ENTREVISTA EN RADIO FÓRMULA, 104.1 FM

Entrevista con Ricardo Rocha sobre el libro 

"Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal"

Radio Fórmula-Detrás de la Noticia (28 septiembre 2011)

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias tiene el honor de invitarlo a la presentación del libro: Crisis, rentismo, e intervencionismo neoliberal en la banca: México (1982-1999), 

de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros

Jueves, 29 de septiembre 2011, 18:00 hrs.

Casa Lamm, Álvaro Obregón 99, Col. Roma

Presentan:

Dr. Leonardo Curzio

Min. Genaro Góngora Pimentel

Dr. Rogelio Ramírez de la O

Dr. Lorenzo Meyer Cosío

Modera:

Enrique Cárdenas Sánchez

Brindis de honor. Entrada libre

"Espectáculo lamentable" (La Jornada, 13 de julio de 2011)

Elba Esther Gordillo
Foto: José Antonio López. jornada.com

Felipe Calderón ha calificado deespectáculo lamentable el intercambio de acusaciones entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Pero lo verdaderamente lamentable es la total abdicación del gobierno federal para defender la institucionalidad democrática de cara a las presiones y chantajes de los poderes fácticos. Como buen yerno y alfil político de Gordillo, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, ha salido a defender a su suegra afirmando con enorme descaro que vivimos en un país de leyes, no de chismes. Sin embargo, el problema de fondo es precisamente la vulnerabilidad de un estado de derecho en el que personajes como Gordillo, Yunes, González, Guzmán Loera, Montemayor, Hank Rhon, Ruiz y Marín, todos los días demuestran con sus acciones que la ley misma se ha convertido en un chisme, cuyo continuo abuso siempre queda en la impunidad.

Ni Gordillo ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han respondido al emplazamiento directo de su ex aliado incómodo para que la presidenta vitalicia del sindicato permita que un auditor externo revise sus cuentas personales, bienes patrimoniales, ingresos, gastos de inversión, cuentas de cheques, sus tarjetas de crédito y los ingresos que sustentan su ritmo de vida, así como el manejo discrecional que se le ha dado al Fondo para el Retiro de los Trabajadores de la Educación. Eso sí, el Partido Nueva Alianza (Panal) celebra ya la decisión de la Comisión Permanente de solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación a fondo del manejo financiero del Issste durante el periodo de Yunes.

Sin embargo, de poco sirve que políticos, diputados y analistas exijan quelas instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes si como todos sabemos estas indagaciones suelen terminar en simulaciones y encubrimientos. Recordemos, por ejemplo, los estériles resultados de aquella rigurosa investigación que la SFP hiciera a los contratos de dudosa legalidad celebrados entre Pemex y la familia Mouriño...

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"Impunidad democrática" (El Universal, 12 de junio, 2011)

Sabemos bien que Jorge Hank Rhon y Pablo Salazar Mediguchía no son los únicos políticos “con cola que les pisen”. En el México de la impunidad democrática, el abuso de autoridad para acumular recursos y poder no es la excepción sino la regla y se manifiesta por igual entre todos los partidos. Lo excepcional de los políticos detenidos no son sus delitos sino que sean llamados a cuentas.

Pero seguramente ni el ex alcalde de Tijuana, ni el ex gobernador de Chiapas serán sentenciados por los endebles delitos que se les imputan. Más temprano que tarde los hallaremos paseando junto con otros políticos impunes como Raúl Salinas, Oscar Espinosa, Mario Marín, Ulises Ruiz, Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Zeferino Torreblanca, Amalia García, Sergio Estrada, Martha Sahagún y Fidel Herrera, por mencionar algunos casos emblemáticos.

La rendición de cuentas es una deuda del sistema de procuración de justicia. Hoy por hoy, lo que determina la suerte de una investigación criminal no es el profesionalismo o independencia de los MP, sino las órdenes de “sus superiores”, que deciden si el caso se resuelve o se archiva según las necesidades políticas del momento.

La total opacidad de la PGR y de las 32 procuradurías estatales, impiden cualquier escrutinio público, lo que permite el uso faccioso de la ley. El inconstitucional Art. 16 de Código Federal de Procedimientos Penales ha cerrado el acceso a las averiguaciones previas. Asimismo, las denuncias en contra de los funcionarios de procuración de justicia se archivan tan rápido como se reciben. Por ejemplo, la Visitaduría General de la PGR, área responsable de investigar la corrupción dentro de la institución, tendría que contar con un robusto apoyo financiero así como una fuerte protección política para poder fungir como punta de lanza para una limpia general. Pero en los hechos esta oficina ha quedado totalmente relegada durante los cuatro años de la “guerra” de Felipe Calderón. Una situación similar ocurre con las oficinas correspondientes en las 32 entidades federativas. Simplemente no existe un sistema de control interno, externo o ciudadano en la procuración de justicia del país...

