"Transparencia sindical y reforma laboral" (El Universal, 15 de abril de 2010)

Llegó la hora de superar la lógica que circunscribe el derecho de acceso a la información sólo a las instituciones gubernamentales. Este derecho también tendría que aplicarse a las organizaciones que se financian a través de recursos públicos o desempeñan funciones públicas. Por ejemplo, los partidos políticos; los sindicatos; los hospitales y escuelas privadas; las iglesias e instituciones de beneficencia; los medios de comunicación de diverso signo; las aseguradoras y casas de bolsa; los fondos y fideicomisos; y toda la gama de asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han llegado a poblar la nueva arquitectura de lo público en nuestros días.

Pero el remedo de “transparencia sindical” en la reforma laboral de Calderón y Lozano no es más que una zanahoria marchita de un intercambio en donde los verdaderos palos son inusitadamente agresivos. Entre otros destacan: legalización de las prácticas de subcontratación; eliminación de los escalafones e imposición de nuevos criterios empresariales de productividad para los ascensos; burocratización de huelga y de libre sindicalización; cancelación de la obligación por reinstalar a trabajadores con una antigüedad menor a tres años que hubieran ganado juicios laborales; y reducción de pago de salarios caídos a un plazo menor. La eliminación de estas últimas obligaciones es muy grave ya que funcionará como incentivo para desgastar los movimientos de huelga haciéndolos durar años sin costo alguno para la parte patronal.

La modernización de las relaciones laborales pasa por el fortalecimiento de los sindicatos, no por su desmantelamiento. Es cierto que la corrupción y el “charrismo” han dañado el desarrollo nacional, pero ello no implica que debamos “tirar al niño con el agua sucia”. Habría que auspiciar un nuevo sindicalismo independiente y democrático en tono con la pluralidad y competencia política imperante.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47991.html

"La refundación del IFAI" (El Universal, 25 de febrero de 2010)

El proyecto de Fernando Gómez Mont para que las resoluciones del IFAI puedan ser revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha reactivado a la comunidad pro-transparencia para defender los avances logrados. Pero más que contentarnos con detener este nuevo ataque a nuestro derecho a saber, se plantea con urgencia la necesidad de que el IFAI alcance una nueva etapa de desarrollo institucional.

El diseño más adecuado para un órgano garante en materia de transparencia es que cuente con autonomía jurídica y financiera. Asimismo, debe tener competencia sobre los poderes Judicial, Legislativo y los organismos autónomos. Tal diseño sería barato y eficiente porque eliminaría la necesidad de órganos garantes para cada rama del gobierno. También sería más justo pues homologaría la tutela del derecho a la información entre las partes del Estado. Y finalmente sería más efectivo pues desarticularía los conflictos de interés cuando el órgano garante se encuentra subordinado a las instituciones que regula.

Lamentablemente, al redactar la fracción cuarta del artículo sexto constitucional, los legisladores dejaron abierta la caracterización de los órganos garantes. El texto exige órganos “especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”, pero no obliga a que sean plenamente autónomos, tengan competencia amplia y sus fallos sean inatacables. A pesar de ello, entidades como Chihuahua, DF, Tabasco y Michoacán, rebasaron los “mínimos” y establecieron organismos autónomos.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47487.html

"Corrupción, ausente en la reforma política" (El Universal, 22 de enero de 2010)

El drama en Haití nos trae a la memoria, con todas las distancias tomadas, nuestra propia tragedia de 1985 cuando la capital de México sufrió el mayor cataclismo de su historia. Así como Haití es una metáfora de un sistema global racista, irracional y de oprobio que castiga a los más pobres, en México nuestro terremoto desenmascaró un gobierno corrupto e ineficaz, sumido en la inmovilidad y el mutismo en las primeras horas de la desgracia.


Acostumbrados a la impunidad, ya nadie se acuerda de la corrupción documentada cuando la ayuda desde el extranjero no llegó. Los bienes muchas veces terminaron en el mercado negro operado y permitido por burócratas, lo que reveló la vacuidad del eslogan de “la renovación moral”.

De entonces a la fecha poco se ha avanzado en la agenda anticorrupción y los datos reprobatorios están a la vista. México hoy tiene el deshonroso penúltimo lugar de Latinoamérica en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El último es Haití.

Desafortunadamente, en la propuesta política de Felipe Calderón la corrupción brilla por su ausencia. Este vacío llama la atención porque las alternativas existen y son viables. El primer paso sería deshacernos de las disquisiciones sobre “trampas”, “mordidas” o sobornos menores asociados a una “ilegalidad agobiante” entre mexicanos.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47135.html

"Intervencionismo neoliberal" (El Universal, 28 de octubre de 2009)

A Pablo Sandoval Ramírez (1944-2000), tenaz constructor de la democracia mexicana

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y la actual confrontación del Sindicato Mexicano Electricistas (SME) con el gobierno mexicano han demostrado una vez más que el neoliberalismo no es un proyecto económico con repercusiones políticas, sino fundamentalmente un proyecto político de consecuencias económicas. Así mismo, una vez más se comprueba que las políticas neoliberales de ninguna manera implican el retiro del Estado, sino que cada día precisan de mayor respaldo gubernamental.

