"Todos somos Wall Street" (El Universal, 4 de agosto de 2010)

Ni la reforma financiera de Obama presentada con grandilocuencia como "la mayor desde la Gran Depresión", ni la calderonista, copia de mala calidad que el 28 de julio decretara la creación de un Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), constituyen esfuerzos reguladores verdaderos o afrentas auténticas a los poderes fácticos.

Los defensores de la reforma de EU, impulsada por los senadores Christopher Dodd y Barney Frank, aplauden que la ley obligue a los bancos a mantener más capital en sus reservas para reducir sus niveles de apalancamiento. Celebran también que centralice y limite la comercialización de los famosos derivados y que, a partir de ahora, permita al gobierno intervenir en las empresas financieras arruinadas, tal como ha ocurrido con los bancos. La reforma también crea dos nuevas oficinas gubernamentales: un consejo de reguladores federales y una agencia de protección a los usuarios de la banca.

Pero estas importantes innovaciones se quedan cortas a la hora de detener las prácticas especulativas que generaron el reciente desastre financiero y dejan incólume el verdadero poderío de los bancos: la estructura oligopólica que permite la existencia de vastos conglomerados financieros. Los cabilderos de Wall Street invirtieron 600 millones de dólares en una campaña de edulcoración de la propuesta inicial. Su triunfo principal se refleja en haber dejado intacta esta exagerada obesidad financiera y en la sujeción de las nuevas agencias reguladoras a los intereses del capital financiero. El consejo de reguladores federales lo encabezará el secretario del Tesoro y la oficina de protección a los usuarios de la banca dependerá de la Reserva Federal. Así, la nueva arquitectura institucional se nutrirá de los burócratas de siempre a quienes la reciente crisis bancaria pasó frente a ellos sin que hicieran nada.

Texto completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49311.html

"Gobernadores bajo la lupa" (El Universal, 29 de junio de 2010)

No nos confundamos, las conversaciones que un servidor público sostenga durante horarios de trabajo con otros funcionarios sobre el uso de recursos del estado no son "comunicaciones privadas", sino información pública. Los reclamos del PRI sobre la divulgación de las grabaciones de Fidel Herrera y Ulises Ruiz son una cortina de humo que revelan un desconocimiento de las leyes y los principios más elementales en materia de transparencia y rendición de cuentas. El problema central no es que todo mundo hubiera escuchado a los gobernadores en ejercicio de su "pinche poder", sino que hasta hoy éstas sean las únicas conversaciones a las cuales los ciudadanos hayan tenido acceso.

De acuerdo con el "principio de máxima publicidad" plasmado en el artículo 6 de la Constitución, toda información sobre las actividades gubernamentales es pública a menos que ella figure de manera explícita en alguna causal de reserva. En las conversaciones grabadas y divulgadas en días pasados no hay nada que amerite estar reservado por la ley. Aquí no se ha puesto en riesgo la vida de ciudadano alguno, ni se ha afectado la seguridad nacional, la estabilidad financiera o económica del país. Tampoco se han revelado datos confidenciales de nadie. Las conversaciones son motivo de vergüenza y escándalo para sus protagonistas al quedar desnudados como posibles autores de delitos electorales. Pero, por fortuna, el deseo de encubrir violaciones a la ley aún no es una causal de reserva.

A partir de la entrada en vigor de las diferentes leyes de transparencia los gobernantes han ido encontrando salidas de emergencia para incumplir la norma. Una de las más comunes ha sido la de reducir la "documentación" de sus decisiones públicas. En lugar de redactar memorándums o correos electrónicos, los políticos prefieren conversar por teléfono para no dejar rastros de sus acciones. En consecuencia, el índice de "inexistencia" de los documentos públicos ha aumentado año tras año.

