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lunes, 29 de noviembre de 2010
Entrevista in extenso sobre corrupción en México (Hoy X Hoy, W Radio, 24 Nov. 2010)
Entrevista con Carlos Puig, 96.9 FM, sobre "corrupción estructural" y el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del IIS-UNAM.
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lunes, 8 de noviembre de 2010
"Corrupción, urgencia nacional" (Revista Siempre, Entrevista in extenso, 8 de noviembre de 2010)
Es necesario redireccionar la lucha contra el narcotráfico y combatir realmente la corrupción, que ya rebasa todo control y se ha convertido en una urgencia nacional, asegura Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, investigadora, especialista en corrupción y rendición de cuentas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien pide a los legisladores analizar, antes de aprobar, la ley de asociaciones público privadas que podría convertirse en un gran núcleo de corruptelas.
La coordinadora del libro Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras entre estado, mercado y sociedad, apunta que la corrupción está afectando seriamente a los verdaderos empresarios y el cinismo hoy es el pan de cada día.
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"Corrupción: otra vez reprobados" (El Universal, 8 de noviembre de 2010)
La calificación de 3.1 que México recibió en materia de corrupción por parte de Transparencia Internacional (TI), es efectivamente una "vergüenza" para el país. Nos encontramos al borde del colapso, precisamente por la falta de acción en esta materia. Felipe Calderón culpa a Vicente Fox por no haber combatido al narcotráfico, pero hoy es Calderón quien entregará a su sucesor un aparato gubernamental completamente podrido por el cáncer de la corrupción.
El secretario de la Función Pública cínicamente reinterpreta su fracaso de la misma manera en que su jefe justifica su derrota en matera de seguridad pública. "Si ven polvo, es porque limpiamos la casa", escribió Calderón en Le Monde. Salvador Vega, por su parte, ha declarado: "Existe la percepción de que la corrupción aumenta, pero en realidad lo que está aumentando es el combate a este tipo de actos".
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, también minimiza el problema al señalar que, a pesar de que México ha vuelto a reprobar en el índice, "los niveles de inversión a México siguen llegando de manera continua". El único problema es que a pesar de este supuesto continuo flujo de "inversiones", la economía mexicana simplemente no crece. De acuerdo con datos recientes ofrecidos por la CEPAL, México presenta uno de los desempeños más pobres de toda la región latinoamericana.
El secretario de la Función Pública cínicamente reinterpreta su fracaso de la misma manera en que su jefe justifica su derrota en matera de seguridad pública. "Si ven polvo, es porque limpiamos la casa", escribió Calderón en Le Monde. Salvador Vega, por su parte, ha declarado: "Existe la percepción de que la corrupción aumenta, pero en realidad lo que está aumentando es el combate a este tipo de actos".
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, también minimiza el problema al señalar que, a pesar de que México ha vuelto a reprobar en el índice, "los niveles de inversión a México siguen llegando de manera continua". El único problema es que a pesar de este supuesto continuo flujo de "inversiones", la economía mexicana simplemente no crece. De acuerdo con datos recientes ofrecidos por la CEPAL, México presenta uno de los desempeños más pobres de toda la región latinoamericana.
Texto completo del artículo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50536.html
miércoles, 13 de octubre de 2010
"Consejeros vigilados" (El Universal, 13 de octubre de 2010)
A mi padre, Pablo Sandoval Ramírez, a diez años de su partida.
Ha terminado la época en que podíamos confiar en la responsabilidad de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) para defender las causas ciudadanas y tutelar el interés público. Hoy, como nunca, es necesario someter a los funcionarios electorales a un estricto régimen de vigilancia y control ciudadano para asegurar que cumplan con la ley.
El actual proceso de renovación de tres integrantes del Consejo General del IFE constituye una excelente oportunidad para iniciar este proceso. Todo parece indicar que, una vez más, los diputados federales privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de la independencia o las capacidades de los candidatos. Pero habría que pasar de los lamentos a la acción.