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"La primavera de Mayo en Madrid" (El Universal, 25 de Mayo 2011)

La valentía, imaginación política y fraternidad de los miles de participantes en el movimiento del 15 de Mayo surgido en Madrid y otras capitales españolas, constituyen el más bello homenaje que pudo haberse organizado al 80 Aniversario de la República Española. Todos los discursos huecos preparados para la ocasión por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los partidos y actores políticos tradicionales fueron rebasados por el entusiasmo y clarividencia de una juventud que sabe que “un mundo mejor es imperativo”.

Una tendencia similar ocurre en nuestro país. Más allá de la indiferencia, desgano y posibles irregularidades que marcaron la organización por el gobierno federal de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, cuyo costo ascendió a más de 45 millones de dólares, el verdadero homenaje a estas gestas históricas está siendo desplegado por el emergente movimiento por la paz con justicia y de repudio a la criminal guerra de exterminio del pueblo mexicano. Como en los tiempos de la Revolución mexicana, el norte del país se vuelve epicentro hoy de la transformación social y la consigna de “Todos somos Ciudad Juárez” adquiere una resonancia fundamental.

Así como en Madrid los jóvenes rechazan un bipartidismo que simula una aparente confrontación ideológica para esconder la total coincidencia en las decisiones fundamentales de sometimiento al poder del capital financiero, en México estamos ante la emergencia de un movimiento de nuevo signo y que rechaza a las tres principales fuerzas electorales...

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"Calderón y la corrupción" (El Universal, 6 de marzo de 2011)

La ausencia de estrategias innovadoras y estructurales para combatir la corrupción ha sido uno de los elementos que han caracterizado la alternancia política del país. Ahora, de manera tardía y meramente simbólica en el ocaso de su sexenio, Felipe Calderón busca enmendar este gran fracaso histórico lanzando un par de propuestas nuevas en la materia.

En principio, habría que reconocer los avances de las iniciativas anunciadas el pasado miércoles. Éstas incluyen dos demandas históricas de los estudiosos del combate a la corrupción: por un lado, sanciones contundentes para los miembros del sector privado que se coludan en actos de corrupción y, por otro lado, estímulos económicos para quienes denuncien tales actos. Ambos temas son ampliamente tratados en mi libro más reciente, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI–IISUNAM, 2009). Allí se señala, por ejemplo, que como signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, México estaba obligado desde hace mucho a adoptar medidas de protección y estímulo a los whistleblowers o informantes y denunciantes internos. Sin embargo, tanto el contexto en que estas iniciativas fueron presentadas como la falta de un andamiaje institucional y legal apropiado para hacerlas funcionar, indican que terminarán siendo una nueva llamarada de petate.

Este anuncio se realizó en la víspera del encuentro de Calderón-Obama, lo que sugiere que la propuesta está más diseñada para congraciarse con el gobierno estadounidense, que para lograr la recuperación de la confianza de la ciudadanía mexicana. De la misma forma en que Carlos Salinas, en el marco de la aprobación del TLCAN en 1990, anunciara con bombo y platillo la creación de una CNDH subordinada al Ejecutivo, hoy Calderón también estaría respondiendo a las presiones del Norte...

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"Transparencia a juicio" (El Universal, 20 de febrero, 2011)

¿Nuestro derecho de acceso a la información pública sigue vigente o está condenado a correr la misma suerte de otras garantías constitucionales que en la práctica han quedado en letra muerta? En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que pronunciarse sobre una serie de casos históricos que determinarán nada menos que el futuro de la transparencia en el país.

Entre ellos destacan: 1) la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH en contra de las reformas al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que cancela el acceso ciudadano a las averiguaciones previas; 2) la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Transparencia del Estado de Campeche que permiten apelar las decisiones de la Comisión de Transparencia local ante el Tribunal Judicial estatal; 3) el amparo presentado por dos ONG en contra de la negativa de la PGR a entregar una versión pública de la averiguación previa de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en relación con la desaparición de Rosendo Radilla en los años 70; y 4) el amparo presentado por Fundar en contra del desacato del SAT a una resolución del IFAI que le ordenaba entregar información sobre montos, motivos y recipiendarios de créditos fiscales de 2007.

Lo que está en juego en todos y cada uno de estos casos es nuestro derecho a saber. Si la SCJN rechaza las “acciones de inconstitucionalidad” no solamente estaría cooperando con la tradicional opacidad de la PGR, y obstaculizando el acceso a información pública en el estado de Campeche, sino que propinaría una estocada de muerte al sexto constitucional. Asimismo, si la Corte niega los amparos ciudadanos, ello abonaría no únicamente a la ignorancia e impunidad de uno de los pasajes de mayor oprobio de nuestra historia: la guerra sucia, y a la típica colusión del poder y el dinero, sino que también convertiría las “resoluciones” de los institutos de transparencia del país en meras “recomendaciones” sin mayor robustez legal o poder vinculatorio...

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