Artículo completo disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48880.html

"Neoliberales trasnochados" (El Universal, 27 de mayo de 2010)

La rampante corrupción que caracterizó “la liberalización a la mexicana” de los años 90, ha demostrado que la privatización no es ni de cerca la solución para la crisis del sector público. La grave turbulencia financiera global de los últimos años también ha roto con el mito de la supremacía del mercado y sus recetas desreguladoras. Hoy, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos se atreve a proponer un retorno al modelo neoliberal. Justo el pasado 20 de mayo, el Senado norteamericano aprobó un importante paquete de reformas que elevan de manera significativa los controles sobre el sector financiero.

Lamentablemente en nuestro país todavía existen algunos trasnochados que siguen creyendo en el dios del mercado y el espíritu santo del sector privado. Destaca de forma conspicua el presidente Felipe Calderón quien el año pasado presentó una iniciativa para expedir la Ley de Asociaciones Púbico-Privadas (LAPP) cuyo objetivo central es liquidar la rectoría del Estado en áreas neurálgicas para el desarrollo como educación, salud, seguridad pública, comunicaciones, e infraestructura.

El pasado 29 de abril, la Ley de Asociaciones Púbico-Privadas se aprobó en lo general en el Senado de la República con el respaldo del PAN, el PRI y algunos senadores del PRD. Por fortuna, una falta de quórum en el recinto de Xicoténcatl forzó un aplazamiento de las votaciones sobre las reservas particulares y el proceso de aprobación en su conjunto. Sin embargo, la amenaza sigue latente y el gobierno federal aprovechará cualquier oportunidad, incluso durante un eventual periodo extraordinario, para consumar esta ley que viene acompañada de regresivas reformas a las leyes de Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Expropiación, la General de Bienes Nacionales; y, el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48495.html

"Contrarreforma transparente" (La Jornada, 24 de abril de 2010)

La iniciativa en materia de transparencia que está por aprobarse en el Senado de la República es una bonita manzana envenenada. Las reformas propuestas por los senadores del PRI Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell se visten con las mejores sedas del discurso de la apertura gubernamental y la protección de los datos personales. Sin embargo, la médula de la iniciativa se compone de una serie de contrarreformas que podrían cancelar nuestro derecho de acceso a la información pública.

En primer lugar, el texto abre un boquete en el seno de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el que las autoridades podrían arrojar casi cualquier petición incómoda. La nueva redacción del artículo 48 de la ley permitirá que el gobierno deseche cualquier solicitud de información cuando, a juicio de las mismas autoridades, su respuesta “cause un entorpecimiento extremo que suponga una disrupción sustancial o irracional en las actividades del sujeto obligado”. Asimismo, de acuerdo con la redacción propuesta al artículo 57, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) podrá simplemente descartar cualquier recurso de revisión que a su parecer sea “ofensivo, frívolo o irracional”.

Pero quizás el elemento más preocupante de la iniciativa se encuentra en el nuevo artículo 58 bis, que liberará al IFAI de la obligación de resolver todos los recursos de revisión interpuestos. El nuevo texto señala que el IFAI podrá “en cualquier momento del procedimiento conciliar entre el recurrente y el sujeto obligado”. Un “acuerdo de conciliación” de este tipo auspiciaría la simple y llana negociación de la ley. Asimismo, debido a los desequilibrios de poder entre autoridades y ciudadanos, esta cláusula abriría la puerta para que los sujetos obligados presionen a los solicitantes para que desistan de sus recursos de revisión. Ello también implicaría un ataque al corazón de la transparencia, dado que eliminaría la garantía de anonimato que hoy tienen los solicitantes.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/24/index.php?section=opinion&article=019a1pol

"Transparencia sindical y reforma laboral" (El Universal, 15 de abril de 2010)

Llegó la hora de superar la lógica que circunscribe el derecho de acceso a la información sólo a las instituciones gubernamentales. Este derecho también tendría que aplicarse a las organizaciones que se financian a través de recursos públicos o desempeñan funciones públicas. Por ejemplo, los partidos políticos; los sindicatos; los hospitales y escuelas privadas; las iglesias e instituciones de beneficencia; los medios de comunicación de diverso signo; las aseguradoras y casas de bolsa; los fondos y fideicomisos; y toda la gama de asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han llegado a poblar la nueva arquitectura de lo público en nuestros días.