Desde ahora tenemos que exigir a los candidatos que firmen una serie de compromisos muy concretos sobre cómo se comportarán, de llegar a dirigir el instituto electoral. Posteriormente, habría que incluir estas reglas directamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
El actual proceso de renovación de tres integrantes del Consejo General del IFE constituye una excelente oportunidad para iniciar este proceso. Todo parece indicar que, una vez más, los diputados federales privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de la independencia o las capacidades de los candidatos. Pero habría que pasar de los lamentos a la acción.
Desde ahora tenemos que exigir a los candidatos que firmen una serie de compromisos muy concretos sobre cómo se comportarán, de llegar a dirigir el instituto electoral. Posteriormente, habría que incluir estas reglas directamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Primero, cada consejero debería presentar una declaración pública de todos sus intereses y relaciones. Una declaración de este tipo incluiría la declaración patrimonial, cuya publicidad hoy todavía no es obligatoria, así como la divulgación de otros tipos de relaciones personales, familiares o de negocios que puedan implicar conflictos de interés. Ya en funciones, el consejero tendría que estar impedido para participar en asuntos relacionados con alguna de estas relaciones.
Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50226.html
Etiquetas:
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miércoles, 8 de septiembre de 2010
"La coartada de los datos personales" (El Universal, 8 de septiembre de 2010)
El tema de los datos personales es fácilmente maleable a conveniencia de la opacidad y la simulación gubernamental. No pocas veces el gobierno ha argüido que los documentos solicitados contienen "datos personales" o afectan la "vida privada" de alguien con el fin de justificar su negativa de acceso a los mismos. Así ocurrió cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) negó el acceso al acta de nacimiento de Juan Camilo Mouriño, a las propiedades de Margarita Zavala, a las fotografías de funcionarios de alto nivel, o a la identidad de altos mandos de la Secretaria de Seguridad Pública y la Policía Federal. De la misma forma, el Servicio de Administración Tributaria también utilizó la coartada de los datos personales para negar información sobre las millonarias exenciones fiscales otorgadas a las empresas más poderosas del país.
Hoy ya contamos con una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDP) y también se busca incluir un nuevo libro sobre datos personales en posesión del gobierno en la vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Pero, en el contexto de corrupción estructural que padece nuestro país, existe el riesgo de seguir abusando del problemático y todavía muy nebuloso concepto de “privacidad” con el evidente fin de limitar la rendición de cuentas. Igualmente, el hecho de que el IFAI sea el responsable de tutelar simultáneamente los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales puede llegar a generar una especie de esquizofrenia institucional muy poco saludable.
Para evitar mayores confusiones en la materia, haría falta recordar un par de puntos clave. Primero, únicamente las personas físicas, y nunca las personas morales, son quienes cuentan con "vida privada" y pueden gozar de las garantías del artículo sexto constitucional en la materia. El artículo segundo de la LFPDP claramente define al dato personal como aquella "información concerniente a una persona física identificada o identificable". Segundo, es muy común que en México y otras partes del mundo se proporcionen versiones públicas de documentos aun cuando ellos tienen datos personales sensibles. Así, no se vale usar la coartada de los datos personales para mantener la totalidad de los archivos o documentos públicos en la opacidad.
Artículo completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49792.html
miércoles, 4 de agosto de 2010
"Todos somos Wall Street" (El Universal, 4 de agosto de 2010)
Ni la reforma financiera de Obama presentada con grandilocuencia como "la mayor desde la Gran Depresión", ni la calderonista, copia de mala calidad que el 28 de julio decretara la creación de un Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), constituyen esfuerzos reguladores verdaderos o afrentas auténticas a los poderes fácticos.
