El caso de los bebés muertos en Hermosillo ha demostrado que México sigue siendo un país detenido en el trípode de la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias. La lista de personajes involucrados en la “subrogación” de las guarderías del IMSS así lo constata. Las odas de los gobiernos de la alternancia a la transparencia y a la rendición de cuentas han sido completamente inútiles para desactivar el ominoso entramado de complicidades políticas.
Pero el caso de la guardería ABC escandaliza no solamente por la frivolidad e irresponsabilidad política que revela, sino también porque ha puesto al desnudo las graves carencias institucionales en materia de fiscalización. Las dificultades que se han presentado para esclarecer el caso manifiestan un Estado incapaz de responder de manera efectiva a este tipo de desastres. Urge una serie de reformas legales e institucionales que eviten la repetición de situaciones similares en el futuro.
Primero, la demora en la entrega de la información al Congreso de la Unión acusa graves carencias en materia de acceso a información pública para los legisladores. Hoy por hoy, diputados y senadores no cuentan con acceso privilegiado ni facultad especializada alguna para acceder a los documentos en poder del Ejecutivo. De forma sorprendente, la única vía para exigir la entrega de información crucial para sus más básicas tareas de control es a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
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