por los cuernos y acabando con los líderes corruptos charros; sin embargo, Peña Nieto no busca en lo más mínimo ese objetivo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es el sindicato más grande de América Latina, agrupando más de un millón de afiliados y su poder social es enorme. El sindicalismo, y particularmente el sindicalismo independiente en nuestro país, ha sido uno de los más importantes abogados de la redistribución de la riqueza y el desarrollo social. Y los profesores rurales de estados tan olvidados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas han sido quienes han estado a la vanguardia de estas luchas desde hace décadas.
Expertos mexicanos dicen que la reforma apunta a romper el control de los maestros sobre el sistema antes que avanzar sobre los contenidos para los alumnos. ¿Esto es así?
Sí ya se lo decía en la primera respuesta, esto es un asunto laboral más que educativo, académico y de reformas curriculares. Pero yo no lo frasearía como Ud. lo tiene, no se trata de que "la reforma apunte a romper el control de los maestros sobre el sistema" sino de que en los hechos Peña Nieto busca consolidar los corruptos vínculos corporativistas y clientelares de siempre. Por ejemplo el sustituto actual de Elba Esther Gordillo, quien está encarcelada más por un ajuste de cuentas interno del propio PRI que por un avance de la rendición de cuentas, ha sido sustituida por su brazo derecho Juan Díaz de la Torre, igualmente corrupto y subordinado al PRI y seguramente continuará con las mismas prácticas de autoritarismo y simulación.
Otros analistas señalan que en México hay un amplio malestar social porque el país permanentemente ocupa los últimos puestos en los exámenes internacionales de estudiantes, como el test PISA, de la Organización Económica Para la Cooperación y Desarrollo. ¿Esto es así?
Me parece que el malestar social proviene más claramente de que año tras año México aparece reprobado en materia de corrupción. En 2012, por ejemplo, Transparencia Internacional dio a México una calificación de 34 puntos sobre 100. Hoy en día, nuestro país se encuentra calificado en el mismo nivel de percepción de la corrupción que Egipto e incluso en un nivel más bajo que Mali y Senegal, por ejemplo. Por otro lado, el más reciente estudio del Barómetro de las Américas de 2012 reveló que el porcentaje de la población mexicana que ha sido víctima de sobornos o extorsiones subió 5 puntos entre 2008 y 2010. Durante 2007, las familias mexicanas gastaron aproximadamente 27 millones de pesos en el pago de sobornos, lo cual significó un 8% de su ingreso y un 18% en el caso de las familias más empobrecidas. Para 2012 los números empeoraron: 32 millones de pesos se fueron en pagos de corrupción y ello equivalió a un 14% de los ingresos de las familias pobres y más de un 33% de ingresos para las familias más empobrecidas. En otras palabras, el tema central que explica el malestar social, es la corrupción estructural, la impunidad y la falta de rendición de cuentas en nuestro país, lo cual se refleja fielmente en el desvío de los recursos que deberían ir a la inversión educativa en todos los sentidos
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