Hoy, nadie puede seguir sosteniendo aquellas tesis de las reformas “liberalizadoras” como el automático repliegue del Estado y su sustitución por un idílico mercado de competencia perfecta. Otra falsedad era que el proceso se acompañaba del reemplazo de funcionarios “populistas” del Estado de matriz keynesiana por jóvenes tecnócratas autónomos e independientes que en sus torres de marfil interpretaban el oráculo del mercado con ecuaciones de pizarrón. La dinámica política ha hecho que los tecnócratas de ayer y hoy se revelen como lo que siempre han sido, ávidas camarillas articuladas a renovados compromisos políticos.

Uno de los casos más paradigmáticos del constante intervencionismo político inherente al neoliberalismo es el desarrollo histórico del sector bancario en nuestro país. Bajo el concepto de liberalización, el gobierno mexicano nacionalizó la banca en 1982, la privatizó en 1992 y eclécticamente operó una “nacionalización-privatizante” entre 1994 y 1996 con el famoso rescate bancario. ¿Cuáles serían las variables que explican los distintos tipos de intervención estatal y los diferentes niveles de corrupción en estos tres momentos de la “liberalización” financiera? Aquí podemos adelantar tres hipótesis. Primero, la forma concreta que ha adoptado el intervencionismo estatal ha dependido principalmente de las bases sociales de apoyo del régimen político. Segundo, la existencia en mayor o menor medida de fenómenos de corrupción y rentismo se pueden explicar más en función del nivel de incertidumbre política que por el tipo de régimen político. Tercero, un incremento en los niveles de democratización y transparencia gubernamental favorece la implementación de políticas públicas definitivas e irreversibles.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/46111.html

FISCALIZACIÓN ELECTORAL

La fiscalización electoral es una de las herramientas más importantes con que cuenta la autoridad electoral para lograr el respeto de los principios rectores de todas las contiendas políticas. La fiscalización es imprescindible para coadyuvar en la equidad de la elección.

Consulta el artículo:
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2661/17.pdf

"La captura de PEMEX" (La Jornada, 12 de septiembre de 2009)

La llegada a Petróleos Mexicanos de Juan José Suárez Coppel, quien hasta hace poco fue vicepresidente de finanzas del Grupo Modelo, tesorero corporativo de Televisa, y director de derivados de Banamex, instala una situación de franca captura” en nuestra paraestatal. La “captura del Estado” es una manifestación estructural de la corrupción que implica la institucionalización de los conflictos de interés y la determinación de normas y políticas de gestión estatal por parte de poderosos grupos económicos. Esto muchas veces se reviste de legalidad procedimental pero, como en todo caso de corrupción, auspicia la desviación de recursos públicos para servir intereses privados.

Hace menos de un año, Suárez Coppel fue rechazado por todas las fuerzas políticas como consejero profesional en el consejo de administración debido a su cercanía con Francisco Gil Díaz y las graves acusaciones de corrupción que existen en su contra. Desde sus tiempos como director de finanzas de Pemex, el nuevo director general destacó por haber asignado sin que mediara proceso de licitación alguno más de una treintena de contratos millonarios que beneficiaron a consultores vinculados al poder y a empresas trasnacionales como Oceanografía, Blue Marine, Pricewaterhouse Coopers y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, entre otras.

Tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Secretaría de la Función Pública han señalado que Suárez Coppel está implicado en una poderosa red de tráfico de influencias operando en el interior de Pemex, que incluye entre otros al actual director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, quien destacó por haber defendido la “legalidad” de los contratos celebrados con la empresa Ivancar, de la familia Mouriño.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/09/12/index.php?section=opinion&article=019a2pol

"Nuevos retos para la Auditoría Superior de la Federación" (El Universal, 20 de agosto de 2009)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es producto directo de la pluralidad política de la histórica 57 Legislatura (1997-2000) en la que por vez primera el viejo partido de Estado perdiera la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Ello marcó el desarrollo político del país e incorporó a nuestra vida pública exigencias como la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.

Hoy, casi al término del primer periodo de Arturo González de Aragón al frente de la ASF es un buen momento para reflexionar sobre el trayecto recorrido y las tareas aún pendientes. Frente a la crisis institucional que acosa por igual a los tres poderes, así como a los diversos organismos autónomos del país, la ASF se ha convertido sin duda en una de las instituciones más efectivas del Estado mexicano al destacarse por su activismo y profesionalización en el análisis de la cuenta pública.

Gracias a la acción fiscalizadora de la ASF, hoy tenemos pruebas concretas de los grandes desfalcos al erario cometidos por las administraciones tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Algunas pruebas documentadas son: la sobrevaluación de los pasivos del Fobaproa, los abusos de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la ineficiencia y parcialidad de la Secretaría de Hacienda en la recaudación de impuestos, las extensas irregularidades en el manejo financiero de Petróleos Mexicanos, el abuso de los fideicomisos que manejan fondos públicos, el desaseo de las aduanas del país y la preocupante opacidad del fondo de transición presidencial del cual participó César Nava, entre muchos otros casos que indican la gran corrupción estructural que todavía padece el país.

Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45307.html