Pero el remedo de “transparencia sindical” en la reforma laboral de Calderón y Lozano no es más que una zanahoria marchita de un intercambio en donde los verdaderos palos son inusitadamente agresivos. Entre otros destacan: legalización de las prácticas de subcontratación; eliminación de los escalafones e imposición de nuevos criterios empresariales de productividad para los ascensos; burocratización de huelga y de libre sindicalización; cancelación de la obligación por reinstalar a trabajadores con una antigüedad menor a tres años que hubieran ganado juicios laborales; y reducción de pago de salarios caídos a un plazo menor. La eliminación de estas últimas obligaciones es muy grave ya que funcionará como incentivo para desgastar los movimientos de huelga haciéndolos durar años sin costo alguno para la parte patronal.

La modernización de las relaciones laborales pasa por el fortalecimiento de los sindicatos, no por su desmantelamiento. Es cierto que la corrupción y el “charrismo” han dañado el desarrollo nacional, pero ello no implica que debamos “tirar al niño con el agua sucia”. Habría que auspiciar un nuevo sindicalismo independiente y democrático en tono con la pluralidad y competencia política imperante.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47991.html

"La refundación del IFAI" (El Universal, 25 de febrero de 2010)

El proyecto de Fernando Gómez Mont para que las resoluciones del IFAI puedan ser revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha reactivado a la comunidad pro-transparencia para defender los avances logrados. Pero más que contentarnos con detener este nuevo ataque a nuestro derecho a saber, se plantea con urgencia la necesidad de que el IFAI alcance una nueva etapa de desarrollo institucional.

El diseño más adecuado para un órgano garante en materia de transparencia es que cuente con autonomía jurídica y financiera. Asimismo, debe tener competencia sobre los poderes Judicial, Legislativo y los organismos autónomos. Tal diseño sería barato y eficiente porque eliminaría la necesidad de órganos garantes para cada rama del gobierno. También sería más justo pues homologaría la tutela del derecho a la información entre las partes del Estado. Y finalmente sería más efectivo pues desarticularía los conflictos de interés cuando el órgano garante se encuentra subordinado a las instituciones que regula.

Lamentablemente, al redactar la fracción cuarta del artículo sexto constitucional, los legisladores dejaron abierta la caracterización de los órganos garantes. El texto exige órganos “especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”, pero no obliga a que sean plenamente autónomos, tengan competencia amplia y sus fallos sean inatacables. A pesar de ello, entidades como Chihuahua, DF, Tabasco y Michoacán, rebasaron los “mínimos” y establecieron organismos autónomos.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47487.html

"Corrupción, ausente en la reforma política" (El Universal, 22 de enero de 2010)

El drama en Haití nos trae a la memoria, con todas las distancias tomadas, nuestra propia tragedia de 1985 cuando la capital de México sufrió el mayor cataclismo de su historia. Así como Haití es una metáfora de un sistema global racista, irracional y de oprobio que castiga a los más pobres, en México nuestro terremoto desenmascaró un gobierno corrupto e ineficaz, sumido en la inmovilidad y el mutismo en las primeras horas de la desgracia.


Acostumbrados a la impunidad, ya nadie se acuerda de la corrupción documentada cuando la ayuda desde el extranjero no llegó. Los bienes muchas veces terminaron en el mercado negro operado y permitido por burócratas, lo que reveló la vacuidad del eslogan de “la renovación moral”.

De entonces a la fecha poco se ha avanzado en la agenda anticorrupción y los datos reprobatorios están a la vista. México hoy tiene el deshonroso penúltimo lugar de Latinoamérica en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El último es Haití.

Desafortunadamente, en la propuesta política de Felipe Calderón la corrupción brilla por su ausencia. Este vacío llama la atención porque las alternativas existen y son viables. El primer paso sería deshacernos de las disquisiciones sobre “trampas”, “mordidas” o sobornos menores asociados a una “ilegalidad agobiante” entre mexicanos.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47135.html