Los defensores de la reforma de EU, impulsada por los senadores Christopher Dodd y Barney Frank, aplauden que la ley obligue a los bancos a mantener más capital en sus reservas para reducir sus niveles de apalancamiento. Celebran también que centralice y limite la comercialización de los famosos derivados y que, a partir de ahora, permita al gobierno intervenir en las empresas financieras arruinadas, tal como ha ocurrido con los bancos. La reforma también crea dos nuevas oficinas gubernamentales: un consejo de reguladores federales y una agencia de protección a los usuarios de la banca.
Pero estas importantes innovaciones se quedan cortas a la hora de detener las prácticas especulativas que generaron el reciente desastre financiero y dejan incólume el verdadero poderío de los bancos: la estructura oligopólica que permite la existencia de vastos conglomerados financieros. Los cabilderos de Wall Street invirtieron 600 millones de dólares en una campaña de edulcoración de la propuesta inicial. Su triunfo principal se refleja en haber dejado intacta esta exagerada obesidad financiera y en la sujeción de las nuevas agencias reguladoras a los intereses del capital financiero. El consejo de reguladores federales lo encabezará el secretario del Tesoro y la oficina de protección a los usuarios de la banca dependerá de la Reserva Federal. Así, la nueva arquitectura institucional se nutrirá de los burócratas de siempre a quienes la reciente crisis bancaria pasó frente a ellos sin que hicieran nada.
Texto completo disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49311.html
martes, 29 de junio de 2010
"Gobernadores bajo la lupa" (El Universal, 29 de junio de 2010)
No nos confundamos, las conversaciones que un servidor público sostenga durante horarios de trabajo con otros funcionarios sobre el uso de recursos del estado no son "comunicaciones privadas", sino información pública. Los reclamos del PRI sobre la divulgación de las grabaciones de Fidel Herrera y Ulises Ruiz son una cortina de humo que revelan un desconocimiento de las leyes y los principios más elementales en materia de transparencia y rendición de cuentas. El problema central no es que todo mundo hubiera escuchado a los gobernadores en ejercicio de su "pinche poder", sino que hasta hoy éstas sean las únicas conversaciones a las cuales los ciudadanos hayan tenido acceso.
De acuerdo con el "principio de máxima publicidad" plasmado en el artículo 6 de la Constitución, toda información sobre las actividades gubernamentales es pública a menos que ella figure de manera explícita en alguna causal de reserva. En las conversaciones grabadas y divulgadas en días pasados no hay nada que amerite estar reservado por la ley. Aquí no se ha puesto en riesgo la vida de ciudadano alguno, ni se ha afectado la seguridad nacional, la estabilidad financiera o económica del país. Tampoco se han revelado datos confidenciales de nadie. Las conversaciones son motivo de vergüenza y escándalo para sus protagonistas al quedar desnudados como posibles autores de delitos electorales. Pero, por fortuna, el deseo de encubrir violaciones a la ley aún no es una causal de reserva.
De acuerdo con el "principio de máxima publicidad" plasmado en el artículo 6 de la Constitución, toda información sobre las actividades gubernamentales es pública a menos que ella figure de manera explícita en alguna causal de reserva. En las conversaciones grabadas y divulgadas en días pasados no hay nada que amerite estar reservado por la ley. Aquí no se ha puesto en riesgo la vida de ciudadano alguno, ni se ha afectado la seguridad nacional, la estabilidad financiera o económica del país. Tampoco se han revelado datos confidenciales de nadie. Las conversaciones son motivo de vergüenza y escándalo para sus protagonistas al quedar desnudados como posibles autores de delitos electorales. Pero, por fortuna, el deseo de encubrir violaciones a la ley aún no es una causal de reserva.
A partir de la entrada en vigor de las diferentes leyes de transparencia los gobernantes han ido encontrando salidas de emergencia para incumplir la norma. Una de las más comunes ha sido la de reducir la "documentación" de sus decisiones públicas. En lugar de redactar memorándums o correos electrónicos, los políticos prefieren conversar por teléfono para no dejar rastros de sus acciones. En consecuencia, el índice de "inexistencia" de los documentos públicos ha aumentado año tras año.
Artículo completo disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48880.html
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